Opinion

Por un lado, pareciera que la redacción final del artículo 20 del reglamento no contempla más el absurdo imperativo de exigir a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, en todos los casos, que hicieran disponible a cualquier permisionario para la comercialización de servicios (revendedor), sus capacidades, funciones y servicios de manera inmediata, indiscriminada y sin chistar. Ahora, según se puede interpretar, se deja a la mera libertad contractual la existencia de una relación jurídica de ese tipo. Me parece por demás adecuado.

Sin embargo, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), al tiempo de expedir su dictamen final ante la SCT, ha dejado en claro, al igual que en su oportunidad lo hizo la Comisión Federal de Competencia (CFC), que rechaza la idea de que para algunos servicios de telecomunicaciones se puedan expedir permisos al día siguiente de la publicación del reglamento mientras que, para el caso de la telefonía fija, ello ocurra después de 24 meses mientras que, para el resto de los supuestos, los permisos para reventa se otorguen después del mes 13, por considerarla una barrera artificial y discriminatoria.

Asimismo, ha quedado atrás, al menos en el papel, el compromiso supuestamente asumido de excluir a la televisión restringida del nuevo marco reglamentario para las revendedoras. Nada en el proyecto final ni en el dictamen de Cofemer parecen confirmar dicha excepción.

El dictamen final de la Cofemer se ha emitido ya y es cuestión de trámite para que la Cofetel dicte las consecuentes modificaciones a las Reglas del Servicio de Larga Distancia. Empero, aquí también se espera la reacción en contra de la nueva modalidad por parte de las concesionarias de larga distancia.

Y es que, como lo he comentado en este mismo espacio, la tarifa que hoy paga el usuario del teléfono celular por recibir una llamada foránea, se le trasladará a quien realiza la conferencia (de ahí que se le conozca al esquema como "El que llama paga"), con lo cual la tarifa integrada para el cliente de larga distancia, se incrementará (servicio medido, más servicio de larga distancia, más minutos-aire del celular al que se llama).

Además, existe el temor fundado de que pueda generarse un pernicioso by-pass al usar las redes de telefonía móvil para ofrecer telefonía fija, lo que ha motivado la resistencia de las empresas de telefonía local frente al citado esquema.

Recuerde el lector que esa tarifa se redujo, a principios de año, de 1.90 a 1.71 pesos y que está programada una nueva reducción para el próximo año para llegar a 1.54 pesos y otra más, para 2007, con el fin de alcanzar el nivel de 1.39 pesos por minuto de interconexión.

Sin embargo y dado que con la introducción de "El que llama paga" nacional el costo para el cliente del servicio de larga distancia se incrementará como quedó asentado, las concesionarias que le ofrecen el servicio buscan abatir tales costos, por lo cual han emprendido esta nueva batalla legal.

Y es que una reducción abrupta en la tarifa de interconexión significaría, para las empresas de telefonía celular, una muy importante reducción en sus ingresos. Pero, hay que recordar también que una condición que establecieron la Cofemer y la CFC para apoyar la introducción de la referida modalidad "El que llama paga nacional" fue el que las tarifas de interconexión se revisaran para orientarse, necesariamente, a costos.

Es de esperar, pues, que el visitador rápidamente confirmará la procedencia del concurso y que, en términos de la ley de la materia, la SCT designará al conciliador por tratarse de una empresa concesionaria del gobierno federal.

Más allá de presiones mediáticas y políticas del exterior, lo cierto es que el concurso mercantil abre una nueva ventana de oportunidad para la inyección de dinero fresco a la empresa; el lanzamiento postergado del Satmex 6; la reestructuración de la deuda y una nueva eficiencia administrativa en esa compañía.

javierlozano@jlamx.com