Opinion

Haga memoria el lector, igualmente, del penoso episodio del folio 4456 registrado en la página de internet de la Cofetel, conforme al cual la tarifa de Telmex para las llamadas desde un teléfono fijo a uno móvil (El que llama paga) quedaba en 2.03 pesos por minuto, según publicación del 22 de noviembre de 2004 y que, otra vez, literalmente, desapareció el primer fin de semana de diciembre sin que mediara el menor anuncio o explicación por parte de la autoridad.

Sabemos, también, cómo acabó la historia. Tímidamente, la Cofetel publicó, a principios de este año, que la tarifa por esa modalidad se reducía de 2.50 pesos por minuto a 2.25 y no a 2.03 pesos. Y punto.

Pues nuevamente, la SCT nos receta una clara muestra de la forma caprichosa con que maneja sus anteproyectos y de su transformación del discurso de la transparencia en una verdadera pantomima.

Note el lector que, en la versión del 29 de abril de los formularios de manifestación de impacto regulatorio (MIR) presentado por la SCT ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por lo que hace al Reglamento para la comercialización de servicios de telecomunicaciones (el Reglamento), se establecía que el documento obedecía a una obligación específica establecida en ley y que, asimismo, cumplía con un compromiso internacional, derivado de aquel acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

Pues resulta que, al revisar nuevamente la MIR de fecha 17 de mayo pasado, no aparece más la justificación de la supuesta obligación legal de expedir el Reglamento ni, mucho menos, el compromiso internacional antes aludido. ¿Cambió el razonamiento? ¿La motivación es ahora distinta? ¿Miedo a los amparos?

Pero lo que sí trascendió, gracias a una "inteligente" filtración por parte de la SCT a un colega y amigo columnista, es que el nuevo anteproyecto ya no comprenderá los servicios de televisión de paga pero que mantendrá la aberrante obligación, por parte de los concesionarios, de "permitir la comercialización de los servicios de telecomunicaciones que presten a través de sus redes públicas de telecomunicaciones".

En suma. De fondo, se está a punto de adoptar una reglamentación que le quita a los concesionarios lo suyo, por decreto, para entregárselo a quienes, sin más, y sin limitación en cuanto a inversión extranjera, podrán ofrecer al público consumidor lo mismo pero sin las inversiones ni los gastos que ello implica. De forma, mediante negociaciones en lo oscurito, quitando y poniendo argumentos para justificar su necedad y eximiendo de la obligación a industrias "amigas" para que ya no haya más ruido en los medios, el Reglamento sigue, y va.

Ah, y en el colmo del absurdo, argumenta la Cofetel que la agencia comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), está "totalmente de acuerdo" con el contenido del anteproyecto. ¡Pues claro que lo está! Si le están entregando, en charola de plata mucho más de lo que le tocaba y esperaba para sus paisanos mientras, aquí y como ya comentaré, la lista de pendientes es interminable.

Es momento de poner en claro varias cosas. No procede la revocación de la concesión por el movimiento de huelga pues la misma está tutelada por el artículo 123, apartado A de la Constitución y por la Ley Federal del Trabajo. Es así que no se estaría en la causal de revocación prevista en el artículo 31, fracción V de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) pues se trata, evidentemente, de una causa más que justificada para suspender los servicios de la estación difusora.

No procede, tampoco, la requisa de la estación, pues ni la ley de la materia prevé esta figura ni, tampoco, se está frente a un servicio público. Más bien, en términos del artículo cuarto de la LFRT, "la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público".

Es de esperar, empero, que más de uno piense (y anhele) que son ya muchas las razones que debieran orillar al Estado a retirar la concesión a TVE.

Lo cierto es que ha llegado el momento de que esta concesionaria toque fondo, asuma sus responsabilidades legales, laborales, financieras y crediticias como una verdadera empresa y devuelva a su público televidente lo mejor de su programación.

Y quien le entre al quite de la administración y control de TVE (Canal 40) debe recordar que es mera cuestión de tiempo el ejercicio de la opción de compra, por parte de Televisión Azteca, de 51% de las acciones de la concesionaria.

javierlozano@jlamx.com / www.idet.org.mx