nubes
Los avatares de la comunicación
Lunes 16 de mayo de 2005
La libertad de expresión y la transparencia se presume desde el oficialismo pero, a la vez, se regatea. El juego de palabras enrarece el clima político y el resultado es desastroso: el inversionista duda y la población ya no entiende qué está pasando
La semana pasada apunté que la mayoría de las industrias organizadas en el sector de las telecomunicaciones habían enviado al secretario del ramo, Pedro Cerisola, una misiva, el 26 de abril, para expresar "nuestra profunda preocupación" por el anteproyecto de reglamento de comercializadoras que se pretende expedir.
De la oscuridad de la preparación del documento y de la ignorancia de sus fundamentos la autoridad pasó, ahora, a la desatención de las quejas de los industriales.
En reunión celebrada el pasado lunes en la Subsecretaría de Comunicaciones y a la que asistieron los representantes de las cámaras y asociaciones de telecomunicaciones, televisión por cable y trunking, el subsecretario Álvarez Hoth, acompañado por el presidente de la Cofetel, Jorge Arredondo, y la autora material del anteproyecto y comisionada jurídica del regulador, Clara Luz Álvarez, escucharon las preocupaciones pero no cedieron. Para ellos, su anteproyecto es impecable, tiene fundamentos y lógica. Va para adelante pues. Ah, pero eso sí, "ni una palabra en los medios, por favor. No queremos que el asunto se ventile".
Y es que obligar a los concesionarios a ceder su infraestructura, capacidad y servicios, sobre bases no discriminatorias a cualquier permisionario que simplemente lo solicite, es un despropósito e incongruente con las razones de la apertura a la inversión y a la competencia en México.
El reglamento, así, no pasará y gracias a la legislación en materia de transparencia y de mejora regulatoria, y a la libertad de expresión y de prensa, por supuesto que el asunto seguirá ventilándose públicamente.
Lo que aquí se condena afuera se reconoce. Un reglamento y un decreto presidencial que el 10 de octubre de 2002 mereció agrias críticas de quienes, dos meses después, prepararían el supuesto proyecto ciudadano que encarnó en iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión bajo la tutela del senador Javier Corral y cuyo destino ya conocemos, hoy merecen el reconocimiento de la agrupación de radiodifusores y televisoras más importante de la región.
En efecto. Esta noche, en Toronto, Bernardo Gómez recibirá por parte de la NABA (North American Broadcasters Association), el Premio al Mérito Internacional que, año con año, otorga esa congregación a quien es considerado como el personaje más destacado en el cumplimiento de los fines y defensor de los principios que animaron la constitución de dicha asociación en 1972.
Así, la NABA reconoce que Bernardo (el galardonado más joven) como presidente de la CIRT en la época en que se expidieron ambos instrumentos reglamentarios, tuvo un papel relevante en dar fin al discrecional manejo de los tiempos oficiales del famoso 12.5% de la programación para cambiarlo por una fórmula cierta; en la remoción del contenido de los títulos de concesión de cualquier condición que amenazara la libertad de expresión, así como en la confección homogénea de títulos de concesión; en hacer efectivo el derecho de réplica y en la incorporación de la sociedad civil al Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Confundido por tratar de exhibir a diario las miserias del populismo, ahora el presidente Fox arremetió contra el rescate carretero y señaló, que junto con el Fobaproa son una herencia costosa, una onerosa carga para los mexicanos y, desde luego, para el presupuesto federal.
Quienes se encargan de prepararle los discursos al Presidente o quienes le hablan al oído, debieran actuar con mayor seriedad y responsabilidad para no enredar más al primer mandatario ni a la población en general.
El rescate de 23 concesiones, decretado en agosto de 1997 no implicó entonces, ni supone ahora, ni nos llevará en el futuro, a nada cercano al desembolso presupuestal para pagar deudas por esos proyectos carreteros. Con el rescate, el Estado reasumió la operación de las carreteras y puso el manejo de los peajes en un fideicomiso en Banobras. La deuda, reestructurada a 30 años, se paga puntualmente con las cuotas que, por cierto, bajaron con motivo del rescate. Ello permitió que más gente utilizara las autopistas para, así, con aforos superiores generar ingresos también crecientes. Más aún. Se estima que la deuda será liquidada al año 22 y no hasta el trigésimo, como está documentada. Y eso se hará, insisto, con el producto de las cuotas y no con recursos presupuestales. A los inversionistas no se les dio un clavo y las carreteras ahí siguen. ¿Está claro?
El secretario de Gobernación vuelve a la carga y le contesta fuerte al embajador Tony Garza, por sus declaraciones recientes en el foro Hemispheria, celebrado en Monterrey.
Además de que lo dicho por Garza es estrictamente cierto, ya vimos lo que le cuesta al país que su ministro del interior ande asumiendo posiciones que son atribución exclusiva del canciller.
La promulgación de la Ley Antiinmigrante en Estados Unidos tiene, sin duda, una buena dosis de respuesta a las valentonadas verbales de Creel quien, previo baile de danzón en Bucareli, supone que, con ese tono, cambiará la percepción pública que sobre él se tiene en el manejo de los asuntos espinosos del país. ¿Remember Atenco?
Y el que López Obrador use relojes caros o trajes de marca nos debe tener sin cuidado. Está en su derecho. El problema es que cuando se es farsante y se presume de una austeridad republicana que luego es encuerada como vulgar simulación, el discurso se cae. Y la honestidad valiente también.
javierlozano@jlamx.com
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