Opinion

Desde luego que la distensión es bienvenida, pero su costo es altísimo. Es fácil imaginar cuáles fueron las causas que orillaron al presidente Vicente Fox a tomar la difícil decisión de dar marcha atrás en su aventura política por dejar fuera de la contienda electoral del 2006 a AMLO: el círculo rojo, las encuestas de opinión pública, la implacable prensa internacional, la marcha de aquel domingo, la negativa del juez de aceptar el expediente de la PGR. El juicio de la historia también.

Como dice René Delgado, las decisiones de Estado no dejan contentos a todos pero son necesarias. Fox tomó su decisión ante la inminencia de la ruptura más que como un gesto audaz y espontáneo. Era evidente ya que su imagen internacional se tambaleaba, su popularidad interior iba a la baja, su equipo se desbalagaba y su rival crecía de a gratis.

La solución propuesta para la distensión no es mucho mejor. Y es que tan lamentable fue construir un caso jurídico para condenar a AMLO con fines políticos como lo es, ahora, el armar un nuevo caso jurídico vestido de reforma constitucional con dedicatoria personal para librarlo del proceso en el cual estaba ya encarrilado.

Sacrificar al general Macedo de la Concha para redimir las fallas de la aventura es un despropósito. El expediente jurídico-procesal estaba vivo y viable. Difícil, en cambio, será sustituir la eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico de Macedo de la Concha, con la experiencia notarial del abogado guanajuantense Cabeza de Vaca.

Total que, a la antigüita, el Presidente optó por sacrificar al bueno para cuidar a su delfín y verdadero responsable de tan penoso episodio. Dígalo si no la declaración de ese gran comunicador social llamado Rubén Aguilar, quien, desde su posición de vocero de la Presidencia de la República anticipa y arropa ya la próxima salida del secretario de Gobernación, Santiago Creel, para contender en el proceso interno "de su partido".

Nadie podría estar en contra de que Creel deje el despacho de Bucareli lo antes posible. Pero su dimisión no debe obedecer a la intentona del ministro por hacer realidad su anhelo de alcanzar la primera magistratura del país, sino por la ineptitud mostrada en el caso del desafuero de AMLO y de su gestión en general.

Como si fuéramos amnésicos, se nos trata ahora de vender la tesis de que Santiago Creel era un conciliador y que siempre apostó por la salida política. "La ley es la ley"; "que sea hombrecito (AMLO) y que enfrente el proceso judicial"; los spots oficiales y los oficiosos transmitidos en radio y televisión sobre la cultura de la legalidad, y muchos etcéteras dan cuenta de que él mismo diseñó y ejecutó la estrategia de choque, hoy acreditada como errónea.

Uno se pregunta, en serio, si alguna vez leyó Santiago Creel el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ese precepto se refiere a las facultades que competen a su despacho, sin perjuicio de la atribución metaconstitucional que significa el fungir, en la práctica, como jefe de gabinete.

Le falló al PRI en su pacto político; le falló a los diputados con quienes acordó el desafuero; le falló al Presidente de la República y, peor aún, le falló a la misma República por cuidar su imagen en exceso y por descuidar, también en exceso, su responsabilidad.

El caso semanal de Luis Ernesto Derbez no es menor. Primero, siendo consultor del Banco Mundial, quiso ser secretario de Hacienda. No le alcanzó. Promovió el cambió de nombre a la Secofi para convertirla en la Secretaría de Economía y no verse tan mal. Luego, desde Relaciones Exteriores intentó ser candidato del PAN a la Presidencia, y nadie lo tomó en serio. Y entonces emprendió (¿para qué?) la búsqueda de la Secretaría General de la OEA, con los resultados ya conocidos. Regresa a su despacho precedido de tibia respuesta a Fidel Castro, quien pidió la renuncia de su patrón. Y, en medio de todo, permitió que Manuel Camacho le comiera el mandado en la prensa internacional por el caso de AMLO mientras él cabildeaba, en Tegucigalpa, su sueño regional.

Y otra que le compete a la Secretaría de Gobernación es el escandaloso episodio vivido la semana pasada entre las televisoras nacionales y derivado del conflicto entre TV Azteca y las autoridades financieras. Durante varias semanas se vino gestando ese diferendo y Gobernación lo sabía. No actuó, la dejó pasar. Cuando todo estalló, dejó correr la especie de que las concesiones de TV Azteca estaban en peligro de ser revocadas, hipótesis irresponsable basada en un hecho que no tendría sustento legal alguno en la Ley Federal de Radio y Televisión, ni en su reglamentación ni en los respectivos títulos de concesión. Y ello contribuyó, naturalmente, a que la acción de la emisora cayera.

Finalmente, el pleito abierto y público entre la Comisión Federal de Competencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por diversos temas del sector de las telecomunicaciones, agudizó en la semana y amenaza en convertirse en un nuevo y explosivo caso que ya comentaré.

Los costos de la juerga política los terminará pagando Vicente Fox Quesada. Y su gabinetazo tan campante.

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