Opinion

Se trata de una propuesta por demás relevante que tiene por objeto profesionalizar las líneas de mando de los reguladores; independizarlos de coyunturas o decisiones políticas; asegurar la continuidad en las políticas públicas y en el ejercicio de la promoción, regulación y supervisión de las actividades sectoriales correspondientes; blindar a estas agencias contra tentaciones de amiguismos o componendas para colocar gente incapaz o corrupta y, asegurar el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo de comisionado.

No se trata de novedad alguna. Ya el artículo 76, en su fracción II, establece que corresponde al Senado ratificar el nombramiento del procurador general de la República, de los ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales.

De prosperar esta reforma y de cara a lo que, eventualmente, podría ser el reforzamiento de la Cofetel como agencia regulatoria para los temas de telecomunicaciones y de radio y televisión también, estaríamos hablando de un esquema cercano al parlamentarismo eficiente que tanto bien podría hacer a la vida política de nuestro país.

Transexenalidad, inamovilidad y decisiones colegiadas, con nombramientos pasados por el tamiz del legislativo, harán de nuestros reguladores órganos serios, profesionales e independientes en su actuación. No es necesario, pues, ciudadanizarlo todo o hacer órganos autónomos constitucionales para cualquier actividad económica. Para eso tenemos gobierno y, particularmente, los temas vinculados al desarrollo económico, su promoción, regulación y supervisión deben ser atendidos por el gobierno en turno.

Entiendo perfectamente la frustración de tantos por la pésima conducta de la mal llamada clase política pero eso no debe confundir fines con medios. Lo que hemos de reforzar es a nuestras instituciones y, si lo que falla son las personas al frente de las mismas, pugnemos por su remoción. Pero no es a través del denuesto institucional como lograremos ser un país más competitivo y maduro.

Lo anterior no implica abdicación alguna al necesario tema de rendir cuentas en tiempo y forma. Por el contrario. Al establecer dicho mecanismo de selección de los comisionados se crean, automáticamente, esquemas de balance y transparencia. Así, no tendríamos casos como el de Clara Luz Álvarez González de Castilla, comisionada del área general jurídica de la Cofetel, que fue designada sin cumplir con los requisitos que establece el Decreto de Creación de la Comisión, ni se toleraría el que un presidente como Jorge Arredondo, del mismo organismo, no haya elaborado ni publicado informe anual de labores alguno en tres años de gestión, a pesar de ser, también, una obligación derivada del decreto presidencial referido.

Conexxion XXI es una empresa que obtuvo concesión desde noviembre de 2003. En abril del año pasado solicitó, formalmente, la interconexión correspondiente a Telmex.

Para que el lector comprenda a cabalidad de qué estamos hablando, hay que recordar que la interconexión permite, a su vez, la interoperabilidad de las redes. En pocas palabras: la interconexión es la que facilita que un usuario de una compañía telefónica pueda hablarse con el usuario de otra. Y esa es, precisamente, la obligación básica, fundamental y esencial para siquiera concebir las telecomunicaciones como hoy las conocemos.

Pues a pesar de que la Ley Federal de Telecomunicaciones establece dicha obligación, a partir de un convenio que no puede tomar más de 60 días naturales en su definición y formalización, Telmex no ha accedido a interconectarse con Conexxion XXI.

Las razones que aduce la peticionaria son por demás preocupantes. Estaríamos hablando de condiciones impuestas por la dominante en cuanto a disputas y litigios que sostienen ambas compañías por un tema de tarifas de interconexión con la red de larga distancia Marcatel, lo cual parecería arbitrario y discriminatorio.

Ya el tema está en manos de la Cofetel, desde enero de este año. Tiene la Comisión 60 días para resolver sobre el diferendo. Lo cierto es que los casos de interconexión no resuelta se acumulan y las inversiones se ahuyentan. No hay razón, a estas alturas del partido, para que Telmex argumente imposibilidad técnica o económica para no acceder a la interconexión con nuevos entrantes. Y no hay razón, tampoco, para que la Cofetel no resuelva, en tiempo y forma, estas indefiniciones.

javierlozano@jlamx.com / www.idet.org.mx