Opinion

Hace muchos años que México optó por el camino de la liberalización de los mercados y su integración al mundo global. Somos el país con más tratados internacionales de libre comercio, participamos del mercado más grande del orbe (TLCAN) y, sin embargo, nuestra regulación en diversas materias sigue siendo anacrónica, cerrada y terca.

¿Cómo explicar que tengamos apertura plena en la mayoría de los sectores de la economía, pero sigamos con monopolios estatales en energía e hidrocarburos? ¿Cómo interpretar un artículo 28 constitucional que mantiene al correo, los telégrafos y la radiotelegrafía como áreas estratégicas reservadas al Estado, en medio de una absoluta simulación donde las empresas de paquetería y mensajería han descremado al mercado postal y donde nadie sabe qué demonios es la radiotelegrafía?

Y hablando de inversión privada, nótese cómo es que el régimen que aplica a la inversión extranjera se convierte, también, en un desbarajuste que no tiene parangón. Mientras la regla general es la de que la inversión extranjera directa no rebase 49% en las telecomunicaciones, la excepción existe para la telefonía celular, que puede albergar 100% de inversión foránea, previa opinión de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Y no obstante que ésa es, por su naturaleza, una comunicación inalámbrica, no aplica el mismo criterio para la telefonía fija sin cables, pues ahí se regresa a la regla de 49%. Ah, pero para televisión abierta, la ley establece que no podrá haber, en lo absoluto, inversión extranjera y sí en cambio para la televisión de paga, donde se vale que llegue hasta el límite de 49%. Y los servicios de valor agregado, como internet, sí pueden recibir hasta 100% de inversión extranjera directa, aunque les está prohibido transmitir voz, es decir, telefonía.

Pero el colmo de la simulación, en este tema de la inversión extranjera, lo tenemos al constatar que la misma ley permite la llamada inversión neutra, es decir, aquella sujeta a límites en cuanto a sus derechos corporativos (de voto) pero que resulta cómoda y amplia en sus derechos patrimoniales. Con la fórmula de la inversión neutra pues, los extranjeros se meten hoy hasta en 90% de la inversión total de una empresa de telecomunicaciones y se carcajean de los límites artificiales impuestos por la ley sustantiva.

En ese tenor se inscribe, también, la falta de verdaderos instrumentos que promuevan la inversión privada en el sector de las telecomunicaciones de México.

Recuerde que el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones reza: "La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones?", siendo que el artículo undécimo transitorio de la misma señala que el órgano regulador de la SCT o sea, la Cofetel ha de contar con la autonomía técnica y operativa, y con la organización y facultades necesarias para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país.

Todo lo anterior, que a primera vista podría parecer discursivo y de cuestionable invocación, no es otra cosa más que un verdadero mandato para fomentar la competencia, la cobertura social, más y mejores tecnologías y servicios y, desde luego, mejores tarifas al público. Y todo ello, naturalmente, está ligado a las inversiones.

Al inversionista hay que tratarlo como un invitado distinguido y no hacerlo sentir como si se le concediera una gracia. Su aventura con el país, sea un inversionista nacional o extranjero, debe estar acompañada de un mínimo de certidumbre jurídica y de congruencia entre lo que se promete, se dice y se hace por parte del gobierno.

¿No le dio pena al presidente Fox estar en España con los directivos de Telefónica y escuchar de sus planes de inversión en México, en medio del peor de los ridículos que hemos hecho como país con la licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico para telefonía móvil? ¿Acaso alguien le platicó al Presidente la manera tan torpe en que se diseño, inició y se dejó desmoronar ese proceso?

Así, después de cinco años de espera, finalmente se emprende una licitación para hacer disponible un recurso que es de la nación y no de la SCT, como lo es el espectro radioeléctrico, ante la insistente petición de empresas e inversionistas. Y, sin embargo, algo así como cinco amparos interpuestos han logrado conseguir sendas suspensiones definitivas para impedir que el proceso llegue a buen término, habiendo desquiciado el sistema de subasta ascendente y reflejando la gris estampa del burócrata que lamenta su destino con un mero y timorato argumento de que su tarea se ha interrumpido por mandato judicial.

Los amparos siempre existirán pero la negociación política y, más aún, la defensa en tribunales de ese concepto llamado interés público, para evitar que suspendan desde los tribunales procesos administrativos, deben ser parte del herramental del regulador para hacer que las cosas ocurran. Pero no. Aquí se cobija la impericia con el falso manto del respeto a una legalidad que ni siquiera tendría que haberse hecho presente en licitaciones de este tipo y que, en todo caso, bien se podría resolver en otro sentido.

Ni hablar. Promoción e interés público son ya, tristemente, conceptos olvidados.

javierlozano@jlamx.com / www.idet.org.mx