Opinion

Parece mentira pero en los primeros cinco días del año la Cofetel ha emitido dos boletines de prensa para anunciar nuevas medidas relacionadas con la telefonía. Esta cifra récord nos da cuenta de que, en lo que va del año, el órgano regulador de las telecomunicaciones ya alcanzó 33% del número de comunicados oficiales (6) emitidos en 2004. Vaya arranque.

El primero de sus boletines, del 3 de enero, informa que la tarifa aplicable para las llamadas desde un teléfono fijo hacia uno móvil bajo la modalidad "El que llama paga" será, a partir del 1 de enero de este año, de 2.25 pesos por minuto; que en 2006 será de 2.03 y que, para 2007 llegará a 1.82 pesos por cada minuto.

Lo que no nos dice es por qué la tarifa de 2.03 pesos por minuto, que estaba vigente bajo el folio 4456 desde el 22 de noviembre, por el mismo concepto, desapareció para dar entrada a un precio superior por minuto (2.25 pesos).

Nada nos dicen, tampoco, de las razones que tienen para llevar esa reducción paulatina de 10% anual respecto del precio al público en los tres próximos años. Más aún, nada justifica que permitan esa disminución paulatina a Telmex por concepto de facturación y cobranza cuando dicha empresa cobra por el servicio Lada 100 tan sólo 50 centavos por cada minuto de larga distancia, incluida su facturación y cobranza, mientras que aquí seguirá cobrando, a partir de este año, 54 centavos por minuto, sólo por facturar y cobrar las llamadas a celulares. Todo indica pues que el usuario no tiene mayor relevancia para la autoridad pues, por lo visto, el tema ha pasado de noche por el escritorio del procurador federal del Consumidor.

Por cuanto hace a la orden de que las compañías telefónicas implementen un sistema para advertir al usuario que está incurriendo en una llamada cuando se deja mensaje en el buzón, cabe señalar que, no obstante que es una medida, el propio regulador reconoce, en el boletín del 5 de enero, que desde 1999 se impuso la obligación a cargo de las telefónicas móviles para advertir al usuario de que, después de determinado tono, procedería el cobro de la llamada. Esto es, para fines, prácticos, la autoridad reconoce que tuvieron que pasar cinco años para que procediera a la exigencia ante las empresas involucradas.

En el expediente de mérito consta ya lo que temíamos: la dirección IP desde la cual se emitieron los correos electrónicos intimidatorios y difamatorios del ingeniero (a) Meza (207.248.168.23) está asignada a la Cofetel. Y el caso va.

En lugar de crear nueva burocracia, sería más fácil aprovechar el viaje para fortalecer a la Cofetel y, además, agregarle las facultades de radio y televisión, como ocurre, por ejemplo, en Gran Bretaña y en Estados Unidos.

Por si fuera poco, los redactores de la iniciativa agregaron un título especial para la convergencia tecnológica conforme a la cual todo servicio de telecomunicaciones que utilice frecuencias de radio o televisión debe también pasar por el tamiz de su Consejo Nacional. Claro, siempre y cuando esos servicios, aunque se trate de transmisión de datos, se apeguen a los objetivos sociales de la radiodifusión. En pocas palabras, resultó peor el remedio que la enfermedad.

Por cierto, en sus transitorios, plantean desaparecer a la RTC, sin considerar que, la misma, se ocupa de los temas de cine que la ley propuesta no prevé. ¿Alguna explicación?

javierlozano@jlamx.com / www.idet.org.mx