Opinion

Lo lamentable de todo este reciente debate es que se ha querido segmentar a los actores del melodrama entre "los buenos mexicanos" y "los malos de siempre". Y es que, para los autores de la iniciativa y los seudo especialistas que la apoyan ciegamente, la imperiosa necesidad de modernizar la ley federal de la materia atraviesa, necesariamente, por la aprobación de "esa" iniciativa, a pesar de que su formulación adolezca de cualquier cantidad de yerros.

No acaban de entender quienes nos descalifican por criticar el proyecto que todos estamos de acuerdo en que haya una nueva ley de radio y televisión en México, lo cual no significa que necesariamente debamos coincidir con la iniciativa en comento.

Uno de los casos que, como ejemplo, expone el señor Raúl Trejo Delarbre, desinteresado y enterado defensor de la iniciativa, para supuestamente evidenciar la perversa alianza del Poder Ejecutivo con la industria de la radiodifusión lo expresa en uno de sus muchos dichos públicos según el cual "sin aviso previo y sin informar a la sociedad, el gobierno federal renovó en agosto y septiembre pasados 393 concesiones en beneficio de Televisión Azteca y Televisa". Y agrega que "el pretexto fue el inicio del proceso para que la televisión mexicana avance hacia el formato de transmisión digital". Ah, y el investigador remata diciendo que "esa decisión habría pasado inadvertida de no ser por la información que publicó el especialista Fernando Mejía Barquera en la edición de noviembre de la revista Etcétera".

Lo que ignora el señor Trejo es que 1) el Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico y se establece la política para la transición de la televisión analógica a la televisión digital en nuestro país, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 2 de julio pasado; 2) dicho Acuerdo estuvo expuesto en las páginas electrónicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el 14 de abril del 2004, y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por, cuando menos, 30 días hábiles, en términos del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a fin de que los interesados pudieran conocer y opinar al respecto; 3) esa noticia fue ampliamente comentada en diversos medios escritos y electrónicos, y en este mismo espacio el 5 de julio pasado, en mi diverso intitulado "La televisión digital", incluido el dato de la renovación de concesiones hasta por 18 años; 4) en reunión oficial con senadores de la Comisión de Comunicaciones y Transportes el Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la SCT, Jorge Rodríguez Castañeda, explicó a detalle el contenido de la nueva política pública; y, 5) en todo el mundo la migración de la televisión analógica a la digital requiere de un proceso de transición mediante la asignación de canales "espejo" que permitan la transmisión simultánea, en ambas tecnologías, sin que ello implique cambios en la programación entre una y otra ni, mucho menos, la comercialización diferenciada de los espacios publicitarios.

Así pues, como se puede ver, ni madruguete, ni acuerdos en lo oscurito, ni hallazgos sorprendentes en revistas especializadas. Simplemente, el investigador Trejo no investigó y, ahora, dramatiza ante sus lectores al afirmar que "por eso a nadie sorprendió la iniciativa para crear una nueva Ley Federal de Radio y Televisión". Total que, si de estos ejemplos se sirven los "expertos" para justificar el nacimiento de una nueva ley, pareciera entonces que las causas de la intentona no están en su lugar.

Llama también la atención en la iniciativa de ley el relativo al órgano regulador que se propone, denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión. En el último proyecto de dictamen se dice que se trata de "un órgano descentralizado con autonomía legal adscrito a la Administración Pública Federal encargado de regular el servicio de radio y televisión. No será sectorizado en los términos de la ley en la materia?".

Sepan los autores de la iniciativa y sus defensores oficiosos que, en este país, en términos de la Constitución, de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sólo existen los órganos desconcentrados o los organismos descentralizados, pero no los órganos descentralizados. Los primeros son parte integrante de las secretarías de Estado y, los segundos, aún gozando de personalidad jurídica y patrimonio propios, necesariamente están sectorizados y coordinados por alguna de las dependencias del Ejecutivo Federal. Lo que definitivamente no existe en nuestro derecho administrativo es ese bodrio propuesto como órgano descentralizado de la administración pública federal que, además, pretende no estar sectorizado ni controlado por nadie.

Total que se hicieron bolas al proponer la creación de ese órgano colegiado, de todo lo cual surgen dos preguntas: ¿no sería mejor adecuar a la Cofetel para que se encargue de ese trabajo? O es que los oficiales y los oficiosos andan buscando nueva chamba.