nubes
El regreso de la censura
Lunes 29 de noviembre de 2004
Es una lástima que la necesaria reforma a la legislación federal en materia de radio y televisión se haya convertido en un botín político que esconde fobias, oportunismo y el ánimo de censura de sus promotores
Nadie duda de la necesidad de actualizar el marco normativo que rige a la radiodifusión en nuestro país. De hecho, se antoja inexplicable el que la Ley Federal de Radio y Televisión en vigor haya sido expedida desde 1960 sin que hayamos sido capaces de adoptar un nuevo ordenamiento que reconozca los asombrosos avances tecnológicos y democráticos que hoy caracterizan el contexto global. Sin embargo, no creo que el asunto se esté tomando con la seriedad, la objetividad y el rigor que requiere un proyecto de tal relevancia.
De una lectura cuidadosa del documento que, en estos momentos, está siendo analizado para su eventual dictamen por parte de las comisiones correspondientes del Senado de la República y su ulterior votación en el pleno, claramente aparecen graves errores de fondo y forma que ameritan una severa crítica.
De entrada, si los señores senadores impulsores de la nueva ley se tomaran la molestia de leer la iniciativa en comento caerían fácilmente en cuenta de los muchos yerros contenidos en cuanto a su redacción, semántica, referencias cruzadas y hasta en su ortografía. Es decir, el redactor del proyecto no es el mismo que su autor intelectual. Y si lo es, pues qué vergüenza.
Pero vayamos al fondo. La iniciativa presentada originalmente por los senadores Raymundo Cárdenas (PRD) y Javier Corral (PAN) a nombre de otros 64 colegas suyos, tuvo como origen una mesa instalada desde marzo del 2001, en la que participaron todo tipo de actores relacionados con el tema: autoridades, legisladores, partidos políticos, académicos, concesionarios, permisionarios y organizaciones civiles. Luego de 65 reuniones, la mesa concluyó un documento "orientador" para la reforma, en noviembre del 2001 y, después, algunos de sus integrantes se sintieron agraviados por los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal el 10 de octubre del 2002 en los que se dictó un nuevo reglamento de la ley y se eliminó el famoso 12.5% de tiempos fiscales. La iniciativa que hoy está a discusión vino poco más adelante, es decir, el 12 de diciembre del 2002.
De ahí que, como el lector podrá imaginar, buena parte del contenido de la iniciativa de ley descansa en la fobia, en el rencor y en el oportunismo de sus promotores. Sólo así se explica que propongan nuevas instancias burocráticas como lo sería el Consejo Nacional de Radio y Televisión (el Consejo); que su integración sea tan ineficiente y caprichosa; que se confundan tanto los tramos de control con otras autoridades federales; que las concesiones pretendan otorgarse por plazos tan reducidos y mediante procesos de licitación tan caprichosos; que confundan figuras fiscales como la de los derechos con los aprovechamientos; que arbitrariamente pretendan ponerle el valor a las frecuencias del espectro radioeléctrico; que eliminen la inversión extranjera neutra, y que pretendan darle un trato preferencial a los "pueblos y comunidades indígenas".
Esa fobia, también, explica el que increíblemente incorporen a la televisión de paga en su ambición controladora de contenidos, concesiones y comercialización; que reproduzcan la subjetividad y ambigüedad de la ley vigente sobre los contenidos de la programación; que ya ni anuncios de cerveza puedan transmitirse en un partido de futbol; que se pretenda dar marcha atrás, aún en contra del principio de la no retroactividad de la ley, al acuerdo sobre nuevas tecnologías digitales adoptado en el año 2000; que sólo el IFE pueda contratar los espacios para la transmisión de propaganda electoral y no más los partidos políticos; que no haya un mecanismo transitorio para atender las solicitudes de concesión o permiso en trámite; y que, en fin, se obligue a contratar parte de la programación de productores independientes a quienes, por cierto, se les haría un fondo nacional para apoyarlo con recursos presupuestales.
Cada una de las anteriores críticas es susceptible de ser desarrollada con toda precisión y fundamento legal. De hecho, en próximas entregas y, por separado, haré llegar mi punto de vista a los legisladores que, tan afanosa y desinteresadamente, están empujando esta iniciativa para que sea aprobada en el periodo ordinario de sesiones que corre. Empero, no dejo aquí de subrayar el ánimo de censura que impregna dicho documento, donde el Consejo se convierte en una autoridad de "notables", aparentemente apartados de todo interés económico o político y que, químicamente puros, sabrán decidir quién puede y quién no ser concesionario, y cómo calificar si la programación de la radio, la televisión y hasta la televisión de paga están a la altura del México que ellos, y nadie más, alcanza a ver.
Cuando parecía que habíamos perdido toda capacidad de asombro ante los cotidianos acontecimientos y escándalos nacionales, llegó el linchamiento de tres agentes de la PFP en Tláhuac, con escenas dantescas que le dieron la vuelta al mundo y que nos presenta como un auténtico país de barbarie. Tan lastimoso fue constatar ese hecho en plena televisión nacional como las estúpidas reacciones de las autoridades (in)competentes del gobierno federal y del capitalino ante tal desgracia. Sólo para su información y por aquello del cobarde deslinde de responsabilidades que han emprendido, sepan que, conforme al cuarto párrafo del artículo 16 constitucional, "en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la mismo prontitud, a la del Ministerio Público".
avierlozano@jlamx.com / www.idet.org.mx
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