Opinion

De ahí que casos tan absurdos como el de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) sigan teniendo un trato considerado por parte de la Cámara de Diputados, a pesar de sus magros resultados.

Aquí van unos ejemplos que ilustran lo dicho: la Cofetel recibirá, según el proyecto de presupuesto del próximo año, la friolera de 357.2 millones de pesos. Prácticamente todo ese gasto se destina al pago de servicios personales, o sea, al sueldo de funcionarios y empleados que, en teoría, debieran desquitar esos emolumentos con el mero cumplimiento del programa de trabajo que les ha planteado su cabeza de sector, es decir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Empero, una somera comparación de las decisiones y resoluciones tomadas a lo largo de los ocho años de existencia de la Comisión dan cuenta de la notable disminución en el ritmo de actividad en los últimos tiempos, a pesar de la creciente agenda de asuntos pendientes que reclama la industria y el consumidor.

De ahí que no es de sorprender el dato con que se ufanan algunos que pretenden defender la pasmosa marcha de este organismo en el sentido de que ahora hay muchos menos amparos que antes contra la Cofetel. Y sí, claro está que hay muchos menos amparos en la actualidad porque las decisiones son, también, muchas menos que antes. Es decir, en pocas palabras: se acabó la materia contra la cual ampararse.

El colmo de la paradoja del gasto para la Cofetel es en el área de licitaciones de espectro. Se trata de una dirección general cuya misión es, precisamente, hacer accesible la entrada de nuevos jugadores a los mercados de comunicación inalámbrica o permitir la expansión de los existentes en tales mercados. Tan sólo esa área ha requerido de 25.2 millones de pesos entre 2001 y 2004, sin haber llevado a cabo una sola licitación hasta la fecha. Cierto es que, recientemente, dieron inicio un par de procesos, los cuales no han estado exentos de cuestionamientos e inconformidades.

Véase el caso del Fondo de Cobertura Social al que tantas veces nos hemos referido. Hace ya tres años que se aprobó en la Cámara de Diputados la nada despreciable partida especial de 750 millones de pesos para la creación de dicho fondo. Esa fue una idea que impulsó el entonces diputado federal del PAN, Emilio Goicoechea, hoy secretario particular del presidente Vicente Fox, para mitigar el predecible efecto que produciría la creación de aquel impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones (IEPS). Pues resulta que, a la fecha, no se ha aplicado un sólo centavo del fideicomiso creado para tal propósito. Claro, la buena noticia es que ahora el fondo es mayor porque se le han sumado los intereses generados en estos tres años.

Pero, además, cómo podemos saber qué es lo que realmente hace la Cofetel si al presidente del organismo no le apura presentar un informe, tal y como lo señala el artículo quinto, fracción V, del Decreto de Creación de la Cofetel, mismo que dice: "Corresponde al presidente de la Comisión el ejercicio de las siguientes facultades? expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión, que incluya los resultados de sus acciones en materia de telecomunicaciones, y los criterios que al efecto se hubieren aplicado".

El presidente Jorge Arredondo no ha expedido ni publicado, a lo largo de sus tres años de gestión, el informe de labores al que le obliga el decreto presidencial que dio origen a la Cofetel. Que por qué no se ha hecho es fácil explicarlo. Por dos razones: una, porque no hay resultados que mostrar; y, dos, porque en este país no hay consecuencias por actuar negligentemente. Ni la Contraloría Interna del organismo, ni la Secretaría de la Función Pública a nivel central, ni la Auditoría Superior de la Federación ni, tampoco, los legisladores, se toman la molestia de revisar si es que se cumplen, mínimamente las obligaciones de quienes fungen como autoridad en esa agencia reguladora.

Y lo mismo pasa con el Consejo Consultivo previsto en el artículo sexto del mismo Decreto de Creación de la Cofetel, órgano propositivo y de opinión que, en teoría, debería estar ayudando al desempeño eficiente de las funciones de la Comisión. Una vez más, el actual Presidente es el único en el cargo que no ha instalado dicho Consejo. Claro está que esa responsabilidad es compartida, en este caso, con el secretario Pedro Cerisola, que está obligado por el Decreto Presidencial para formular las invitaciones pertinentes a representantes de la academia, la industria y demás personajes relevantes en el sector.

Así pues, señores legisladores, antes de votar a ciegas un presupuesto, deberían atender a criterios de eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, de resultados, antes de seguirle metiendo dinero bueno al malo.

javierlozano@jlamx.com / www.idet.org.mx