Opinion

Este es, textualmente, el contenido del artículo 39 constitucional. Es, seguramente, uno de los argumentos que las hordas perredistas que invadieron el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, la semana pasada, tendrán en mente y en su insultante discurso para justificar su bárbara manera de conducirse.

"Creo que tienen derecho a ser escuchados", afirmó López Obrador, al ser interrogado después del majadero ultraje cometido a la más alta tribuna de este país. "No voy a hacer un juicio sobre eso. Le corresponde básicamente a los ciudadanos", continuó diciendo, cínicamente, el principal instigador de estos supuestos actos de resistencia civil y de expresión popular en contra de lo que él mismo calificó como un "atraco que quieren realizar diputados del PRI y PAN".

En realidad no tendría por qué extrañarnos este comportamiento digno de porros juveniles, bloqueadores de carreteras y de pozos petroleros; de especialistas en plantones y en asaltar autobuses del servicio público para acarrear a los seguidores de "auténticas" demandas populares. Si se estudia con cuidado la biografía de López Obrador y demás distinguidos colaboradores, seguidores y camaradas como entre ellos se llaman su paso por la política se ha caracterizado por hacer de la violencia, la violación sistemática de las leyes, la resistencia civil ejercida por encima de los intereses de la mayoría y su enorme desprecio por las instituciones que no les dan la razón, una forma de vida.

Esos ignorantes, presuntos responsables de los delitos de sedición, motín, despojo y daño en propiedad ajena, que lo que no les dan lo arrebatan, pasan por alto el que, además del artículo 39 constitucional antes citado existe también el 41 que dispone, como complemento de la máxima incorporada en el precepto legal invocado, que el "pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos". Es decir, si bien el pueblo es el depositario esencial y originario de la soberanía, vivimos, como lo dice también el artículo 40 de nuestra Constitución, en una república representativa, democrática y federal.

En pocas palabras: la soberanía, si bien forma parte del patrimonio histórico, político y jurídico de todos los mexicanos, se deposita para su debido e institucional ejercicio en los representantes que, al efecto, prevé la propia Constitución y las leyes federales y locales correspondientes. Los representantes, a su vez, como lo pueden ser estos infames asambleístas del Distrito Federal y otros diputados federales de su mismo partido no pueden conducirse como les dé la gana so pretexto de que representan los intereses de sus trasnochados electores. El principio de legalidad se funda, a diferencia del de la autonomía de la voluntad, en que el gobernante sólo puede ejercer las atribuciones que expresamente le han sido otorgadas, y nada más.

El Constituyente Permanente, como doctrinalmente se le llama, está compuesto por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales, con las mayorías que señala el artículo 135 constitucional. La propuesta de modificación del 122 del mismo ordenamiento, a efecto de que el DF contribuya presupuestalmente en cuanto a la educación básica se refiere, además de gozar del consenso de la Convención Nacional Hacendaria, es una legítima y equitativa medida respecto de las entidades federativas del país. Atacar por la vía de la violencia la tribuna y el recinto donde se desahogaba la sesión que habría de concluir en la votación de dicha reforma constitucional no es la vía institucional prevista para que la asamblea legislativa del DF, se pronuncie sobre tal enmienda.

La maldita tolerancia con la que, supuestamente, se conducen ahora, en este México moderno y democrático, los actos de barbarie y la delincuencia constante, el ataque a las vías generales de comunicación, la invasión de atribuciones, el desacato a mandamientos judiciales y la expresión artera de la política que no ha agotado siquiera los cauces institucionales, están lacerando brutalmente la viabilidad económica y política de México.

En este país, nos hemos olvidado de que el gobierno tiene como responsabilidad esencial la protección de la vida y la libertad de las personas; el respeto de las instituciones, así como la observancia de la Constitución y las leyes que de ella emanan. El monopolio de la fuerza pública corresponde al Estado. Se le ha otorgado para ser ejercida cuando las circunstancias lo ameritan. No se debe pues confundir la tolerancia con la negligencia. Si la Policía Federal Preventiva puede acudir al llamado de cualquiera de los poderes federales para su auxilio, hay que utilizarla cuantas veces sea necesario.

En fin. Lo visto la semana pasada es, apenas, una muestra de lo que nos espera si estos barbajanes terminan su perversa misión de asaltar el poder en México. Luego no se digan sorprendidos y alarmados por la violación sistemática del estado de derecho, en aras de una justiciera vocación democrática. El voto da y quita. Y a éstos hay que quitarlos ya.

Consejero del Idet y de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, A.C.

www.idet.org.mx / javierlozano@jlamx.com