Opinion

Si de lo que se trata es, como parece, de comparar los primeros cuatro años de la presente administración con la del sexenio anterior, el ejercicio presenta dos problemas.

Por un lado, el año de 1995 sí correspondió al primero de la administración de Ernesto Zedillo pero el año 2000 no correspondió al primero de Vicente Fox pues éste tomó el cargo hasta el 1 de diciembre. Así que lo ocurrido en el 2000 no puede y sobre todo no debe incorporarse como un logro de la presente gestión gubernamental.

El otro problema está en que la comparación de los primeros años de una y otra administración, para efectos de revisar el rubro de inversiones, no es realmente representativa. Simplemente hay que recodar que en los primeros años del sexenio anterior se llevó al cabo la reforma al 28 constitucional, se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones, se creó la Cofetel, se dictaron los reglamentos y demás reglas necesarias para el inicio de la competencia y se expidieron los respectivos títulos de concesión.

Por lo tanto, las inversiones fuertes vendrían, como ocurrió, a partir de 1997 y no antes. Comparar pues el arranque de este gobierno con el del anterior para efectos de inversión, incorporando el último año de la pasada administración como el primero de ésta, para además no ponderar el hecho de que las inversiones no llegarían sin una apertura como la que se hizo en esa época de la comparación, es una verdad poco confiable, por decir lo menos.

Asimismo, en cuanto al Programa de Telefonía Rural, el secretario Cerisola informó que, "para el cierre del 2004, se tendrán instaladas 32 mil 402 terminales en el mismo número de comunidades rurales, beneficiando o sirviendo a más de 9 millones 500 mil habitantes". Ese dato, también, es cierto.

Sin embargo, lo que no se dijo es que al cierre de la pasada administración ya se contaba con más de 31 mil de esas terminales y que se beneficiaba a más de 9.1 millones de personas, por lo cual sería mejor informar que, en materia de telefonía rural, en cuatro años no ha habido gran avance.

Poco más adelante, el senador César Ojeda (PRD) preguntó al titular de la SCT respecto de su posición sobre el fortalecimiento o el debilitamiento de la Cofetel, a raíz de la propuesta de emisión de una serie de reglamentos y decretos que quedaron en stand by por diferencias conceptuales con la Secretaría de Hacienda.

Fue más allá el senador Ojeda al comentar que, a pesar de que Cofetel tiene un presupuesto superior al que suman, en su conjunto, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Comisión Reguladora de Energía "su intervención en el mercado todavía no es satisfactoria".

En respuesta, el secretario Cerisola afirmó que "la visión de la secretaría es la de darle más funciones a la Cofetel, funciones que hoy no tiene, funciones como el hecho de poder establecer modificaciones a un título de concesión?". Además, afirmó, "la secretaría no le está quitando nada a la Cofetel".

La secretaría -dijo- seguirá dando las concesiones con la opinión previa de la Cofetel.

Asimismo, comentó el Secretario que "la rectoría de las políticas de telecomunicaciones y los tratados internacionales que obligan al país deberían de seguir quedando dentro de lo que es el sector central como una facultad indelegable del Ejecutivo, que además no es algo que solamente opinemos nosotros, eso está en la Constitución".

Una vez más, lo expresado en la comparecencia que nos ocupa no es exacto. Y no lo es porque, 1) con la propuesta de reglamentos elaborada por la SCT no se fortalece a la Cofetel sino que se le debilita, pues no basta con darle un par de nuevas atribuciones, como la de autorizar modificaciones a los títulos de concesión, cuando la facultad de otorgarlos y revocarlos queda siempre y de manera discrecional en el secretario; porque, 2) la secretaría sí le está quitando facultades a la Cofetel, y facultades tan relevantes como lo es el tema integral del espectro radioeléctrico, básico para la entrada a los mercados y para dar paso a las nuevas tecnologías; porque, 3) no es cierto que la SCT seguiría requiriendo de la opinión previa de la Cofetel para dar una concesión sino que ello ocurriría únicamente cuando, a la entera discreción de la Secretaría, se solicitara una opinión "técnica" a la Comisión. Con la regulación actual, la opinión de Cofetel se exige siempre y de manera previa al otorgamiento de cualquier concesión, y se hace, además, mediante la emisión de sendos dictámenes de las áreas jurídica, técnica y económica del regulador; y porque, 4) la Cofetel es también parte del sector central pues su naturaleza jurídica es la de un órgano desconcentrado pero dentro de la SCT. Perfectamente se podrían pues transferir cualesquiera atribuciones que hoy recaen en la Subsecretaría de Comunicaciones o en la oficina del propio secretario, a la Cofetel, sin violentar por ello norma constitucional alguna.

Ya seguiré glosando la glosa la próxima semana.

Consejero del Idet y de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, A.C.

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