Opinion

En efecto. No sólo no se aprobó una mínima reforma a la legislación actual sino que las condiciones, los actores, los temas y la dinámica propia de un ambiente de cambio se esfumaron junto con la esperanza de muchos por ver una nueva pieza regulatoria que pudiese imprimir un renovado dinamismo al sector. El mismo presidente Vicente Fox, en su tercer Informe de Gobierno, aventuró mencionar al de las telecomunicaciones como uno de los cuatro temas cuya reforma estructural se mantenía (como se mantiene) pendiente en la agenda legislativa. Pocas semanas después simplemente olvidó el asunto, acaso porque nunca estuvo seriamente en su agenda.

Con el cambio de Legislatura vimos sensibles bajas como la de Emilio Goicoechea (y algunas afortunadas como la del tránsfuga Jesús Orozco y la del actual dirigente priísta Raúl Cervantes, presto como lo es para salir a la defensa de causas perdidas). Además, está el caso del talentoso senador Javier Corral, quien buscó la gubernatura de su natal Chihuahua y que, a pesar de ya haber regresado a su curul de la vieja casona de Xicoténcatl, es percibido como un buen recuerdo pero lejos de la enjundia que otrora proyectaba.

Por cierto, el senador panista Héctor Osuna, no obstante el haber tenido la oportunidad de liderar los esfuerzos de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y empujar una reforma mínima pero suficiente, se quedó corto en su acercamiento con la industria, en la configuración de una iniciativa y en la expectativa de su liderazgo. Por su parte, Eric Rubio y Emilio Gamboa, ambos entusiastas senadores del PRI y hasta cierto punto comprometidos con la reforma del sector, tampoco han podido armar una propuesta legislativa que satisfaga a la industria y a la academia.

¡Qué decir de los actuales integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados! Su presidente, Ángel Heladio Aguirre Rivero, en un principio se mostró humilde ante el tema, recogió opiniones y salpicó un par de declaraciones para quedar después sumergido en la ignominia y dejar hacer y pasar en el sector sin mayor trascendencia. Sus correligionarios de partido y sus compañeros de Comisión tampoco han dado signos importantes de vida. Vamos, hasta la iniciativa que presentó en su momento el diputado Jorge Legorreta Ordorica , del PVEM, fue recibida con la misma seriedad que el "atentado" contra José Murat.

Del PRD no vale siquiera la pena hacer mención alguna. Su papel en el tema ha sido irrelevante. Bonita coincidencia, por cierto, con el hecho de que desde hace algo así como cuatro o cinco años no se ha leído o escuchado una sola crítica, como antaño, de ningún integrante de ese instituto político en contra de la privatización o de las tarifas de Telmex. Sus razones tendrán.

Ahora que, si de repasar la actuación del gobierno federal en la materia se trata, basta con sólo leer el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 2001-2006 para constatar que, según el plan rector sectorial la actualización del marco jurídico y el acceso a la sociedad de la información eran dos de los acciones centrales a emprender, de la presente administración en la materia. No obstante lo anterior, el Ejecutivo federal no ha presentado una sola iniciativa respecto de ninguno de estos temas y ha dejado que el tiempo transcurra, que los legisladores se hagan auténticamente bolas y que la autoridad reguladora y la rectora (Cofetel y SCT) se encuentren en un completo estado de indefinición ante la intentona por emitir un nuevo arreglo institucional, a través de reglamentos interiores cuyo contenido siempre fue cuestionado.

Por lo que hace a la industria, ésta no sólo dista de ser aquel sólido monolito que enfrentaba a la autoridad para exigir que las cosas ocurrieran. Ahora, en lugar de una existen dos agrupaciones gremiales enfrentadas entre sí hasta por el uso del término "telecomunicaciones".

En fin. Sólo nos queda la esperanza de que en lo que resta de la presente Legislatura y de la administración del presidente Fox, al menos le metan mano, en serio, al fortalecimiento de la Cofetel pues se trata de un organismo que ha perdido toda respetabilidad y utilidad en el sector. Esa comisión nos costará a los contribuyentes, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, cerca de 360 millones de pesos, siendo que 64% de dicha cantidad se destinará a pagar el sueldo de tan distinguida burocracia.

Así, una reforma posible y bienvenida sería la adición de un capítulo orgánico de la Cofetel en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones, o bien una Ley Orgánica de la misma que contenga: a) nombramientos transexenales de sus comisionados y que estén sujetos a la no objeción del Congreso; b) facultades plenas para intervenir en los temas de acceso a los mercados y a recursos esenciales; c) la interposición del recurso de reconsideración ante la misma Comisión y no ante la SCT, y d) un esquema de rendición de cuentas y de consulta pública que transparenten su actuación. Nadie podría objetar, públicamente, una reforma así. Y esperar más, a estas alturas, es mera ilusión.

Consejero del Idet y de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, A.C.

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