Opinion

Todo ello es cierto, pero sólo parcialmente. Y lo es porque Cofetel insiste en no incorporar en su análisis otras dos importantes y bien representativas variables que servirían para entender mejor la marcha del sector y, en consecuencia, para que inversionistas, consumidores y autoridades pudieran contar con mejores elementos para la toma de decisiones. Estas variables que no se incorporan en dicho ejercicio son: los ingresos y las inversiones.

Hasta ahora, lo que se reporta en el ITEL son cifras que reflejan el aumento en la demanda de los servicios, medido en nuevos suscriptores o en tráfico de llamadas, por ejemplo. Pura demanda pues. Pero, si agregáramos el efecto de los ingresos para las empresas o las inversiones que éstas realizan, veríamos un panorama ciertamente bueno pero no tan optimista.

Con base en la explicación que amablemente me proporcionó el comisionado del área general económica de Cofetel, Abel Hibert, si comparamos el crecimiento en la "cantidad" de servicios, versus los ingresos realizados entre 2000 y 2003, veremos que mientras los servicios aumentaron 30.6%, 17.5%, 10.8% y 15.1%, respectivamente; los ingresos sólo lo hicieron a niveles de 15.8%, 6%, 3.5% y 7.5%, también para esos cuatro años. Así, de emprenderse la consolidación de la competencia mediante el desahogo de la agenda pendiente no sólo traería un crecimiento en el volumen de los servicios sino un crecimiento general del sector al permitir mejores márgenes de operación de las empresas en un contexto más vigoroso de competencia.

En cuanto al juguetón manejo de las cifras de internet, el anexo del informe presidencial afirma que en 2003 se rebasó la cifra de 12.3 millones de usuarios y que, para julio de este año, alcanzamos la asombrosa cantidad de 13.4 millones de cibernautas. Sin embargo, al buscar esta misma información en las respectivas páginas de Cofetel y del INEGI simplemente no aparece cifra disponible alguna para estos dos años. ¿Cuentas claras?

De la misma manera, ese apartado se refiere a la convocatoria para ocupar la posición orbital 77º W a la que me referí la semana pasada, sólo que omitieron en el informe que la misma fue declarada desierta por el pésimo diseño de su proceso de licitación.

Al referirse al Fondo de Cobertura Social, el apartado de referencia del Informe de Gobierno nos dice que "durante el segundo semestre de 2004 se llevará a cabo la licitación pública nacional para el otorgamiento de una aportación no recuperable y frecuencias del espectro radioeléctrico, para apoyar la construcción de infraestructura con el fin de prestar los servicios de telefonía básica local y de larga distancia tipo residencial y mediante caseta pública". Sí, nada más recuérdese que este fondo fue aprobado en diciembre de 2001 para ser disponible en 2002 sin que, a la fecha, se haya asignado un solo centavo para la instalación de línea telefónica alguna en zonas marginadas, cual su destino es.

Lejos de ser cierta la especie, el caso se relaciona con un litigio iniciado por MVS en contra de la familia Fernández, ex propietarios del Grupo Imagen, en 1999, con quien existía una sociedad para la operación de dos estaciones radiofónicas en FM, misma que habría sido disuelta, unilateralmente, por aquélla.

Después de obtener un par de sentencias favorables en jurisdicción civil, el caso fue llevado por MVS a una nueva demanda arbitral, misma que se encuentra en curso y cuyo árbitro es el prestigiado abogado Claus Von Wobbeser. De ser también favorable el laudo correspondiente, la condena podría superar los 100 millones de pesos que la familia Fernández tendría que pagar a MVS.

Así que ni la PGJDF ni autoridad judicial alguna han solicitado la orden de aprehensión de Joaquín Vargas Guajardo, quien no sólo no merece ese trato infame sino que, por el contrario, es un hombre que goza al igual que toda su familia de incuestionable respeto en el gremio de la radio y la televisión y en la sociedad mexicana. Al tiempo.

El autor es consejero del Idet y de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, A. C.