Opinion

Tienen razón quienes al referirse a la escandalosa expulsión de Juan Ignacio García Zalvidea de la alcaldía de Benito Juárez municipio en el que se encuentra enclavado el paraíso turístico de Cancún localizan una burda maniobra política en la que participaron el gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks, y el senador y líder del PVEM, Jorge Emilio González . También es cierto que a partir de que apareció un video en el que el Niño Verde tasaba en dos millones de dólares su gestión para un desarrollo turístico en Cancún, se rompieron las relaciones entre el alcalde García Zalvidea quien llegó al cargo por el PVEM y la dirigencia de esa partido, al grado de que el munícipe se deslindó de ese instituto político.

De igual manera les asiste la razón a quienes interpretan la expulsión de García Zalvidea como una maniobra política para contener las aspiraciones políticas del ex alcalde de uno de los municipios más ricos del país, quien intentaba y seguirá intentando postularse como candidato a gobernador de Quintana Roo, ahora por el PRD. Pero de eso a pretender convertir a García Zalvidea en mártir de la democracia y de las más horribles intrigas políticas practicadas en el Caribe mexicano, y hasta como el adalid de la democracia aldeana de Quintana Roo, existe una gran distancia.

Y es que lo que no se saben los defensores de El Chacho , y poco se comenta allende las fronteras de Quintana Roo, es que García Zalvidea arrastraba, desde mucho tiempo antes de que aparecieran los videos del Niño Verde , serios problemas presupuestales, desvíos de recursos y por lo menos tres acusaciones de juicio político en su contra por presuntos actos de corrupción y por la quiebra de la hacienda municipal. La ruptura de García Zalvidea con el PVEM en realidad fue la gota que derramó un vaso que rebosaba de irregularidades que ya había advertido el Congreso local, que habían sido advertidas por autoridades federales, y que en diversos momentos provocaron la protesta callejera de los trabajadores del municipio a los que no se les pagaba su salario.

La historia de Juan Ignacio García Zalvidea es peculiar. Se trata de un hombre que llegó a Cancún para participar con su hermano Fernando en un repentino boom familiar, que luego fue identificado por las autoridades federales con vínculos en el narcotráfico. Esa situación llevó a Fernando García Zalvidea a la cárcel, mientras que su hermano menor, El Chacho ,buscó protección e influencia política a través de una diputación. Nadie sabe de donde salió el dinero que utilizó García Zalvidea para "comprar", primero una diputación en el estanquillo político que es el PAN de Quintana Roo, que lo convirtió en un popular actor político, lo que le valió para buscar, ahora por el PVEM, la alcaldía de Benito Juárez, a la cual también inyectó importantes sumas de dinero, lo que desató una ruidosa crítica e impugnación legal.

Ya como alcalde de Benito Juárez por el PVEM, García Zalvidea "abrazó" el proyecto de Andrés Manuel López Obrador e intentó hacer de su gestión una réplica del populismo obradorista. Con dinero público creó los programas sociales "miércoles y sábados gigantes", que consistían en encuentros con ciudadanos de colonias y comunidades deprimidas en los que regalaba dinero, cemento, ladrillos, herramientas, útiles escolares, medicinas, becas en efectivo y todo lo que pedía la gente. En su desmesura le dio por pavimentar cuantas calles le pedían asfaltar, pero sin antes introducir los servicios de drenaje y agua potable. Igual que AMLO, creó un programa de apoyo en efectivo a los adultos mayores y a las madres solteras. Y en su ambición de poder, extendió esos programas a municipios aledaños, lo que provocó choques con otros alcaldes. Creó su versión de atención a los niños, con la fracasada "ciudad de la esperanza", y por supuesto que organizó un grupo que se autodefinió como los Amigos de El Chacho.

Ante tal despilfarro, la hacienda del municipio de Benito Juárez se declaró en quiebra. Solicitó el apoyo del gobierno estatal, y lo consiguió, pero su gestión parecía un barril sin fondo. Una vez transcurrido el primer año de la gestión de El Chacho , el Órgano Superior de Fiscalización intentó realizar una auditoría al municipio, pero el procedimiento fue impedido con la fuerza pública al mando de El Cacho . Las irregularidades siguieron, hasta que en los primeros meses de 2004 García Zalvidea ya sumaba tres juicios políticos y uno penal, por los siguientes presuntos delitos: Disposición ilegal de recursos derivados del Decreto 69, que no fueron informados en la Cuenta Pública de 2003; simulación jurídica de créditos por 30 millones de pesos; erogaciones por 192 millones de pesos efectuadas sin disponibilidad presupuestal; desaparición de los documentos que amparaban la administración de Zofomat, que reportaba un desvío, por malos manejos, de casi 100 millones de pesos; además de obras pagadas y no ejecutadas, adquisiciones sin licitaciones de maquinaria y vehículos por más de 20 millones de pesos y una acusación por obstaculizar el trabajo de la Auditoría Superior de Hacienda del Congreso local.

Pero eso no es todo. Hay indicios, no investigados y menos comprobados, de que los García Zalvidea siguen involucrados en el narcotráfico, pues no hay explicación que justifique el enriquecimiento del clan García Zalvidea, recientemente vinculado al rentable negocio inmobiliario, como es el caso del Hotel Riu, que a finales de 2003 fue clausurado por las autoridades federales de ecología, porque violaba las leyes de la materia, pero cuya clausura fue impedida con la fuerza pública municipal. García Zalvidea dijo como justificación: "No vamos a permitir que se cierren esas fuentes de trabajo". Lo cierto es que en Cancún todos coinciden en que ese y otros desarrollos son propiedad de los García Zalvidea. Ya con la crisis local encima, vinieron los videoescándalos que exhibieron al Niño Verde . Para El Chacho era la oportunidad de salir del PVEM, y buscó aliarse al PRD, que se tragó completa la versión de que se trataba de un "complot en su contra". Y sí, al final sí hubo un complot, pero propiciado por el hoy sedicente perseguido político.

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