Opinion

La iniciativa presenta un diagnóstico sobre la competencia en México, sus autoridades, el Poder Judicial y sus instrumentos regulatorios que no están, ni cercanamente, apegados a la realidad.

Peor aún. Las herramientas de las que se pretende echar mano no son otra cosa que un verdadero retroceso en cuanto al tratamiento de las prácticas monopólicas relativas y en relación con la intervención de la autoridad para impedirlas y para regular la sana práctica de la libre competencia en los mercados. Su exigencia de que los comisionados sean necesariamente profesionales en derecho, economía, administración pública o de empresas no es más que una artificial y discriminatoria medida que refleja, cabalmente, las fobias de los proponentes.

Y va más allá. La iniciativa establece como requisito el que el presidente de la Comisión tenga el título de licenciado en derecho, ignorando así que, por ejemplo, quienes egresamos de la Escuela Libre de Derecho obtenemos el título de abogado y no de licenciados en derecho, ello sin mencionar, claro, que tal requisito no tiene la menor justificación.

De otra parte, el contagio por una sucesión adelantada en la Presidencia parece haber alcanzado a la Comisión Federal de Competencia. Ya todo mundo habla de ello cuando el relevo debiera ocurrir hasta diciembre. Lo bueno del adelanto en el debate es que, así, se reduce el riesgo de un "albazo" en la designación de su titular.

Fernando Sánchez Ugarte ha hecho, aún a pesar de las críticas de quienes no comparten su visión y actuación, un extraordinario papel al frente de esa agencia regulatoria. Su reelección debiera ser indiscutible pero los diferentes intereses en juego que encuentran en esa oficina gubernamental un obstáculo o un vehículo facilitador, empujan en el sentido deseado por ellos para que la designación recaiga en alguien que acomode a sus intereses. Ojalá y que, tal y como ocurrió en el caso del Banco de México, donde se ratificó a Guillermo Ortiz como su gobernador, prevalezca la prudencia y el sentido de la responsabilidad en la decisión presidencial.

En ese ámbito, la reedición, como aquí lo anticipé, de la declaratoria de la CFC respecto de la dominancia de Telmex en cinco mercados relevantes, debiera traer, de inmediato, la expedición de las reglas especiales por parte de Cofetel, en materia de tarifas, calidad de servicios e información. Es de esperar, sin embargo, que Telmex apele la resolución.

Por otro lado, el tan sonado y publicitado más reciente reporte de la OCDE sobre Agencias Reguladoras en México, relacionado con el agua, la energía, los servicios financieros y las telecomunicaciones, fue dado a conocer en forma parcial y tendenciosa.

Quienes detonaron esa tesis no leyeron bien el documento o, de plano, ignoraron su contenido. Y es que si bien se reconoce que los proyectos presidenciales en curso transferirían algunas atribuciones que, en la actualidad, están compartidas entre la SCT y la Cofetel, hacia el órgano regulador, también lo es que el reporte dice que, por ejemplo, la transexenalidad e inamovilidad de los comisionados no debe hacerse por decreto del Ejecutivo sino en la ley.

Lo que es inexplicable del reporte en comento es que no retoma sus recomendaciones de 1999 y que, hasta ahora, no han sido observadas (páginas 75 y 76): consulta pública vinculativa; transferir el otorgamiento, modificación, supervisión y revocación de concesiones de la SCT a Cofetel; eliminar la discrecionalidad en cuanto a los servicios que se pueden prestar por una sola red pública de telecomunicaciones; implantar la portabilidad de números e impedir que los agentes dominantes en telefonía local puedan participar, en forma alguna, en la televisión de paga.

Así, para variar, notas a medias con sesgos claros. Y de ahí nos dicen que la OCDE avala los proyectos de reglamentos y decretos que pretende expedir el Ejecutivo en cuanto a las atribuciones de Cofetel y de la SCT. De ahí también, nos dicen, que es inaudito el que el secretario de Hacienda y Crédito Público haya negado su refrendo a tales proyectos y, peor aún, hacen suponer una suerte de uso excesivo de atribuciones al opinar sobre temas que escapan, en teoría, del ámbito hacendario.

Cabe aquí resaltar que el artículo 92 constitucional establece que "todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos". Así, en tratándose de una restructura gubernamental, que implica un impacto presupuestal, válidamente puede y debe el titular de Hacienda, como ocurrió, revisar la congruencia entre la propuesta y el gasto consecuente. Y si de lo que se trata, lejos de fortalecer es de debilitar a la Cofetel, pues que no pidan recursos para ella. Mejor que la desaparezcan.

*El autor es consejero del Idet y de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, AC.

www.idet.org.mx y javierlozano@jlamx.com