Opinion

Poco respeto y credibilidad ha acumulado la Cofetel en la administración de Arredondo. Es mucho más que un secreto a voces. Es un grito de auxilio generalizado que, al parecer, no es escuchado ni en Xola ni en Molino del Rey. Se ha pasado del pretexto de supuestas herencias malditas a la necesidad de readecuar los procesos para hacer más eficiente al órgano regulador. Hoy, después de tres años y medio de la nueva administración foxista, ya nadie les cree semejantes vaciladas.

La apertura a la competencia en prácticamente todos los segmentos de mercado del sector de las telecomunicaciones se dio desde 1995 y hasta la fecha con la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente y con la Cofetel cuya estructura conocemos. Es decir, el marco normativo sigue siendo el mismo pero los resultados no. Y ello obedece única y exclusivamente a un factor que se llama voluntad política. Podría llamarse meramente voluntad pero, aplicándose a la cosa pública, debe acompañarse del referido adjetivo.

Poco a poco, también, comienza a hacerse un escrutinio más severo sobre la actuación de Cofetel. Su manejo de cifras oficiales, su pasividad ante la evidente existencia de barreras regulatorias, su falta de oficio para lidiar con los agentes económicos, su disfunción con otras áreas del gobierno federal, su débil actuación en materia de supervisión, entre otras claras muestras de su fragilidad, están provocando un malestar y una sensación de hartazgo en el sector.

Poco a poco, igualmente, comienzan las miradas a voltear hacia el secretario Pedro Cerisola quien es, en última instancia, el responsable de esta área. No poner orden ahí es tanto como consentir. Y consentir es, también, una forma de corresponsabilidad. De todo ello se desprende una creciente preocupación sobre el próximo relevo en la Comisión Federal de Competencia. La inminente salida de Fernando Sánchez Ugarte puede provocar, de no cuidarse el nombramiento de su sucesor, que el último resquicio de vigilancia para la competencia efectiva en el sector, quede desvanecida como hoy lo está la propia Cofetel.

Y es que la ausencia de Jorge Arredondo en el Día de la Competencia de México 2004 no puede sino entenderse como la ausencia de una verdadera política regulatoria. Es, también, la ausencia de criterios homogéneos para actuar y la ausencia notoria de un necesario liderazgo en el sector. La ausencia de resultados en estos años es palpable y signo de que ello así es lo refleja el que, una vez más, se publica un comunicado de prensa en el que nos dicen lo que ya sabíamos, es decir, que las reglas de larga distancia internacional estaban en vías de modificación para eliminar el retorno proporcional y la tarifa única de liquidación.

Más aún, afirman que con estas nuevas reglas se abre una "plena competencia", ignorando así que mientras no exista la reventa simple internacional (ISR) y, con ello, la libertad total para un servicio telefónico a través de Internet, esa circunstancia no es cierta.

Y qué decir del acuerdo por el que se permitirá a las empresas de televisión por cable la prestación del servicio de transporte de señales de telefonía básica, signado por el titular de Comunicaciones y Transportes y que aparece en la página web de esa dependencia para poder recibir comentarios. Contrariamente a lo que muchos piensan, las comúnmente llamadas "cableras" no podrán ofrecer a sus abonados el servicio de telefonía en forma directa sino que, únicamente, podrán celebrar convenios con las empresas del ramo telefónico para proporcionarles el servicio de transporte a través de su red.

Esta nueva medida no sólo inhibe la posibilidad de que las cableras puedan prestar el servicio telefónico sino que, además, les impide el proveer simplemente capacidad. Me explico. No es lo mismo ofrecer un "servicio" de transporte de señales que la mera renta de capacidad de acceso a la llamada "última milla" que podrían proporcionar las redes públicas de televisión por cable. Es decir, mientras que en el primer caso estamos hablando de un servicio en el otro, a lo que nos referimos, es al acceso a la red, sin intervención del titular de la misma. Es como si, en pocas palabras, en lugar de meramente permitir el tránsito por mi carretera me encargue yo de llevar las mercancías de otro.

Esto tiene importantes implicaciones por lo que a la responsabilidad de los contenidos y del origen y destino del tráfico se refiere. Si hay by-pass a través de tales redes, serán igualmente responsables las empresas del servicio telefónico como las cableras mismas sin tener "vela en el entierro". No se diga del hecho de que en la publicación desplegada electrónicamente omitieron desplegar las consideraciones del Acuerdo y los redujeron a tres palabras de cada párrafo seguido de puntos suspensivos, pensando quizá que quienes consultamos el documento somos adivinos y suponemos porqué no se fueron a fondo en la medida. Con razón las empresas del ramo se han manifestado en contra de tales disposiciones. Es una nueva barrera artificial que no permite la convergencia plena de servicios y tecnologías a través de la red, contrario al espíritu y letra de la Ley Federal de Telecomunicaciones.