Opinion

En dicha publicación, el Banco Mundial intenta abarcar el tema de la infraestructura relacionada con tales redes críticas desde la perspectiva de los procesos de privatización, la regulación de los mercados y la evolución de la competencia en los mismos. Es, por tanto, un reporte digno a ser considerado para medir, con razonable objetividad, lo que acontece en el mundo en cuanto al desarrollo de las redes del sistema nervioso de los países.

En 130 páginas, el Banco Mundial da cuenta de cómo es que las industrias vinculadas con la infraestructura básica y sus servicios resultan cruciales para generar un crecimiento económico sostenido y sustentable, para el combate a la pobreza y para incrementar la competitividad de las naciones. Es así que se pondera la relevancia de las redes del suministro eléctrico, del agua, del transporte de bienes y mercancías y de las telecomunicaciones en su conjunto. Y todo ello se enmarca en el hecho irrefutable de que la mayoría de los países han emprendido sendos procesos de apertura a la inversión privada y la competencia en, al menos, uno de esos rubros de la economía.

Este estudio del Banco Mundial, al igual que lo hizo recientemente Paul Krugman en su visita a México, desmitifica los procesos de privatización. Más aún. En el reporte que nos ocupa se señala, sin tapujos, que no hay modelo de apertura único.

De otra parte, se deja claro que para que los procesos de privatización sean exitosos y su impacto penetre en toda escala social, se debe lograr una restructuración sectorial previa que permita albergar la competencia en la prestación de los servicios o en el suministro de los bienes. Vaya, según el Banco Mundial, los beneficios de las privatizaciones son mucho menores por sí mismos que la competencia como tal.

Para el caso mexicano y, concretamente, en el área de las telecomunicaciones, el Banco Mundial señala que gracias a la privatización de Telmex, la tasa de crecimiento de la infraestructura y la planta telefónica fue muy superior (pasó de 6.7 a 11.3% anual) a la época en que la empresa estaba bajo la administración del Estado. Sin embargo, también se compara este fenómeno con Chile, país en el cual no se otorgó periodo de exclusividad alguno a la empresa recién privatizada y que se tradujo en un crecimiento de 20.5% anual.

Y si bien la privatización no trajo aparejada una reducción automática de precios al consumidor, la competencia sí lo hizo. Es ahí donde queda constancia de que una cosa sin la otra es, por demás, insuficiente. Con todo, es de lamentar la falta de información o la ligereza con que los expertos involucrados en la elaboración de estos estudios abordan algunos de los aspectos de su análisis.

Por ejemplo, en la página 63 del reporte se afirma que la fragilidad regulatoria puede conducir a privatizaciones fallidas, citando el caso de México en donde, a su decir (Casanueva y del Villar 2003), a pesar de que la telefonía local estuvo abierta a la competencia desde el primer momento y de que había, supuestamente, una buena cantidad de empresarios interesados en entrar en el sector, ello fue imposible por las prácticas anticompetitivas de Telmex.

Ignoran estos analistas que el periodo de exclusividad de seis años concedido a Telmex con posterioridad a su privatización tuvo como único propósito el que se diera, de manera paulatina, un rebalanceo entre las tarifas aplicables a los servicios de larga distancia respecto del servicio telefónico local puesto que, en esa época, existían evidentes subsidios cruzados de un segmento al otro. De ahí que nunca, a lo largo de esos años, hubo interés de inversionista alguno por entrar a un mercado en el que las tarifas del servicio local estaban muy por debajo de sus costos y, por ende, la competencia era cosa menos que imposible.

Más aún, culpan a Cofetel (página 63) de haber tolerado tales y supuestas prácticas anticompetitivas, ignorando que la privatización de Telmex se dio en 1990 mientras que este órgano regulador nació en agosto de 1996. De hecho, al destacar la debilidad y la falta de transparencia y de independencia de Cofetel, no expone las razones de su dicho y sólo refiere como fuente el análisis que, en el 2001, hizo Pyramid Research (página 70).

Es lamentable pues que un estudio que contiene información útil y valiosa, caiga en tales deslices: ni hubo tal interés por la telefonía local después de la privatización de Telmex y claro que hay una buena cantidad de pendientes regulatorios para concretar el proceso de competencia en telecomunicaciones. Claro es también que Cofetel acusa una severa debilidad, pero ésta es mucho más atribuible a la falta de carácter y determinación de quien la encabeza que a su estructura misma. El haber llegado a esas conclusiones por el camino equivocado, no habla del todo bien de una institución como el Banco Mundial, que goza de prestigio y respetabilidad a nivel internacional.

Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.

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