Opinion

Comencemos por decir que en la página 294 del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002, la ASF señala que la Cofetel participaría en la atención de la Prioridad 2 "Crecimiento con calidad", para lo cual se instrumentaría el objetivo rector 2 "Elevar y extender la competitividad del país", mismo que atendería la Estrategia B, orientada a "Crear infraestructura y servicios públicos de calidad".

Todo podría parecer en orden si no fuera porque, en el siguiente párrafo del documento se dice que "el objetivo específico de la Estrategia B consistiría en integrar un sistema de diversos modos de transporte y logística para el traslado de bienes y personas".

Es decir, para evaluar a la Cofetel partimos de la base de una estrategia propia del transporte y no de las telecomunicaciones.

Al evaluar el Programa de Inspección y Verificación de los Concesionarios y Permisionarios, la ASF revisó lo actuado por Cofetel en cuanto a la calidad de los servicios, las tarifas de los mismos y la competitividad internacional del país, entre otros rubros. Ahí, la ASF concluyó que la Cofetel no estableció parámetros para evaluar la calidad de los servicios y, como "prueba supletoria", decidió reportar que en el periodo 19982002 se habían acumulado 164 mil quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lo cual era evidencia de que no se tenía la plena satisfacción de los usuarios.

Asimismo, la ASF "estimó" que entre 2001 y 2002 había en el país mil 562 operadores ilegales en el sector, o sea, 33.3% del padrón de concesionarios y permisionarios. ¿Cómo llegó a esa cifra? Muy fácil, la ASF hizo una mera apreciación del fenómeno a partir de que en el año 2001 Cofetel había detectado 29 prestadores de servicios ilegales y, en 2002, encontró a otros 40; luego lo comparó con el número total de visitas de inspección realizadas y, de ahí, se obtuvo ese porcentaje.

Por otro lado, en la página 299, la ASF estableció que "no se ha incumplido (sic) con el objetivo de prestar servicios a menores precios, ya que México registro las tarifas más altas en comparación con nuestros socios comerciales", y muestra una serie de indicadores que evidencian, efectivamente, esa realidad.

¿Cómo es que la ASF se metió a evaluar la calidad de los servicios y concluyó que es insatisfactoria para el usuario? ¿Por qué revisó desde el año 1998 si se estaba revisando la Cuenta Pública del 2002? ¿No es una conclusión simplista decir que porque se detectaron 29 operadores ilegales en el año 2001 hay 33.3% de piratas en el sector? ¿De ahí concluye que la autoridad no está haciendo la tarea? Otra vez: ¿por qué revisó el año 2001 si la Cuenta Pública era la del 2002?

En cuanto a las tarifas ¿no sabe la ASF que el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que "los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones"? Hay pocas excepciones a esta regla mismas que, desafortunadamente, no fueron visitadas por la ASF.

Es decir, una cosa es que señale posibles retrasos en el registro de las tarifas en Cofetel y otra muy distinta es que se diga que "no se ha incumplido (sic) con el objetivo de prestar servicios a menores precios" porque los comparativos internacionales no nos favorecen. Ese objetivo, por cierto, ¿es medible para efectos de revisión la aplicación del gasto público y de la Cuenta Pública en general?

Si le interesaba el tema de las tarifas, la ASF debió haber revisado cómo es que se llegó al cuestionado resultado del sistema de precios tope que sí aplica a Telmex conforme a su título de concesión y que, por cierto, ocurrió en ese 2002. También podría haber revisado por qué se sigue aplicando la tarifa de 2.50 pesos por minuto para llamar a un celular bajo la modalidad "el que llama paga", misma que también está sujeta al control de la autoridad.

Pudo haber revisado cómo es que la Cofetel estuvo medio año de ese 2002 sin comisionado del área jurídica y que a quien contrató después, Clara Luz Álvarez, no cumplía con lo que marca el decreto de creación de la comisión para ese cargo.

Pudo la ASF, en fin, haber detectado que la Dirección General de Licitaciones de Espectro le costó al país 6.3 millones de pesos en ese mismo 2002 y que arrendaba unas oficinas en Bosques de Alisos, para una sala de subastas, a razón de 135 mil pesos mensuales sin que se haya llevado al cabo una sola licitación en la presente administración federal.

Claro que la ASF pudo haber revisado también la danza de las cifras de que fue objeto ese mismo año 2002 en cuanto al número de usuarios de internet y que incluso llevó al propio presidente Fox a rendir dos informes diametralmente distintos ante el Congreso sin que se reparara suficientemente en tal discrepancia.

Con razón la Cofetel manifestó, según está plasmado en la página 399 del informe de resultados de la Cuenta Pública, que "se aceptan las conclusiones que se presentaron en la reunión de confronta". Y cómo no, si les salió barato.

Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.

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