Opinion

Como parte del citado informe de resultados se incluyeron los concernientes a sendas auditorías practicadas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en cuanto a su Programa de Inspección y Verificación de los Concesionarios y Permisionarios y al relativo a su Recaudación de Ingresos por Derechos y Aprovechamientos por los Servicios de Radiotelefonía Móvil y Tecnología Celular Concesionados.

Resultado de las visitas realizadas a la Cofetel, ese órgano superior de fiscalización concluyó que el regulador de las telecomunicaciones en México ha sido rebasado en su capacidad operativa por el crecimiento experimentado en el sector en los últimos años.

Después, la ASF determinó que la Cofetel no estableció parámetros para evaluar la calidad de la mayoría de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, enfatizó el que no existe un sistema para evaluar la satisfacción de los consumidores y, como prueba supletoria, observó que de 1998 a 2002 se acumularon en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 164 mil quejas.

De otra parte, la ASF indicó que si uno de los objetivos de la Cofetel es promover la aplicación de menores precios en los servicios de telecomunicaciones, para 2002 México registraba tarifas más elevadas que nuestros socios comerciales de América del Norte. Y es así que afirma la ASF en larga distancia comercial internacional, se pagó un costo promedio por minuto de 11.23 pesos, superior hasta en ocho tantos al observado en los Estados Unidos y en cinco respecto de Canadá.

De igual manera, el organismo señaló que los precios pagados en telefonía celular fueron más del doble de lo que se cobraba en nuestros vecinos países. Fue más allá la ASF al subrayar que México ocupó el octavo lugar de 11 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en cuanto al tiempo que tomaba la instalación de una línea telefónica (33 días versus 31 de Estados Unidos y Canadá).

Por otro lado, la ASF hizo otro señalamiento en cuanto a la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en México en comparación, otra vez, con nuestros socios de Norteamérica. Así, mostró que mientras en México se tenían 147 líneas telefónicas fijas por cada mil habitantes, en Estados Unidos esa cifra era de 646 y, en Canadá, de 635. Igual lo fue para la telefonía celular en donde registramos 255 suscriptores por cada mil personas en tanto que Estados Unidos alcanzó 488 y Canadá 377.

Lo mismo hizo al cotejar el número de usuarios de internet entre los tres países pues ubicó a México con 9 millones 800 mil, cifra inferior en cinco veces respecto de las otras dos naciones (desde luego, suponiendo la validez de tal indicador).

Fuera de los anteriores y sesudos análisis comparativos, que nada tienen que ver con la Cuenta Pública de 2002, la ASF sí detectó que, en cuanto a supervisión y sanción se refiere, de las 9 mil 372 inspecciones acumuladas en el periodo 2000-2002, derivaron mil 409 propuestas de sanción, de las cuales 77% estaban en la Subsecretaría de Comunicaciones en revisión, mientras que 22% no habían procedido por falta de elementos, y tan sólo 1% concluyó en la aplicación de una sanción administrativa.

Otro dato que sí es de llamar la atención fue el que durante 2002 cuatro concesionarios de telefonía celular, hoy integrados a Telefónica MoviStar, no efectuaron pagos por concepto de aprovechamientos del orden de 9.5 millones de pesos, aproximadamente. Esa observación mereció la solicitud, por parte de la ASF y dirigida al órgano interno de control de la Cofetel, de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente a los servidores públicos que no validaron los pagos referidos.

Una observación más que, efectivamente, podría traer como consecuencia un daño patrimonial, fue una posible omisión de pago de aquel absurdo impuesto especial sobre servicios de telecomunicaciones (IEPS). Así, la ASF observó que Radiomóvil Dipsa, SA de CV, (Telcel) no realizó pago alguno por ese impuesto ni dio de alta la obligación correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria, aunque sin poder liquidar la cantidad supuestamente omitida, en virtud de que la ASF no contaba con suficientes elementos para determinar la base gravable.

Esa autoridad concluyó que "los resultados anteriores revelan el bajo desempeño operativo de la Cofetel, por lo que se requiere efectuar una reestructuración del organismo, a fin de que cumpla con su mandato de vigilar la adecuada operación de los servicios de telecomunicaciones y, que la SCT replantee las estrategias operativas para hacer cumplir la política pública de prestar servicios con calidad y a menores precios en beneficio de los usuarios".

Como veremos en mi próxima entrega, este trabajo aparentemente pulcro a cargo de la ASF está plagado de imprecisiones y verdades a medias, además de ser omiso en aspectos fundamentales sobre el verdadero desempeño financiero y operativo de la Cofetel. Importante será ver cómo es que la ASF aborda temas y realiza sendos análisis que no guardan relación alguna con la Cuenta Pública de 2002.

Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC.

javierlozano@jlamx.com