Opinion

Buena parte de la desinformación surgida en torno a este tema se debe a la interpretación subjetiva y precipitada de la representación comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), al conocer, de primera mano, la resolución de dicho panel. Y buena parte, también, tiene que ver con la pésima estrategia de comunicación social seguida por nuestras autoridades para enfrentar el embate mediático de la agencia estadounidense.

Haciendo un poco de historia, recordemos que desde el 28 de julio del año 2000, la USTR, entonces encabezada por Charlene Barshefsky, había anunciado su intención de iniciar, una vez más, un intercambio de consultas con México para abordar sus inquietudes relacionadas con supuestos incumplimientos de nuestro país en cuanto a los compromisos asumidos ante la OMC.

El 17 de agosto de ese año se hizo la solicitud formal y las consultas de realizaron el 10 de octubre en Guadalajara. Era, por cierto, una época en la que se comenzaban a tomar una serie de importantes decisiones regulatorias y acuerdos entre empresas tendientes a solucionar buena parte de la agenda en el sector de las telecomunicaciones en México.

No obstante lo anterior, el 20 de octubre del mismo año, Richard Fischer, también de la USTR, volvió a manifestar su preocupación sobre la eficacia y obligatoriedad de las medidas recién adoptadas. Así, el 10 de noviembre del 2000 la USTR solicitó, formalmente, la instalación de un panel de solución de controversias.

De lo anterior derivó una nueva ronda de consultas que dio inicio el 16 de enero del 2001 y que permitió aclarar una muy buena cantidad de puntos aunque insuficiente para desactivar la intención de Estados Unidos por llevarnos al panel. Más aún. En su informe anual, presentado el 2 de abril de ese año por el nuevo titular de la USTR, Rober Zoellick, la administración Bush incluyó a México junto con Colombia, Taiwán y Sudáfrica en el grupo de países respecto de los cuales Estados Unidos abrigaba serias preocupaciones por sus políticas y prácticas en materia de telecomunicaciones.

Fue entonces que el 18 de febrero del 2002 la USTR solicitó nuevamente la instalación formal del panel de solución de controversias con México; el 17 de abril de ese mismo año se creó un grupo especial para examinar el caso y el 29 de agosto se constituyó formalmente el panel.

El gobierno de Estados Unidos reiteró sus preocupaciones en cuatro puntos: 1) Tráfico transfronterizo en términos y condiciones no razonables; 2) Trato discriminatorio para las redes públicas con participación estadounidense; 3) Imposibilidad de que las comercializadoras norteamericanas operen en el país; y, 4) Prácticas anticompetitivas de Telmex.

Hay que recordar que mientras el gobierno de Estados Unidos insistía una y otra vez con instalar el panel de controversias solicitado, aquí le decíamos adiós a los personajes que habían ya tomado el control de la situación y que habían impedido en ocasiones anteriores que la USTR se saliera con la suya.

En efecto, Jorge Nicolín salió de Cofetel y Luis de la Calle dejó la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. Y entonces se hizo pública la advertencia de muchos, pues era claro que por más presión que ejercieran las autoridades del vecino país, sus principales temas de preocupación no tenían fundamento a la luz de los compromisos asumidos y las reservas hechas por México ante la OMC.

El peligro pues acechaba por cuanto a que la falta de conocimiento sobre el pasado reciente y la impericia para manejar el caso ante nuestros homólogos estadounidenses y ante la propia OMC de quienes tomaran las riendas del asunto, podrían provocar un dolor de cabeza para México.

Es así que hoy nos encontramos con un comunicado de prensa (0417) emitido el 12 de marzo pasado, en el que la USTR festina un sonado triunfo de Estados Unidos sobre México en el panel de la OMC. En él se dice que nuestro país viola los compromisos asumidos ante esa organización dado que la interconexión transfronteriza debe hacerse con empresas concesionarias mexicanas y que es Telmex quien lleva las riendas en la negociación de la tarifas aplicables a todos los operadores.

Ah, y afirma la USTR que los cargos de interconexión artificialmente inflados en México han ocasionado pagos en exceso a las empresas estadounidenses y a los consumidores de ese país por el orden de mil millones de dólares.

La USTR también señala que México viola sus compromisos al no permitir a las empresas estadounidenses la reventa de servicios de telecomunicaciones, y termina por reconocer que nuestras autoridades sí están en su derecho de prohibir el by pass por considerarla, como lo es, una práctica ilegal.

Ya seguiré la próxima semana con el tema. Por lo pronto, sólo dejo en el tintero la consideración de que ni es el fin de la historia ni es tan cierto lo que se ha dicho sobre este aparente triunfo de Estados Unidos.

Quien apresuró esta información no fue la OMC sino la USTR. Y no vaya a pensar el lector que ello se debe a que habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos este año. Nada de eso.

Es pura coincidencia.

Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.

javierlozano@jlamx.com / www.idet.org.mx