Opinion

No descubre Sachs nada nuevo. En todos los tonos hemos insistido en la necesidad de fortalecer las condiciones de competitividad de nuestro país y de retomar, cuanto antes, el crecimiento económico y no conformarnos con la estabilidad y la disciplina en las finanzas públicas. Y buena parte de ello tiene que ver con la competencia en la prestación de los servicios e insumos básicos para las empresas y los consumidores.

La diferencia entre el sector energético y el de las telecomunicaciones, empero, es que en el primer caso se está frente a empresas y actividades a cargo, casi en exclusiva, del Estado, con todas las insuficiencias e inequidades que implica para la industria y el consumidor. Así, paradójicamente, siendo México un país rico en hidrocarburos tenemos que importar a diario el gas natural que después es comercializado a precios altos entre la industria. La reforma para abrir el sector es indispensable y, sin embargo, los falsos nacionalismos y otros argumentos que esconden dogmas impiden que cristalice ese cambio estructural.

El caso de las telecomunicaciones es distinto. Aquí la competencia se abrió desde hace años y se cuenta con un marco jurídico y con instituciones que si bien son susceptibles de mejora, no impiden el que se pueda avanzar en la consolidación de la competencia y, por ende, en brindar mejores y más accesibles servicios al consumidor.

Lo que aquí queda claro es que la percepción de un experto como Jeffrey Sachs, aunque imprecisa en su aspecto estrictamente formal, va en el sentido de que estamos aún lejos de alcanzar los niveles deseados en cuanto a la competencia en el sector de telecomunicaciones.

Asimismo, hay un nuevo reporte del Banco Mundial (infodev) y del Foro Económico Mundial, (The Networked Readiness Index 2003-2004), relativo al grado de preparación para aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (ITC) y que mide el avance de los países ahí comparados en cuanto al abatimiento de la brecha digital y hacia una mayor oferta de servicios en mejores términos de calidad y precio.

En este reporte, México ocupa el lugar número 44 de las 102 naciones analizadas, por debajo de Chile (32) y de Brasil (39). En él se evalúan los aspectos regulatorios y de políticas públicas, la aptitud de aprovechamiento de las ITC y, finalmente, el uso real de las mismas.

Podría argumentarse que ese mismo nivel es el que le ha sido conferido por las mismas instituciones a México en cuanto a la competitividad del país en general. Así es. Pero cuando se revisa con cuidado el subíndice referido a políticas públicas y regulatorias de las telecomunicaciones, nuestro país desciende hasta el lugar número 59, sitio inferior incluso al de Costa Rica (57), Uruguay (53), Jamaica (50), Brasil (43), El Salvador (40) y Chile (18). Este componente mide el impacto que se tiene en cuanto a los programas, leyes y demás regulación relacionada con la implementación y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Por si fuera poco, Pyramid Research , institución líder en servicios de consultoría y análisis sobre negocios y tecnología, instituyó por vez primera un premio a la excelencia en el sector de las telecomunicaciones en América latina. Entre las cinco categorías una de las cuales, por cierto, fue la del operador móvil del año y que fue concedido a Nextel México se destacó al Regulador del año. Aquí, los finalistas fueron las autoridades reguladoras de Perú, Brasil, El Salvador y Chile, habiéndose otorgado el premio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile.

Para ello, se evaluó el desempeño de todos los reguladores de la región y se revisó a detalle en la fase final su grado de innovación, autonomía, credibilidad, transparencia y eficiencia.

Cofetel no fue siquiera considerada para desfilar entre los nominados al premio, además de estar, desde el año pasado, por debajo del nivel mínimo aprobatorio en la escala de 1 a 4 (1.9) de acuerdo con la evaluación de Pyramid Research.

Así es como nos ven desde fuera. Tienen razones más que suficientes para dudar de nuestra capacidad para promover y ejecutar adecuadas políticas públicas y piezas regulatorias que den un impulso real en el sector de las telecomunicaciones. La lista de pendientes es amplísima a pesar de que los instrumentos legales están al alcance de las autoridades (p.ej. portabilidad de número, Wi-Fi, Fondo de Cobetura Social, licitaciones de espectro, dominancia, telefonía por Internet, planes fundamentales de interconexión, tarifas de fijo a móvil, abrir a la competencia las 200 áreas de servicio local faltantes, combatir prácticas discriminatorias entre operadores, etc...)

Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.

javierlozano@jlamx.com