Pemex y el debate de la licitación
Lunes 26 de enero de 2004
DE acuerdo con la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, las empresas del Estado deben licitar la contratación de bienes y servicios, así como todas las compras que realicen, con el propósito de combatir la corrupción, transparentar las compras gubernamentales, lograr una competencia sana y obtener los mejores precios del mercado; sin embargo, la paraestatal Petróleos Mexicanos nunca ha licitado la contratación del transporte terrestre por autotanque de productos derivados del petróleo, a pesar de que para este año asignará contratos por unos mil 800 millones de pesos entre unas 150 empresas privadas integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Por ese motivo, el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, ha sostenido en las últimas semanas varias reuniones con Raúl Muñoz Leos, director general de Pemex y con Juan Bueno Torio, director general de Pemex Refinación, a quienes les ha pedido ordenar el transporte petrolero terrestre y, sobre todo, licitar la contratación de pipas o camiones autotanques como lo exige la Ley.
De las pláticas sostenidas con el secretario Romero, en la propuesta de reordenamiento presentada por el director general de Pemex Refinación se ha solicitado a la Secretaría de la Función Pública que dé un año más de gracia en la asignación directa de contratos y, posteriormente, licitar cada año el 25% de la contratación del autotransporte terrestre, para que en un plazo de cuatro años, a partir de 2005, quede totalmente regulado.
Sin embargo, mientras en los próximos días seguirán las negociaciones de Petróleos Mexicanos con la Secretaría de la Función Pública para transparentar el servicio del transporte terrestre de petrolíferos, la Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex Refinación continúa con la firma directa de convenios denominados "transporte dedicado" con empresas transportistas privadas, las cuales en su mayoría han aceptado cláusulas como la que establece una "terminación anticipada" en el momento que lo decida Pemex Refinación.
Dicha cláusula, que ha causado nerviosismo, preocupación y malestar entre algunas de las empresas incorporadas a la Canacar, establece que "Pemex Refinación podrá dar por terminado anticipadamente el presente convenio cuando concurran razones de interés general, para lo cual deberá comunicarlo por escrito al transportista con 20 días naturales de anticipación a la fecha en la que se desee dar por terminado".
Lo anterior, dicen los transportistas inconformes, es injusto y provoca incertidumbre financiera a las empresas, las cuales no pueden realizar una planeación adecuada de sus inversiones porque en el momento en que Pemex lo decida cancelará los contratos y los transportistas no podrán hacer nada; inclusive pueden irse a la quiebra.
El director general de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, asegura que ya arrancó el reordenamiento del transporte terrestre por autotanque de productos derivados del petróleo, lo que ha permitido a la paraestatal ahorros de unos 500 millones de pesos anuales, pues se bajó de 22 pesos por barril que costaba a Petróleos Mexicanos transportarlo en 2002, a sólo 19 pesos por barril en 2003, y se estima que costará lo mismo en 2004.
Actualmente se transportan diariamente por autotanque 160 mil barriles diarios de productos petrolíferos con mil 100 camiones, a un costo de 104 mil pesos por mes para cada autotanque que debe cubrir un mínimo de 8 mil kilómetros, cuando anteriormente Pemex Refinación pagaba 134 mil pesos.
Entre las protestas de algunos transportistas destaca la de la Asociación de Transportistas al Servicio de Petróleos Mexicanos, Clientes y Empresas Substitutos, la cual con 15 empresas asociadas mantenía en operación 800 camiones, y con la actual política de transportación se le ha reducido el servicio en 70%, al asignársele sólo 250 autotanques; pero bajo la premisa de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, las negociaciones entre Bueno Torio y la Asociación de Transportistas continúan para firmar contratos que a todos beneficien y se afecte lo menos posible a los transportistas, mientras que Pemex Refinación busca con razón disminuir su gasto en este servicio, por lo que esta semana podrían lograr algunos acuerdos importantes.
En un estudio sobre los cálculos de los costos de producción en Pemex Refinación hasta 2001, elaborado por profesionistas que laboraron por más de 10 años en el área de contabilidad de costos de dicho organismo, se establece que las pérdidas de productos en la transportación por ductos era un problema sin resolver, pues las tomas clandestinas se habían incrementado en el sureste del país, lo que provocaba importantes pérdidas, y ante ello se planteaba como una alternativa el transporte de petrolíferos por autotanques concesionados a terceros, sobre todo en las rutas consideradas como estratégicas para combatir la delincuencia y corrupción.
Desde el pasado 4 de enero, a 22 kilómetros del municipio de Ignacio de la Llave, en el estado de Veracruz, el pozo Lizamba 68 se descontroló al formarse una cavidad cuando era perforado por el equipo PM-0065, lo que ocasionó que el equipo de perforación se cayera y golpeara la torre de válvulas.
Dicho equipo de perforación depende de la Unidad Operativa Veracruz, División Norte de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos de Pemex Exploración y Producción (PEP); pero de acuerdo con trabajadores de la zona, este accidente industrial se ha agravado porque se formó un gran cráter y éste se llenó de agua, complicando el control de ambos pozos.
Además de la pérdida total del equipo de perforación PM-0065, desde el día 4 se ha liberado gas a alta presión a la atmósfera, con un fuerte costo económico, y se teme que la laguna Lizamba se haya contaminado por el lodo de perforación del pozo Lizamba 68. Se calcula que los daños ascienden a varios cientos de millones de pesos.
La información fue confirmada por PEP, al precisar que técnicos de la Subdirección de Perforación de la Región Norte continúan los trabajos para desmantelar el equipo PM-9113, despejar el área y controlar el flujo de arena y agua del pozo Lizamba 68, que se descontroló cuando era perforado a una profundidad de 149 metros y de pronto hubo un fuerte flujo de agua dulce combinada con arena. Esto, dijo Pemex, provocó que la estructura de perforación cayera sobre las válvulas del pozo y dejara escapar gas.
De acuerdo con los reportes técnicos, no hay trabajadores lesionados ni posibilidades de explosiones en la zona, pero dadas las condiciones existentes, los trabajos para el retiro de la estructura dañada y el control del flujo de ambos pozos se realiza con gran dificultad. Por ello, brigadas de trabajadores instalan una barrera con costales de grava y arena en la periferia del sitio en donde se localizan los pozos, con el fin de contener los lodos y evitar su escurrimiento hacia la laguna.
Sin embargo, trabajadores petroleros responsabilizaron del siniestro al subdirector de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Rogelio Bartolomé Morando Sedas; al subdirector de la Unidad de Perforación y Mantenimiento a Pozos, Pedro Javier Caudillo Márquez, y al gerente de Seguridad en los Procesos, Humberto Ríos Lara, algunos de ellos ex trabajadores de la empresa Dupont, en donde trabajó el actual director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos.
En la Secretaría de Gobernación andan tan preocupados en la precampaña de Santiago Creel para la Presidencia de la República, que han relajado la disciplina y vigilancia sobre funcionarios de esa dependencia. Un ejemplo es el actual delegado en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, el ex priísta Mauricio Gándara Gallardo, quien aprovecha su estrecha relación con el gobernador Pablo Salazar para asegurar su cargo federal, a pesar de que durante su gestión como secretario de Seguridad Pública del estado acumuló múltiples recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como varias denuncias penales en su contra por los delitos de secuestro, fraude, lesiones y despojo. Sólo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se emitieron 11 recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública cuando su titular era Gándara Gallardo, entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de abril de 2003, por abuso de autoridad, detención ilegal, tortura, robo, detención arbitraria, violación en materia penitenciaria, amenazas, violación a las garantías de libertad al trabajo y seguridad jurídica, dilación en la procuración de justicia y responsabilidad de servidores públicos.
Sin duda que se trata de un funcionario modelo del nuevo panismo.
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