Opinion

El gobierno federal ha demostrado, y con creces, su falta de arrojo y de habilidad para lograr una adecuada interlocución con sus pares y con las demás factores reales del poder. El Congreso se ha plagado de falsos nacionalistas que anteponen discursos malgastados a las verdaderas ideas y propuestas de rigor técnico. Y el sector privado, a su vez, no encuentra una forma unificada de levantar la voz, imponer condiciones y marcar el rumbo desde una perspectiva moderna y de competitividad de país. En suma, ni líderes ni reformadores.

Díganlo si no las expresiones absurdas de enfrentamiento al interior del PRI y de su bancada en la cámara de diputados, con golpes de timón y personajes trasnochados que hacen a un lado a quienes, a lo largo de una larga trayectoria pública y bien ganada, habían mostrado capacidad técnica y aptitudes políticas, como lo son los Roberto Campa, Francis Suárez, Paco Rojas, Tomás Ruiz y Miguel Ángel Yunes. Estos personajes son ya considerados como traidores por apoyar al gobierno en reformas que, si bien pudieran parecer insuficientes, eran mucho mejor que lo que tenemos y con lo que nos quedamos.

De su parte, el presidente Fox y el secretario Santiago Creel pasaron de un fracaso en la negociación de las reformas al pleito público con la oposición. ¿Ganan algo actuando así? ¿Será exhibiendo las miserias del contrario como crecerá su aceptación y popularidad? ¿No vendría mejor un cambio en la estrategia?

Hay un común denominador en todo esto, y tiene que ver con la aspiración a la Presidencia de la República. Creel y Roberto Madrazo están ocupando sendas posiciones públicas cuya relevancia dificulta jugar dos distintos papeles. Ambos tendrán que decidir, y pronto, si prefieren ir por la candidatura presidencial y dejar sus cargos o si se mantienen al frente de los mismos en pro de la gobernabilidad y renuncian, de plano, a su personal pretensión.

En ambos casos, el desgaste natural de la encomienda dista mucho de ser el mejor lugar para posicionarse de manera impoluta hacia "la grande". Y vaya que el país lo está resintiendo.

En cuanto a los aspectos fiscales, más allá de reformas parciales o de auténticos parches como lo fue el IEPS a telecomunicaciones, lo que es claro es que México ocupa el último lugar de todos los que conforman la OCDE en cuanto a su captación tributaria, relacionada con el Producto Interno Bruto. Así, mientras que México recauda el equivalente al 18% del PIB, el resto de los países lo hacen muy por encima del nuestro. Ese nivel de tributación se suma al ínfimo crecimiento económico que hemos experimentado en los últimos años (-0.3% en 2001, 0.9% en 2002 y 1.0% en 2003) mientras que la población, para ese periodo, ha aumentado en 1.54%, 1.45% y 1.12%, respectivamente.

¿Qué significa todo esto? Que no crecemos en la economía y nuestra población aumenta por encima del PIB cada año; que las necesidades de infraestructura, servicios básicos de salud, educación, alimentación y pensiones también crecen pero que nuestro gasto público no lo hace en la misma proporción porque no tenemos un nivel de recaudación apropiado. De esa manera, si no hacemos las reformas, seremos un país cada vez menos viable.

Eso no es todo. Se ha fincado una gran esperanza en que la gran reforma fiscal vendrá con la próxima Convención Nacional Hacendaria sin considerar que la misma servirá como nueva arena pública de enfrentamiento entre los propios integrantes del gabinete presidencial y entre el gobierno federal y los estatales. Fundamentalmente se discutirá la distribución de facultades y responsabilidades tributarias entre federación y estados. Por lo tanto, todo acuerdo tendrá que pasar por el Constituyente Permanente, es decir, por las dos terceras partes de los votos del congreso federal y por la mayoría de las legislaturas estatales. ¿Estarán todos en sintonía?

Y en cuanto a nuestra competitividad, mientras los precios y abasto de los energéticos y las condiciones de competencia, acceso y crecimiento de la infraestructura y servicios de telecomunicaciones no muestre signos reales de mejoría, otros países serán más atractivos que el nuestro y terminarán por llevarse los capitales de los inversionistas, los empleos continuarán esfumándose y seguiremos siendo tan pobres y soberanotes como siempre. Se trata, pues, de un problema de competitividad en un entorno global que requiere de reformas estructurales y de seguridad jurídica.

¿Quieren más razones para el optimismo? Entre mayo y noviembre habrá procesos electorales en 14 estados del país. Es decir, en lugar de pensar en las próximas generaciones, nuestros actores políticos estarán pensando en las próximas elecciones.

Se está a la mitad del camino y no al final del sexenio. No hay tiempo que perder. Las reformas urgen aunque tengan un costo político.

Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.

javierlozano@jlamx.com