nubes
Lunes 17 de noviembre de 2003
David Konsevick en Canieti que, en efecto, el país va por buen camino pero que el problema está en que vamos muy lento por ese camino. Tiene razón
Resulta que, después de tres años de estar esperando una nueva ley de telecomunicaciones, lo único a lo que ahora hemos de dar la bienvenida es a un conjunto de reglamentos que pretenden reorganizar la operación y atribuciones dentro de la SCT, incluida la Cofetel. Quienes asistimos a la Convención Anual de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), nos quedamos pasmados ante un somero anuncio por parte del titular de la secretaría, Pedro Cerisola, de que la pieza regulatoria que está por llegar es de orden estrictamente organizacional.
Nada se habló sobre la posibilidad de contar con una nueva ley o, al menos, con una posible reforma a la legislación vigente. Del tráfico internacional y las reglas sobre la tarifa única de liquidación o del retorno proporcional, nada. De la portabilidad de número, al menos en la telefonía fija, nada. De la posición de México ante la próxima cumbre mundial de jefes de Estado de la UIT respecto de la sociedad de la información, ni una palabra. Del aberrante régimen de inversión extranjera en el sector o de la posibilidad de dar entrada a comercializadoras de servicios, menos. Tampoco se hizo la más mínima mención al panel de controversias al que Estados Unidos llevó a México ante la OMC por supuestos incumplimientos de nuestro país.
No se hizo referencia alguna, lamentablemente, al tema de las licitaciones de espectro radioeléctrico después de tres años sin una sola licitación. Sí mencionó el secretario que se está estudiando la posibilidad de utilizar el espectro disperso para la operación de sistemas de internet inalámbrico con movilidad, lo cual sería una alternativa tecnológica que detonaría un acceso masivo de internet si se permite su aprovechamiento en frecuencias de uso libre. Pero, ya saben ustedes, las presiones para que eso no ocurra están a la vista y seguramente vendrá un nuevo frente de batalla.
Otro detalle que llamó la atención y que ameritó un extrañamiento por parte de muchos de los asistentes a esta Convención Anual de Canieti fue la ausencia del presidente de Cofetel, Jorge Arredondo, en el panel sobre telecomunicaciones. Fue invitado con toda oportunidad, anunciado en el programa original, asistió a la inauguración con el secretario Cerisola y con el subsecretario Álvarez Hoth pero, de plano, decidió regresarse con su jefe y no participar en la mesa. Sus razones tendrá.
Y hablando de razones ¿qué motivos habrá tenido la Secretaría de Hacienda para proponer un recorte, en términos reales, del 50.8% en el gasto de inversión de la SCT para el 2004? Todos sabemos de la importancia de aumentar y no disminuir el gasto en infraestructura carretera. De ahí que no debe quedar como un dato más en el almanaque este insólito hecho. Una de las dos secretarías no está haciendo bien su chamba. O Hacienda por hacer tan bárbaros recortes, o la SCT por no saber gastar. ¿Usted qué opina?
A la fecha se han presentado 11 iniciativas de reforma en el sector eléctrico: PRI, cuatro; PAN, dos; PRD, tres y PVEM, dos. Seis de ellas han propuesto cambios a la Constitución como condición indispensable. Y lo es. Recuérdese que, en su momento, la apertura a la competencia en el sector de las telecomunicaciones precisaba una reforma al artículo 28 constitucional el cual, hasta 1995, establecía que la comunicación vía satélite era un área estratégica del ámbito exclusivo del Estado mexicano y que no se permitía la inversión privada en la misma. Ninguna ley secundaria podría haber salvado ese candado.
Lo que sucedió pues fue que, primero, se reformó ese artículo 28 y después vino la Ley Federal de Telecomunicaciones. La apertura, así, generó certidumbre jurídica y el resultado es que hoy se tiene competencia en ése y otros rubros del sector, mejor tecnología y menores tarifas.
Es la misma Constitución, en su artículo 27, la que establece que "corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto al prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".
La realidad es que lo que hoy está en debate no es la privatización de la CFE porque en la última propuesta del Ejecutivo este organismo seguirá siendo el monopolio en la prestación del servicio público de energía eléctrica, para todos los consumidores. Tampoco se abrirá el mercado porque de lo que se trata es que existan nuevas empresas para la generación de energía pero el Estado conservaría la propiedad, el control, el despacho y el manejo de las redes de transmisión y distribución del fluido.
Así es que mientras la palabra "generar" se mantenga en el artículo 27, como una actividad exclusiva de la nación y mientras el 28 se refiera a la "electricidad", a secas, como función exclusiva del Estado, ninguna legislación secundaria podrá abrir los espacios que se buscan para la inversión privada pues se caería en un evidente vicio de inconstitucionalidad.
Ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 22/2001. Ahí señaló que dada la incertidumbre jurídica generada por la probable inconstitucionalidad de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se requiere como mínimo una reforma que reconozca o se apegue a la situación actual. Ya es hora.
* Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.
javierlozano@jlamx.com
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