nubes
Lunes 11 de agosto de 2003
EN 1949, el Grupo Bufete Industrial, actualmente en proceso de quiebra, estaba integrado por 32 empresas subsidiarias dedicadas a la ingeniería y construcción de plantas industriales, obras de infraestructura urbana y vivienda, e integraba a un equipo multidisciplinario de mil ingenieros. Pero al paso de los años, la crisis económica afectó fuertemente a este corporativo mal administrado y su antiguo dueño, José Mendoza Fernández, decidió que era el momento de salvar su capital, aunque para ello había que sacrificar a miles de trabajadores y dejar de pagarles salarios e indemnizaciones, además de omitir cuantiosas deudas a otros acreedores.
Por ello, el ex presidente de Bufete Industrial es investigado por la Procuraduría General de la República por transferir a cuentas bancarias personales en el extranjero más de 70 millones de dólares, lo que provocó que ese grupo empresarial se fuera a la quiebra e incumpliera con el pago a los acreedores, incluido un crédito sindicado con bancos europeos y estadounidenses por 100 millones de dólares, con el consecuente retiro y pérdida de sus acciones en las bolsas de Nueva York y de México.
Actualmente el síndico que se encarga de la quiebra de Bufete Industrial, Jaime Espinosa de los Monteros, también es acusado por los trabajadores de la constructora de desviar los activos que conforman la masa concursal.
Antes de esta evidente crisis, Mendoza Fernández planeó en 2001 la venta de Bufete Industrial en sólo mil pesos al empresario Sergio Bolaños, ex socio de Joaquín Hernández Galicia La Quina y acusado de fraudes a Pemex, como una forma de precipitar la bancarrota de la constructora al sustraer los recursos que la administración de la compañía tenía reservados para hacer frente a sus compromisos, según las demandas penales y mercantiles presentadas en contra del fundador y principal accionista de la firma.Salvador Villalobos, ex director de Desarrollo de Negocios de Bufete Industrial y uno de los principales acusadores, narra cómo a partir de 1998, por instrucciones directas de José Mendoza, la compañía comenzó a girar grandes cantidades de dinero en remesas hacia el extranjero. Entre las empresas que recibieron estos recursos se encuentran CBI, Profinsa y Ovalle Moore. En estas transacciones destacan las transferencias, de enero de 1998 a junio de 1999, por 53.2 millones de pesos a cuentas bancarias de José Mendoza.
Otras transferencias financieras de Bufete Industrial en el mismo periodo ascienden a 89.1 millones de pesos hacia cuentas de la empresa Servicios Corporativos Bufete Industrial SA de CV. También hubo envíos de dinero de Bufete entre enero de 1995 a septiembre del 2000, por 45.4 millones de dólares, a cuentas de la empresa Bufete Industrial Chile Ltda.
Los receptores de esos recursos eran empresas de Mendoza en Centro y Sudamérica, sin importar que la compañía tuviera que incumplir el pago de salarios y prestaciones a más de 5 mil obreros y mil 200 ejecutivos. Con activos por más de mil 109 millones de pesos, el adeudo que detonó la crisis de Bufete Industrial alcanzó precisamente los 700 millones de pesos.
Otro ex directivo del área de Finanzas de Bufete, Rodolfo Ornelas, recuerda que Sergio Bolaños no sólo fue cómplice de Mendoza en la quiebra ficticia de la empresa, sino que ostentaba abiertamente el tráfico de influencias en el interior de Pemex-Petroquímica Básica, cuando su titular era Jaime Mario Willars, actualmente sujeto a proceso penal por corrupción, para desarrollar un complejo químico en Altamira, que involucraría una inversión de entre 2 mil y 3 mil millones de dólares, y que se sustentaría en un contrato a largo plazo para la producción de naftas.
Sin embargo, en julio de 2002, Bolaños y su equipo reconocían que el proyecto con Pemex era un engaño y no se realizaría por las investigaciones que ya efectuaba la Contraloría y la PGR; incluso les recomendó a los directivos que buscaran a un abogado para demandar salarios y prestaciones correspondientes al último año.
Después de la simulada venta a Sergio Bolaños, quien estuvo asesorado por Eduardo Creel, José Mendoza Fernández aseguró que los nuevos propietarios pagarían sólo de 10% a 30% de las deudas de Bufete Industrial (alrededor de 700 millones de dólares), lo cual revela un delito cuidadosamente planificado.
Según ex trabajadores de la firma, en el contrato de compra-venta, Sergio Bolaños se comprometió a pagar a los trabajadores en el mes de julio del 2001, por cuenta de las empresas de Bufete Industrial, todo el pasivo laboral, cuyo monto ascendía a esa fecha a 57 millones de pesos, lo cual no ha ocurrido hasta hoy.
Una de la primeras acciones de Sergio Bolaños Quezada como presidente de Bufete Industrial fue la creación de una nueva empresa denominada Corporación Bufete SA de CV, con un capital social de 50 mil pesos, localizada en el mismo domicilio de todas las empresas del Grupo Bufete Industrial (Moras 850, colonia Del Valle, esquina Río Churubusco), en la cual dieron de alta a todo el personal técnico y administrativo que prestaba sus servicios a todas las empresas del grupo; esto, con la intención de que asumiera la responsabilidad laboral con todos los trabajadores, lo que constituyó un fraude en contra de los trabajadores, debido a que la citada compañía era insolvente y, por lo tanto, no tenía capacidad para hacer frente a los adeudos laborales con los trabajadores.
En septiembre de 2001, Sergio Bolaños, a través del administrador único Pedro Sandoval, presentó demanda de concurso mercantil ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, por 10 de las empresas más importantes del grupo, incluyendo a la controladora y propietaria de las acciones de todas las empresas subsidiarias denominada Bufete Industrial SA. Ese juzgado decretó con fecha 17 de diciembre del 2001 el concurso mercantil.
Como resultado de las transferencias hechas por José Mendoza a sus empresas en el extranjero, a partir de 1998 Bufete Industrial suspendió el pago de impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a instituciones de seguridad social como el IMSS e Infonavit, además de las cuotas correspondientes al SAT y las Afores, cuyo monto a marzo del 2001 ascendía a mil 127 millones de pesos.
Este saqueo sistemático, de acuerdo con los ex trabajadores de la firma, provocó que en el primer trimestre del 2000, Bufete Industrial incumpliera con el pago de un crédito sindicado con bancos europeos y estadounidenses por un monto de 100 millones de dólares, lo que provocó que sus acciones fueran retiradas de la Bolsa de Valores de Nueva York y posteriormente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
A pesar de que las remesas no pudieron ser justificadas, en abril del 2000 Bufete Industrial Construcciones, la principal empresa de construcción del grupo, presentó una demanda de suspensión de pago, la cual le fue concedida de manera irregular por el Juzgado Tercero de lo Concursal del Distrito Federal debido a que, según las impugnaciones presentadas, las administraciones de José Mendoza y Sergio Bolaños falsificaron los estados financieros que mostraban la situación económica de la empresa.
Otra de las irregularidades, según los documentos presentados ante las autoridades judiciales que se ocupan del caso, fue que a pesar de que desde su fundación Bufete Industrial Construcciones perteneció a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), días antes de iniciar la demanda de suspensión de pagos se afilió a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Álvaro Obregón, en el Distrito Federal, con la finalidad de simular, ocultar y facilitar por esta cámara la maniobra de declarar insolvente a la empresa.
Fue así como Bufete Industrial suspendió el pago de sueldos y prestaciones a los trabajadores a partir de 1999, 2000 y 2001, lo que provocó en esos años un gran número de demandas laborales que aún se ventilan ante las juntas locales de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
De hecho, el conciliador designado por el Instituto Federal de Concursos Mercantiles (Ifecom) concluyó en un dictamen sobre la situación de Bufete Industrial, que la venta de la empresas en sólo mil pesos a Sergio Bolaños fue ilegal y fraudulenta.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
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