Opinion

En primer término, valdría la pena destacar que, por más cuentas alegres que se hagan para maquillar un demacrado rostro democrático, lo verdaderamente relevante de la última contienda electoral federal fue el escandaloso abstencionismo. Esta expresión igualmente válida para quien quiere leer la realidad y no la ficción política, es la que debiera encender todo tipo de luces y señales de alarma entre los partidos, en quienes tienen a su cargo la conducción gubernamental del país y, en general, entre la clase política del país.

El hecho de que no haya acudido a las urnas casi un 60 por ciento del electorado no es más que una muestra de cansancio, escepticismo, repudio e incredulidad respecto del mensaje político moderno. Para la ciudadanía, en su mayoría, la oferta de los partidos y sus candidatos no ha sido suficiente para generar un apetito participativo. Más aún. Los resultados del gobierno del cambio en los últimos dos años y medio han causado una suerte de frustración general que lleva a una simplista conclusión de que, al final del día, "todos son iguales".

De ahí que el silencio convertido en abstención haya sido el signo distintivo de las elecciones del 6 de julio. Se trata de una decisión razonada y no negligente. La nueva composición del mapa político en el Congreso Federal ha de ser, en consecuencia, el residuo y no la sustancia. Por exclusión llegarán a San Lázaro 50 diputados menos del PAN, casi el doble de los que tenía el PRD, unos pocos de Convergencia y del Verde Ecologista, mientras que el PRI tendrá una engañosa mayoría que, ni por asomo, refleja lo que en realidad piensa y siente la gente. Festinan pues los partidos y sus dirigentes una victoria pírrica, tratando de confundir a la población con un mensaje ambiguo y hasta mañoso.

La verdad sea dicha: tan lamentable ha sido el desempeño de un gobierno que llegó con la mayor legitimidad de que se tenga memoria en la historia reciente del país, como la falta de imaginación, seriedad y respeto que debiera caracterizar a los partidos políticos y sus plataformas, de cara a un esquema de alternancia y normalidad democrática.

Y es ahí donde ha de inscribirse el marcado abstencionismo electoral. La ciudadanía se ha convertido en auténtico rehén de los partidos políticos y poco, en realidad, puede aportar a la definición de políticas públicas de Estado, que obliguen a unos y otros gobernantes, y que terminen por trascender sexenios y legislaturas.

No es de extrañar, en ese orden de ideas, que como tantos otros asuntos de interés público, no se perciba en la agenda de ninguno de los partidos políticos la menor intención de abordar el tema de las telecomunicaciones como una de sus prioridades. "Qué más da", han de espetar al ser cuestionados sus líderes y proyectos de coordinadores parlamentarios. Hay asuntos de mucho mayor rentabilidad política de cara al botín que representa el 2006.

Es precisamente ése el problema que se enfrenta. Hay una mínima conciencia entre los tomadores de decisiones sobre la importancia de la materia y respecto de las tareas que, en común, debiéramos estar construyendo para convertir a las telecomunicaciones en un sólido andamiaje.

Así que pensar en una suerte de cambio estructural verdadero en las áreas que están asociadas a la propia convergencia, al acceso de México a la sociedad de la información y al fortalecimiento de nuestra incipiente competencia en el sector de las telecomunicaciones, se antoja ingenuo.

No se ven, por otro lado, las figuras que podrían impulsar un cambio regulatorio de fondo en este tema. Los diputados que ya se habían involucrado en la materia salen en agosto y los nuevos se someterán -con honrosas y escasas excepciones- a una curva de aprendizaje tan costosa como inútil.

De otro lado, permanecerán los senadores que, para bien o para mal, han incidido en el tema de las telecomunicaciones como parte de su agenda personal o de grupo. Algunos de ellos fueron parte de la extinta Conferencia Parlamentaria y, seguramente, impulsarán nuevamente su iniciativa a pesar de que no pueda congregar los apoyos necesarios para consolidarse como nueva ley.

Por todo ello es que debemos insistir en que buena parte de lo que la industria, el consumidor y el sector en general esperan puede y debe ser atendido mediante una Agenda Alternativa impulsada e instrumentada desde el Ejecutivo Federal y sin necesidad de involucrar al congreso. Y en paralelo, también, habrá de diseñarse de inmediato una estrategia integral incluyente de planeación, persuasión y cabildeo que permita posicionar el tema del acceso pleno de nuestro país a la llamada sociedad de la información, como auténtica política de Estado y cuyo alcance quede plasmado, incluso, en la misma Constitución de la República.

Ya el 6 de julio dejó una clara y preocupante señal para el gobierno federal y para los partidos políticos. Hay mucho más de lo hasta ahora mostrado que se podría implementar en beneficio de un sector que está llamado a ser el motor de nuestro desarrollo económico y social. Se requiere para ello de visión, altura de miras, talento, compromiso, sensatez, firmeza y un poquito de humildad.

*Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.

javierlozano@jlamx.com