Opinion

Después sucedió con la inminente llegada de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ante lo cual Cofetel prefirió trasladar la responsabilidad de clasificar la confidencialidad o reserva de la información a las propias empresas del sector.

Más adelante, tramposamente se dijo que el tema de la dominancia no estaba bajo su ámbito de responsabilidad y que, en todo caso, no debería asumirse el riesgo de emitir una nueva regulación para Telmex en su carácter de agente con poder sustancial en cinco diferentes mercados relevantes, porque podría venirse abajo ante un embate legal.

Ya no se sabe si esta característica forma de manejarse cual avestruz obedece a una deliberada política interna de la Comisión, por "dejar hacer y dejar pasar"; o bien si se trata del cumplimiento de instrucciones superiores por no "hacer ruido en el sector"; o si se está frente a un problema de desconocimiento del marco legal que rige su estructura y atribuciones o, probablemente, si es que se trata de un problema amnésico que les impide revisar la historia reciente de los temas, para saber cómo manejar las etapas que siguen. Ah, falta una: no se descarte que puede haber una combinación de todas las hipótesis detrás de tan lamentable desempeño de la Comisión.

Parte de la desmemoria que padece Cofetel ha querido convertir una mentira repetida mil veces en verdad absoluta. Así, se ha dicho o pretextado que la falta de una acción seria en las tareas de regulación, supervisión y sanción por parte de ese desconcentrado se explica por la falta de un marco legal apropiado y que, además, la Comisión carece de instrumentos (a veces llamados "dientes") y de autonomía, respecto de la Secretaría para hacer valer su autoridad. Olvidan pues, quienes sostienen lo anterior que, con todo y sus defectos, imperfecciones, lagunas y demás críticas que válidamente se puedan hacer, fue precisamente con esta misma Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 y con esta misma Cofetel, ni más ni menos, que se impulsó y abrió el sector a la competencia en los servicios de larga distancia, acceso y telefonía local, con su consecuente licitación de espectro, comunicación satelital, televisión restringida, servicios en convergencia y banda ancha, y con cuyos instrumentos se logró una impresionante expansión en la telefonía móvil y en la gran variedad de servicios, con su consecuente mejora en la calidad, accesibilidad y precios de los mismos.

Es decir, desde 1995, la legislación en materia de telecomunicaciones no ha visto la más mínima reforma, ni la estructura y atribuciones de la Cofetel han sufrido mutación alguna. De hecho, se mantienen intactos tanto el decreto de creación de la misma como el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siendo este último ordenamiento el que distribuye las facultades que la ley confiere a esta dependencia del ejecutivo federal, entre la Comisión y las oficinas centrales de la propia Secretaría.

Sostengo pues que con ambos instrumentos, tal cual, se puede y debe trabajar y avanzar en la consolidación de la apertura a la competencia en el sector. Claro está que la toma misma de decisiones conlleva riesgos de todo tipo, desde la interposición de medidas de defensa por parte de quienes se sienten afectados por ello, como la permanente amenaza de ser procesados administrativamente con base en la inquisitoria legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Sin embargo, hoy como ayer, prevalecen los principios fundamentales para el sector, y que sirvieron de base para su impulso inicial. Esos principios nos enseñan que no hay peor decisión que la que no se toma, y que lo perfecto es enemigo de lo bueno.

En ese contexto, otro de los grandes mitos que se han reiterado es el de que una lluvia de amparos empapa cualquier intento por hacer las cosas y que, además, esos amparos están directamente vinculados con la debilidad estructural de la Comisión. Huelga decir que el amparo seguirá existiendo, pese a que se tenga una magnífica ley de telecomunicaciones, pues se trata de un derecho constitucional que forma parte de nuestro bagaje de garantías individuales y de la cultura jurídica del país.

Aprendamos pues a vivir con esa posibilidad latente de que se recurran y combatan las decisiones de la autoridad. Faltaba más. Lo imperdonable es no saber ventilar y negociar las decisiones previamente a su adopción con los actores involucrados; o bien, no darles el "blindaje" jurídico para evitar descalabros procesales o, peor aún, el sentirse derrotados ante la sola posibilidad del juicio de amparo, perdiendo en la mesa del gris funcionario lo que debiera combatirse con gallardía, legalidad y talento en los tribunales. Ya haré referencia la próxima semana a lo que la Cofetel podría hacer ahora mismo y sin necesidad de una nueva ley. Y ya verá el lector qué costoso es para el país pagar oscuros sueldos a quienes hacen de la mediocridad su religión.

* El autor es Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC .

javierlozano@jlamx.com