nubes
Lunes 19 de mayo de 2003
Miguel Badillo EL jueves pasado, el exsubsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, analizó con el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, los términos bajo los cuales la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) conocería la propuesta del nuevo convenio con la banca para realizar las auditorías que permitan concretar el intercambio de pagarés del Fobaproa por deuda del IPAB.
El mismo jueves por la noche, Carstens envió con un mensajero, a la Junta de Gobierno del IPAB, una copia del acuerdo alcanzado con González de Aragón; sin embargo el enviado buscó en vano en el edificio del Instituto algún representante de la Junta y al no encontrarlo tuvo que ser el propio secretario de dicho órgano de gobierno quien recibiera copia del documento enviado por Carstens, mientras los vocales independientes y Julio César Méndez, secretario técnico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, sostenían una reunión sobre la embestida que está enfrentando contra el IPAB.
La semana pasada explicamos en este espacio cómo el mismo presidente Vicente Fox ha cabildeado telefónicamente con legisladores en la Cámara de Diputados, en busca del apoyo necesario para terminar definitivamente con las auditorías light a los bancos involucrados con el Fobaproa, a fin de poder intercambiar los pagarés del Fobaproa por deuda del IPAB.
Así, los vocales independientes confirmaron, a pesar de que no se encuentra en el orden del día, que el próximo miércoles 21 de mayo la Secretaría de Hacienda llevará al seno de la Junta de Gobierno el tema de las nuevas auditorías.
Sin embargo, antes de que eso suceda, la dependencia ha concertado reuniones con legisladores de varios partidos para convencerlos de los beneficios de la propuesta, argumentos en los que hasta ahora no figura la significativa reducción del monto destinado por el fisco al rescate bancario.
En los primeros días de esta semana el Partido de la Revolución Democrática convocará a los medios de comunicación para darles a conocer su postura y esperar la comparecencia de los vocales independientes ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.
Al final, el gobierno foxista, partidos políticos y auditores tendrán listo el escenario para una farsa más que afectará a millones de mexicanos.
Mientras las firmas de abogados contratados por la familia Xacur presumen que, hasta ahora, Banamex no ha logrado embargar ninguna de las propiedades de estos empresarios en México, a pesar de que lograron que las autoridades judiciales reconocieran el proceso de quiebra declarado en Estados Unidos, el empresario Nicolás Xacur demandó, por su cuenta, la liberación de garantías en varios créditos con el banco que presidía Roberto Hernández.
Además, Xacur exige el pago de costas en el juicio por más de 600 mil dólares. Lo extraño es que cada uno de los documentos del proceso han sido firmados por Nicolás Xacur, a pesar de que en varias de las fechas marcadas el empresario se encontraba en Líbano, por lo que se presume que algunas de las firmas son falsas. Hasta ahora, Banamex ya acumula el pago de varios millones de dólares a los abogados que siguen el caso, quienes, al parecer, no pretenden concluirlo para mantener sus honorarios.
En el juicio contra la cesación de obligaciones del Grupo Xacur, Banamex ha contratado a varios de los despachos como el de Miguel Hernández Romo; las autoridades judiciales de Estados Unidos especializadas en quiebras solicitaron los servicios como representante aquí en México de Darío Oscos, un exfuncionario de Banamex quien ahora le sigue la pista a los Xacur.
La familia Xacur Eljure, accionista de un conglomerado de empresas con participación en el sector de semillas y aceites, llegó a ocupar un lugar en el Consejo de Administración de Banamex a través de Nicolás Xacur, pues mantenía una cercana relación con el entonces presidente de ese banco, el empresario yucateco Roberto Hernández. En tanto, Jacobo Xacur, quien luego de incumplir el pago de créditos relacionados con Banamex por más de 200 millones de dólares, sigue dirigiendo sus compañías en suspensión de pagos desde el extranjero a pesar de que las deudas del Grupo Xacur aparecieron en la lista de créditos adquiridos por el Fobaproa, que representaron una pérdida por más de mil 308.7 millones de pesos, 57.5% de los pasivos que adeudaba a la banca el sector empresarial de Yucatán después de la devaluación de 1994.
Mientras Vicente Fox Quesada y Andrés Manuel López Obrador han propiciado una línea de conciliación con miras a los próximos comicios, Hilda Abascal, la contralora del gobierno de Michoacán, emprende una embestida contra los funcionarios perredistas del estado y lo festina con inserciones pagadas en la prensa. No obstante que las alianzas políticas son una experiencia novedosa en el terreno de la táctica y estrategia para obtener el poder, lo cierto es que sólo algunas han sido exitosas. Pero muchas se muestran frágiles y en su delicadeza se crean peligros innecesarios para el orden económico y social de aquellas regiones en que tuvieron buenos resultados en los comicios.
De las alianzas es fácil desertar como lo hizo el Partido Verde Ecologista de su pacto con el partido en el poder, cuando se deslindó públicamente del presidente Vicente Fox, bajo argumentos de incumplimiento y deslealtad. En Michoacán, la ruptura sigue un camino distinto.
La panista Rosa Hilda Abascal fue designada contralora del estado y desde esa posición dio una arremetida contra los priístas del régimen anterior, encabezado por Tinoco Rubí, atribuyéndoles abusos de poder y desvíos patrimoniales. Hasta ahí todo iba bien. Se trata del enemigo común.
Sin embargo, ya entrada en los mecanismos de persecución de las faltas de gobierno administrativas y penales, ha dirigido también sus baterías a miembros del PRD.
Pero esta embestida la da precisamente en tiempos electorales, y para estrenar la Ley de Acceso a la Información en Michoacán, Hilda Abascal publicó hace unos días un desplegado en el que señaló públicamente a los priístas y perredistas que ha castigado de acuerdo con sus expedientes. Cuando los michoacanos estaban a punto de aplaudir el esfuerzo del nuevo gobierno para conducir las cosas por mejores caminos, se dieron cuenta que en las listas de la contralora no existe un solo panista. Estas prácticas selectivas tienen siempre una manifestación autoritaria del poder político y al tener destinatarios concretos y específicos se delimitan situaciones partidistas que ponen en riesgo no solamente la alianza, sino la credibilidad y fortaleza del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel.
Los perredistas que acompañan al Ejecutivo michoacano en su gestión han demostrado disgusto ante el ataque de la funcionaria panista encargada de vigilarlos, controlarlos y sancionarlos.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
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