Opinion

Existe un buen número de ejemplos de asuntos en los que la propia Cofetel no ha intervenido como debiera o, peor aún, lo ha hecho para favorecer a uno de los operadores en detrimento de los intereses del resto. Eso que pareciera en un mero juicio subjetivo, en realidad se traduce en dos cosas igualmente graves: por un lado, en la incertidumbre jurídica que genera entre los inversionistas del sector y, por el otro, en la afectación de los legítimos intereses del consumidor. Por si fuera poco, cuando actúa la Comisión Federal de Competencia o la Procuraduría Federal del Consumidor para remediar una determinada situación, se desata en su contra una avalancha de críticas y de argucias legales intimidatorias.

En buena medida, las decisiones no tomadas, mal tomadas o mal ejecutadas tienen como coraza la falta de transparencia en cuanto a la rendición de cuentas se refiere. Poco se sabe, en realidad, de los procesos que se siguen para la preparación de una determinada decisión, mientras que la comunicación social no pareciera ser una de las principales preocupaciones de la Comisión.

Y así como dijimos que desafortunadamente en este país se castiga el actuar y decidir mal pero nunca el dejar de hacer o la negligencia como tal, también es claro que a pesar de las múltiples denuncias que se formulan a diario en los medios de comunicación sobre las faltas u omisiones que caracterizan la actuación del regulador, nada realmente sucede y nadie termina por pagar las consecuencias de esas conductas. Esto es, todo se vale porque, entre otras cosas, la falta de transparencia hace que dichos señalamientos se perciban por parte de la autoridad como meras conjeturas o como agendas estrictamente personales.

Afortunadamente estamos ya cerca de comenzar a vivir una nueva etapa en cuanto al acceso a la información pública gubernamental se refiere, con lo que aquello que no ha querido abrirse ante los ojos de la sociedad por voluntad propia, podrá muy pronto ser exigido y casi arrancado de los archivos del regulador para, de una vez por todas, saber y documentar sus faltas y omisiones.

Decíamos que no se trata simplemente de un juicio de valor o de la apreciación subjetiva sobre el trabajo de una institución sino la expresión de conductas que derivan en el debilitamiento de la competencia en el sector y en la transgresión de los intereses del consumidor.

De los casos más señalados y recurridos en los últimos meses y que, desafortunadamente, no han sido debidamente ventilados, se encuentran los relativos a la fijación de topes a los precios de la canasta de servicios básicos de Telmex para el periodo 20032006 en donde ha trascendido que los términos de referencia y el mandato girado a los expertos que intervinieron al final de ese proceso, no incluía la determinación del "brinco inicial" de precios sino únicamente el famoso factor de productividad. La información que difundió Cofetel sería falsa y el hecho mismo podría traducirse en que el consumidor termine pagando más de lo que debería si se aplicase estrictamente el título de concesión de esa empresa.

Asimismo, la determinación de exentar del requisito de presuscripción para el servicio de larga distancia en las líneas fijas de prepago de Telmex partió de antecedentes falsos y fundamentos débiles. El consumidor, una vez más, es privado de elegir al prestador de servicios de su preferencia y la competencia en ese rubro se ve claramente lastimada.

En cuanto a las tarifas de interconexión, raro por decir lo menos pareció el acuerdo al que se llegó en cuanto a la determinación de no moverse de la tarifa prevaleciente durante todo el año pasado y, peor aún, al no haber registrado los respectivos convenios para el conocimiento del resto de los operadores como marca la ley.

Lo mismo sucede con la negligente determinación de no impulsar o, al menos, estudiar con seriedad la posibilidad de introducir la portabilidad de número en las redes locales, fijas y móviles, con lo cual una vez más el consumidor resulta afectado al no poder cambiar de compañía telefónica o de domicilio y mantener su número telefónico como sucede en la mayoría de los países del mundo.

Otro caso que no ha sido atendido con oportunidad y equidad es el relativo a los desacuerdos prevalecientes entre operadores de telefonía celular para la transmisión de mensajes cortos. La negativa de Telcel de sumarse a los acuerdos con las demás empresas y la inexplicable pasividad de Cofetel para exigirle que lo haga como un verdadero asunto de interconexión afecta, para variar, a los usuarios de ese servicio.

Hay varios ejemplos más que iremos comentando y desentrañando a medida que fluya la información pública que, hasta ahora, ha sido guardad celosamente por la autoridad para, así, no rendir cuentas a nadie. Se llama transparencia, acceso a la información y legalidad. Los términos olvidados. Hasta ahora.

* El autor es presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones.

javierlozano@jlamx.com