Opinion

Si algo quedó claro en el seminario celebrado la semana pasada sobre "Tendencias y Retos del Marco Jurídico de las Telecomunicaciones", organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., por el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C., y con el patrocinio adicional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, es que la obligación del gobierno federal, a través de sus distintas autoridades institucionales, es la de cumplir la ley vigente, tal cual, en lugar de estar esperando la llegada de una nueva. Y es que aunque parezca verdad de Perogrullo, la realidad de las cosas es que nos hemos trabado en un círculo vicioso en el que los funcionarios públicos parecen haber mutado su naturaleza para convertirse ahora en filósofos modernos, pues lejos de cumplir con lo que la ley les marca, pasan buena parte de su tiempo y exposición pública reflexionando sobre el nuevo rumbo del sector de las telecomunicaciones; sobre el nuevo paradigma legal; sobre el cambio de modelo; sobre la necesidad de crear un nuevo Plan Rector, y en una que otra intromisión en la agenda de temas académicos.

Decíamos la semana pasada que la última ocurrencia que se tuvo sobre el particular fue la de elaborar un Plan Rector "bien mexicanote", que no tuviera influencia de los modelos importados indebidamente del exterior y que le fueron impuestos a la indefensa industria sin siquiera haberle preguntado su opinión. Decía en ocasión de esa propuesta el Subsecretario de Comunicaciones que si bien tenemos ya un Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 "es un hecho que la realidad en dos años ha cambiado radicalmente por lo que si no nos ajustamos a esa realidad, creo que nos vamos a quedar atrás".

Ya dije también que el cumplimiento de lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo y sus respectivos programas sectoriales no queda al arbitrio de la autoridad en turno sino que, por el contrario, se trata de una obligación que la ley impone una vez que dichos documentos rectores han sido aprobados por el Congreso de la Unión. Así lo establece el artículo 26 de la Constitución y, también, la Ley de Planeación. Por eso es que sorprende (bueno, la verdad no tanto) que se diga, así sin más, que "la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe de sumarse a la idea de que debe de haber un plan y se debe de trabajar para ponerlo en blanco y negro", como si a la fecha no tuviéramos ya un Plan Nacional de Desarrollo y el correspondiente Programa Sectorial de la SCT para el periodo.

¿Qué será lo que está pasando? Una de dos. O bien ya no le gustó a la SCT el programa sectorial que ellos mismos elaboraron o bien no saben cómo ponerlo en práctica. Porque eso de andar alentando a la industria a elaborar un nuevo Plan Rector suena a que no tienen la menor intención de cumplir con el que ya existe, aún y cuando con ello estén violando la ley.

Además de reiterar que el cumplimiento del PND y del Programa Sectorial no es potestativo sino obligatorio, habría que recordarle a la SCT que este último fue expedido en diciembre del año 2001 y no en el 2000, digo, por aquello de que la realidad de estos últimos "dos años" ha cambiado radicalmente. Se antoja pues difícil que las cosas hayan cambiado tanto en poco más de un año como para echar el Programa Sectorial vigente a un cesto de basura y meterse a la dinámica de volver a convocar a todo mundo a un proceso que ha de llevar otro par de años, tal y como sucedió con el proyecto de una nueva ley, para terminar en el mismo punto de partida, con otro tercio del sexenio perdido.

Ya en entregas anteriores les comenté de lo que está pasando en la Unión Europea y, concretamente, sobre el asombroso caso de España. Ya vimos que no es cierto que se esté replanteando en el mundo entero el modelo de apertura y de competencia libre en el sector. No señores. Lo que está pasando en otros lugares del planeta es que están consolidando el proceso y el modelo. Están fortaleciendo los instrumentos y precisando sus regulaciones, pero no lo están cambiando ni están filosofando sobre nuevos paradigmas o sobre ocurrentes reingenierías de procesos.

Menos se entiende la propuesta de crear un nuevo Plan Rector de las Telecomunicaciones cuando uno lee el último párrafo de la presentación del Programa Sectorial vigente, suscrita por Pedro Cerisola, Secretario del ramo, en donde afirma "las que aquí se exponen son algunas de las líneas rectoras que dieron origen a este Programa, que se realizó bajo los postulados de la planeación estratégica, regional y prospectiva, con un horizonte de 25 años que establece el Plan Nacional de Desarrollo. En las páginas que siguen se presenta de manera pormenorizada lo que el gobierno federal se propone lograr en materia de comunicaciones y transportes durante la presente administración. Expone también los medios para llevarlo a cabo, así como las acciones que se planean desarrollar al interior del sector para contribuir decididamente en la puesta al día ye n la construcción de un México mejor. Ese es el propósito, ese es el desafío".

Ya iremos al detalle de lo que expone el Programa Sectorial e intentaremos desglosar sus aspectos positivos y negativos, los resultados a la fecha, las partes en que es omiso respecto de lo que dispone la Ley Federal de Telecomunicaciones, y haremos un repaso por la agenda pendiente. Ayudaremos pues a nuestros filósofos modernos a reubicarse en su realidad, que no ha de ser otra más que el cumplimiento de la ley.

El autor es presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.

javierlozano@jlamx.com