Opinion

Claramente se observa, de lo dicho por quienes respaldan esta nueva propuesta, que existe un sentimiento común de que algo tiene que cambiar, y pronto, en el sector de las telecomunicaciones del país. El problema, empero, no está en los propósitos ni tampoco para efectos de este análisis- en la ideología subyacente de cada postura. No. El problema estriba en que, otra vez, se pretende echar mano de los instrumentos equivocados para desatorar la parálisis en que se encuentra el sector de las telecomunicaciones en México.

Hace dos años, un nutrido grupo de entusiastas legisladores, apoyados por otro más de empresarios y en coordinación con la nueva administración pública federal, emprendieron lo que llamaron una reforma integral de la legislación en materia de telecomunicaciones. Tanto en su diagnóstico como en sus objetivos claramente se podía observar un sobredimensionamiento de los problemas y de la capacidad de los interlocutores por ponerse de acuerdo. Muchos dijimos, y lo dijimos hasta el cansancio, que el intentar una reforma de tal magnitud, en la que se partía de una radiografía borrosa de la realidad y en la que se vació cual "caldo tlalpeño" todo tipo de ingredientes recogidos a partir de las interminables consultas realizadas con todos los actores, acabaría en el cajón de los buenos deseos.

Así, han pasado más de dos años en los que, so pretexto de que "se está trabajando en una nueva ley", las cosas simplemente no terminan por suceder en este sector. Es el pretexto perfecto para justificar la falta de decisiones regulatorias y administrativas, así como la falta de seriedad y firmeza en las labores de supervisión, vigilancia y sanción; la razón óptima para detener inversiones, para defenderse ante el consejo de administración de los malos resultados de algunas empresas y, desde luego, para que los funcionarios públicos puedan seguir cobrando un salario a costa de los pagadores de impuestos, hagan o dejen de hacer lo que sea.

¿Cuál es el resultado de todo ello? Ya lo dijo el senador Javier Corral en la misma reunión en que se lanzaba la propuesta del nuevo plan rector: el dictamen de la iniciativa de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones "duerme el sueño de los justos", y llamó "cómplices del subdesarrollo" a quienes la detienen. Muy bien. ¡Qué valiente afirmación! ¿Y luego? Pues nada, que seguiremos con la falsa expectativa de que ahí vienen nuevas reuniones de trabajo, de análisis, que ya están platicando "al más alto nivel" para destrabar el dictamen, que ahora que entre la siguiente legislatura entonces sí van a ver, etc., etc. Total, que ni ha llegado la famosa nueva ley y, como dijera Don Teofilito, ni llegará.

Entonces, como lo de la ley comienza a pasar a segundo plano, lo nuevo y atractivo será hablar del nuevo plan rector. Seguramente se convocarán mesas para el diálogo, para definir agendas, para establecer metas, programas, líneas de acción, objetivos, responsables y demás. Vendrán declaraciones de todo tipo, se dirá que hay importantes avances y que, con ello, si el Mesías no llegó empaquetado en el cajón de la nueva ley, esta vez sí que lo hará, envuelto en el oropel de un fabuloso plan rector que tanta falta nos hace para reactivar el sector.

A ver, nada más pregunto: ¿pues qué no tenemos ya un Plan Nacional de Desarrollo 20012006 y un Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes con un "horizonte de 25 años"? ¿No ya el artículo 26 de la Constitución establece que "habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal"? ¿Qué no saben que la Ley de Planeación es de orden público e interés social? ¿No leyeron que su artículo 32 dispone que "una vez aprobados el Plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias"? Más aún, tómense la molestia de revisar el artículo 41 de la misma Ley de Planeación y verán que el mismo señala que "las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Ejecutivo Federal para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir y, en general, inducir acciones de los particulares en materia económica, social y ambiental, se ajustarán a los objetivos y prioridades del plan y los programas". Ah, y nada más por no dejar, échenle un vistazo también al capítulo VII de esa ley. Verán cómo se titula.

Ya entraremos a detalle la próxima semana y desempolvaremos el Programa Sectorial, para que así vean todos que ni estamos frente a un vacío legal ni, mucho menos, carecemos de documentos rectores o planificadores. Es decir, el vehículo está ahí estacionado. El problema es que no aparece por ningún lado el que trae las llaves para echarlo a andar.

El autor es presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.