Opinion

Sus hermanos, Felipe y José María, también accionistas y responsables de la millonaria deuda, prefirieron cambiar sus domicilios a Houston, Texas. Sin embargo, antes de salir del país para administrar sus compañías vía internet y mediante representantes legales, los Xacur demandaron ante un juez la suspensión de pagos de sus empresas con el propósito de contener las acciones de las instituciones de crédito.

El enfrentamiento, casi personal, entre Jacobo Xacur y Roberto Hernández, entonces presidente de Banamex principal acreedor de Oleaginosas del Sureste, debilitó cualquier posibilidad para renegociar los términos para el pago de la deuda.

Entre los empresarios de Yucatán se recuerda, incluso, el aparatoso operativo policial para ejercer garantías en contra de los Xacur, el cual estuvo encabezado por el exsubprocurador de la República Federico Ponce Rojas, quien ya era empleado del grupo financiero y se desempeña como vicepresidente de Banamex. Antes del incumplimiento de pagos, la relación entre los Xacur y Banamex era sumamente cercana, pues Nicolás Xacur era accionista y miembro del consejo de administración del Grupo Financiero Banamex-Accival. Ahora, Nicolás Xacur, con empresas que participan en el mercado de fertilizantes, es el único miembro de la familia Xacur que se mantuvo al margen de este enfrentamiento con la banca y de las acciones judiciales.

La noticia es que después de diez años de diligencias y de que gran parte de la deuda de los Xacur fue asumida por el Fobaproa como parte de las compras de cartera y procesos de capitalización de la banca, el pasado 19 de diciembre de 2002 el juez cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Alejandro Villagómez Gordillo, dictó la sentencia que otorga el reconocimiento de los procedimientos de quiebra decretados en Houston, Texas, respecto de Jacobo, Felipe y José María Xacur Eljure. Dicha resolución también otorga el derecho a la cooperación internacional con la juez federal de Quiebras de Texas para el Distrito Sur de Houston, Karen K. Brown.

Con este reconocimiento proceso que estuvo a cargo del despacho Oscos Abogados procederá, por primera vez, una ejecución de la sentencia extranjera de quiebra en la República Mexicana para la toma de posesión y liquidación de activos para pago a los acreedores por un monto superior a 400 millones de dólares, lo que significa que se devolverá algo del dinero que el gobierno federal cobró a los mexicanos a través del Fobaproa para salvar a bancos y empresas.

Es decir, que una parte de dichos recursos tendrán que dirigirse al IPAB para resarcir en lo posible el costo que generó para los contribuyentes el rescate de la cartera vencida que generaron instituciones como Bancomer, Serfin, Inverlat, Confía, Banco Mexicano (Santander Mexicano), Inverlat y el California Comerce Bank.

Ahora, la Corte de Quiebras en Houston procederá a ejecutar los bienes de la masa concursal valuados en 400 millones de dólares, entre los que se encuentran ranchos, terrenos, casas, departamentos, empresas y acciones de las empresas Xacur (Grupo Xacur, S.A. de C.V. y Promotora Hinsa, S.A. de C.V,) dedicadas principalmente a la producción, distribución y comercialización de aceite comestible y sus derivados, con una participación de 25% en el mercado nacional.

En 1997, a través de un banco de inversión, Capital Alliance, los Xacur pretendieron venderlas en 400 millones de dólares. Sin embargo, esa operación fue prohibida por la Corte de Quiebras de Estados Unidos por violar la sentencia de quiebra y sus efectos.

Trascendió que las empresas no se liquidarán o cerrarán y que, por el contrario, su existencia y operación será mantenida para optimizar su valor y preservar la fuente de empleo y los derechos de los trabajadores, quienes tienen derechos constitucionales preferentes que serán respetados.

Al parecer, también algunos legisladores panistas encabezados por el senador Fernández de Cevallos no están conformes con las sanciones que se aplicaron recientemente a Televisión Azteca por haber operado la señal del Canal 40, sin contar con los derechos correspondientes sobre el título de concesión.

Algunos datos que ilustran por dónde atacará El Jefe Diego revelan que hasta mayo del año pasado, según la Secretaría de Gobernación, Televisión Azteca había incurrido en unas 96 infracciones desde que inició el gobierno de Vicente Fox, mientras que Televisa tuvo 127 violaciones.

La inconformidad de Fernández de Cevallos aumenta en la misma medida que lo hace la difusión de contenidos a través de los canales de TV Azteca, en donde se recuerdan situaciones y conflictos de interés que ha enfrentado el legislador panista y su amigo Lozano Gracia, como aquel caso que litigaron en contra de la Secretaría de Hacienda y a favor de la empresa Jumex o el pleito en contra de la reforma agraria; también se ha recordado el caso de lavado de dinero denominado Choza Rica y el esqueleto de la finca El Encanto en el proceso contra Raúl Salinas.

Ahora, al margen de las disposiciones del reglamento reformado a partir del decretazo de Vicente Fox, Fernández de Cevallos busca demostrar que el empresario Salinas Pliego incurre en violaciones a los títulos de concesión de los canales de televisión abierta, pues según el senador, utiliza dichos bienes públicos para dirimir conflictos personales, por lo que El Jefe Diego intentará conseguir un punto de acuerdo en la Cámara para que se revise la concesión de los títulos de TV Azteca, que la CIRT y la SCT se pronuncien en el caso y que el IFE investigue por los "ataques" en contra del PAN en un momento de campañas políticas.

La estrategia de Fernández de Cevallos cobraría mayor importancia frente a la coyuntura, pues el proceso para la renovación o revocación de los títulos de concesión de las frecuencias 7 y 13 estaría a punto de comenzar.

Aunque en el caso de los concesionarios de señales radiofónicas, el más reciente proceso de renovación de títulos tomó más de dos años, con los dueños de la televisión la negociación ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había sido suave y sin contratiempos. Pero ahora la historia podría cambiar. En la CIRT, por cierto, se observa con especial atención el enfrentamiento, pues como presidente de esta cámara, el vicepresidente de TV Azteca, Jorge Mendoza, tendría que estar cubriendo la tradicional buena relación entre concesionarios y los poderes de la Unión, sobre todo en épocas de elecciones.

Así, frente al pleno, éstos deberán alegar lo que corresponda y la PGR hará lo propio. Una vez que se realice la votación y se apruebe el desafuero, los petroleros podrían ser detenidos a la salida del recinto parlamentario.

Mientras eso sucede, los 20 testigos de descargo que propuso el PRI para declarar que no recibieron los recursos de Pemex para la campaña presidencial labastidista, rechazaron incluido Francisco Labastida acudir al llamado de auxilio de su propio partido, mientras que la Sección Instructora sacó el colmillo jurídico y abrió la puerta para que el interesado en este caso el PRI hiciera llegar los elementos que consideraba torales para su defensa.

De ahí que los priístas abandonaran a su suerte a los líderes petroleros y sólo trataran de negociar con el IFE los montos y los tiempos de la sanción económica que habrán de recibir y la cual se calcula en unos mil 200 millones de pesos.

Otro punto relevante que no puede dejarse de investigar es que los escoltas y responsables de trasladar el dinero de los bancos hacia el PRI eran guardias presidenciales, es decir miembros activos del Estado Mayor Presidencial, quienes sólo obedecían órdenes del presidente de la República, en este caso Ernesto Zedillo Ponce de León.

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