Lunes 13 de enero de 2003
LA PROCURADURÍA GENERAL de la República consignará en los próximos días ante un juez federal el expediente que involucra al exdirector general de PemexRefinación, Jaime Mario Willars Andrade, y a los hermanos Alfredo y Javier Miguel, propietarios de la empresa Productos Ecológicos (Proesa), por los delitos de fraude, estafa y peculado en perjuicio de Petróleos Mexicanos. Mediante engaños y simulaciones los hermanos Miguel fueron indemnizados con 140 millones de dólares por una planta de productos petrolíferos que nunca construyeron.
El gobierno federal considera tan delicado y relevante este proceso penal que vuelve a involucrar a exfuncionarios en el desvío de recursos de Pemex, que lo ha convertido en un asunto de seguridad nacional, en donde intervienen organismos e instituciones como la Secretaría de la Defensa, Inteligencia Militar, el Centro de Información y Seguridad Nacional, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, la Secretaría de la Contraloría, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal de la Federación.
De acuerdo con la averiguación previa que investiga la PGR a petición de la Secretaría de la Contraloría, hay suficientes evidencias sobre la responsabilidad de Jaime Mario Willars Andrade, quien fue amigo y compañero de escuela de Ernesto Zedillo, razón por la cual durante su mandato presidencial lo protegió y lo promovió en distintos cargos en Pemex, en donde realizó negocios que ahora lo llevan a enfrentar distintos procesos penales. El exdirector general de Pemex-Refinación es acusado por el contralor Francisco Barrio de defraudar 140 millones de dólares a esa empresa petrolera, y para ello contó con la complicidad de varios empresarios como Alfredo y Javier Miguel, Andrés Conesa y J. Nacif, quienes a pesar de haber incumplido un contrato para la construcción de una planta de Metil Terbutil Eter, producto que se utiliza para mejorar la calidad de las gasolinas, acusaron a Pemex ante una corte internacional de París y antes de que concluyera el juicio, esa paraestatal decidió, unilateralmente, indemnizar a la empresa Proesa con 140 millones de dólares.
Pero esa investigación que avanza en la PGR, también involucra a la Procuraduría Fiscal, la cual ha concluido que los hermanos Miguel evadieron el pago de impuestos por esos 140 millones de dólares, y en breve se presentarán las denuncias penales respectivas. Sin embargo, en las auditorías practicadas por las autoridades hacendarias a las empresas del Grupo Miguel, se descubrió que Alfredo y Javier Miguel cometieron otras irregularidades en el pago de impuestos de otras de sus empresas, como Inconcersa, lo que ya ocasionó que un juez girara órdenes de aprehensión en contra de los hermanos por el delito de evasión fiscal por cerca de 10 millones de pesos. Pero el problema mayor para los Miguel es su relación de "negocios" que mantuvieron con Jaime Mario Willars, pues según la PGR podrá enviarlos a prisión por los delitos de fraude y evasión fiscal.
Amigos desde su época de universitarios en la escuela de Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gonzalo Romero Matías, un poderoso comerciante de la Central de Abasto; Luis Méndez Jiménez, el principal accionista de Lumen, y Enrique Pimienta Huerta, exsocio de Alfredo Solloa Junco, fincaron durante más de dos décadas una rentable pero oscura relación de negocios.
A los cientos de demandas en México y Estados Unidos que se han presentado en contra de Enrique Pimienta Huerta y su hijo Hugo Pimienta Blanco, se suma una nueva controversia entre este grupo que durante los últimos 17 años sumó esfuerzos para constituir en Estados Unidos el Grupo Financiero Interamericas a través del cual, de manera ilegal, se dedicaron a captar recursos en el territorio mexicano. Ahora, se estima que el monto de lo defraudado a inversionistas podría sumar 300 millones de dólares. En diciembre pasado, ante el Juzgado 32 de lo Civil del Distrito Federal, Pimienta Huerta contestó una demanda presentada por Gonzalo Romero Matías y su hijo Sergio Julio Romero Silva. Como administrador de la sociedad Paseo San Ángel en la que Romero Matías controla 57% y Luis Méndez Jiménez 43%, Pimienta Huerta acudió a los juzgados mexicanos a defenderse de severas acusaciones relacionadas con la malversación de activos propiedad de sus socios en Interamericas.
Ante las autoridades judiciales, Pimienta Huerta confesó que actuaba oficialmente como comisario, apoderado legal y administrador de dicha propiedad, en la que también aparecía como presidente a pesar de no contar con participación accionaria directa. En su declaración relata que las relaciones entre Matías, Méndez y Pimienta fueron "estrechas, cordiales y constantes", y que prueba de ello fue la sistemática aprobación de la administración en las actas de asamblea. Sin embargo, con el tiempo y por razones de la edad de los señores Gonzalo Romero Matías y Luis Méndez (con 70 y 66 años) y por razones de previsión de herencias y no habiendo compatibilidad alguna entre los hijos de ambos, empezaron las discrepancias y fricciones entre ellos por detentar materialmente el destino de los inmuebles propiedad de Paseo de San Angel, lo que propició que Pimienta actuara como moderador.
De manera paralela a sus negocios inmobiliarios, Romero Matías y Méndez Jiménez estructuraron un grupo financiero a partir de 1985, del cual son accionistas mayoritarios e inversionistas creando sus personales empresas off-shore fuera del continente, las cuales operan como paraísos fiscales con la denominación de Grupo Interamericas LTD, con domicilio en 48 Fitzwilliam, Square, Dublin, Irlanda. De esta controladora irlandesa, según Enrique Pimienta, dependen Interamericas Investments LTD, con domicilio en Century Yard, Cricket Square, Grand Cayman, Islas Caymán, así como Interamericas Financial Holding, Interamericas Holding Inc e Interamericas Corporation. También mencionó a Interamericas Financial Holding Corporation, así como a IFS Financial Corporation, controladoras financieras en Estados Unidos. Una de las principales intermediarias, según la declaración de Pimienta, es INV Capital LTD, operadora irlandesa de inversiones privadas a través de la cual se obtenía la captación de recursos de inversionistas mexicanos y de otras nacionalidades. A partir de Interamericas Holding Inc e Interamericas Corporation, Romero Matías y Méndez invirtieron en Intercam, Casa de Cambio; en Ficen, una sociedad financiera de objeto limitado; en la inmobiliaria estadounidense M.P. Corporation, así como Interamericas Corporate Services, una empresa de servicios financieros en Estados Unidos. Otras de las empresas eran la hipotecaria Accubanc Mortage Corporation; la aseguradora American Founders Life Inc y la compañía comercializadora Pueblo Corporation, que hoy se encuentra en suspensión de pagos en Estados Unidos bajo el capítulo 11. Este grupo financiero, según la declaración de Pimienta, se dedicó por más de 17 años a "mover" las inversiones internacionales de los grupos representados por Matías y Méndez, así como de otros inversionistas mexicanos y extranjeros. Gonzalo Romero Matías llegó a tener un monto de inversión superior a los 76 millones de dólares, mientras el grupo de Luis Méndez Jiménez llegó a controlar un monto de 11.5 millones de dólares. Pimienta detalló que las empresas del grupo Interamericas invirtieron en empresas localizadas en Estados Unidos y al llegar la recesión mundial se vieron severamente afectadas en su liquidez y en su situación financiera. Ahora, cientos de inversionistas reclaman sus inversiones, mientras que Hugo Pimienta vive en California iniciando nuevos negocios.
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