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Agenda Alternativa | Javier Lozano



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Lunes 16 de diciembre de 2002

El Pavo

¡Vaya cierre de año! Entre intentos fallidos por dictaminar iniciativas de ley, nuevos impuestos y otras curiosidades, transcurren las semanas en un sector convulsionado

Resulta que la tan llevada y traída nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, cuyo proceso anticipaba un verdadero choque de trenes, al intentar la dictaminación de dos iniciativas para el mismo tema, curiosamente impulsadas por legisladores priístas, en ambos casos, trajo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que no se dio ese choque de trenes; la mala es que ni siquiera salieron los trenes del andén.

Y es que al precipitar las cosas, el resultado tenía que ser así. ¿Cómo imaginar un dictamen en la Cámara de Senadores de aquella iniciativa construida en la extinta Conferencia Parlamentaria, si la víspera de su intento final se formulaban todavía una serie de modificaciones relevantes al documento del 28 de agosto? Resultado: no hubo los apoyos necesarios para su aprobación en comisiones y, por tanto, el documento tendrá que esperar mejores tiempos.

¿Y qué decir de la iniciativa cocinada desde San Lázaro, por parte de los diputados Raúl Cervantes y Francisco Javier Sánchez Campuzano? Lo primero es que quisieron hacer creer a todos que se trataba de un mero dictamen de aquella iniciativa presentada por Jesús Orozco y por Ochoa Camposeco, el 30 de abril, cuando a todas luces y según lo reconocen sus nuevos impulsores en la exposición de motivos, se trata de un articulado completamente nuevo. Es decir, es una tercera iniciativa, muy distinta a las dos anteriores que, por si fuera poco, en la misma parte motivativa aventura descalificar los trabajos de la propia Conferencia Parlamentaria; arremete contra las empresas de larga distancia; critica al modelo americano, y, para rematar, expone y arriesga a los funcionarios de la SCT, al afirmar que dicha iniciativa "cuenta con el consenso de las autoridades del ramo". Si hasta ahí llegara la cosa no tendría mayor relevancia que la sola imprudencia política, pero el tema fue más lejos. Resulta que esta iniciativa no sólo no es mejor que su competidora de la Conferencia Parlamentaria, sino que constituye un verdadero retroceso respecto de la ley vigente, es decir, de la expedida en 1995. Con una visión casi fóbica hacia el esquema de libre competencia, este documento no habla de recursos esenciales; ni tampoco de la desagregación de servicios, capacidades o funciones; ni menciona una sola palabra sobre portabilidad; ni transfiere las sanciones a Cofetel; ni permite que sea el Ejecutivo federal el que designe directamente a los comisionados, y autoriza a que las redes puedan desconectar a otras, sin permiso previo por un mero retraso de tres meses; ni le da importancia alguna a la posibilidad predatoria en tarifas; ni mucho menos le da peso real al tema de dominancia, para lo cual sugiere que hasta que no cause ejecutoria la declaratoria correspondiente, no podrá Cofetel dictar reglas específicas mismas que, por cierto, sólo se reducen a la posibilidad de vigilar.

Lo peor de toda esta historia legislativa que está cerca de llegar al nivel denominado fracaso, es que además de la caída de inversiones, la incertidumbre y el pasmo en el sector, el saldo en el desgaste personal entre los distintos actores avecina tormenta.

Será en enero, pues, cuando la SCT haya de mostrar sus fichas para la siguiente partida y así jugar su turno en cuanto a las actuaciones administrativas, que tiene que emprender para mitigar los efectos de la no reforma , y para convocar a un verdadero acuerdo político. Será en el 2003, también, cuando el Congreso se aprestará a recomponerse en una nueva legislatura, en la que los recién llegados a la Cámara Baja puedan ver el asunto con ojos frescos e imparciales. Podría entonces renacer la esperanza de una nueva ley o, al menos, de una mera reforma (que por cierto no es una mala opción).

Por si fuera poco, al tiempo de haber mostrado sensibilidad ante la desfalleciente industria de paging , y exentarla del impuesto especial de telecomunicaciones, el Congreso ahora optó por forzar la reducción artificial de precios en los sistemas de prepago, al ofrecer el mismo tratamiento de exención en aquellos casos en que la tarifa sea inferior a 3.50. Suena bien en principio para el consumidor y, sin embargo, a ver cómo resuelven el problemón operativo y técnico que representa el que exista una gran variedad de tarifas en esas modalidades de pago. Así, por no consultar antes las cosas, lo que pareciera una buena nueva para el consumidor, puede terminar por convertirse en un dolor de cabeza. Y ya para rematar, está la errónea interpretación de Secodam, en el sentido de que el comisionado de la Cofetel, José Luis Muñoz Balvanera, no puede conocer de los asuntos relacionados con Telmex, por ser jubilado de esa empresa y recibir de ella una pensión mensual: es el colmo. Habrían de distinguir quienes formulan este tipo de opiniones la diferencia entre una relación laboral o un interés personal con un derecho adquirido de relaciones anteriores, que no depende siquiera ya de la voluntad de la telefónica, sino que es una obligación que se le impone por ley. Entiendan bien que el tema de conflicto de intereses es un asunto ético y de cada quien, y que en ese absurdo afán por interpretar siempre por el lado negativo, lo único que lograrán es que la gente competente salga corriendo del servicio público, como ya lo hizo nuestro amigo Gerardo Soria, a quien, por cierto, también desde adentro se le pretende intimidar para que no ejerza libremente su profesión de abogado especialista en telecomunicaciones. Faltaba más, mejor pónganse a trabajar y dejen de hostigar a la gente, que el pavo no está para rellenos.

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