Opinion

El nuevo riesgo que ahora asoma es el de la improvisación, pues pareciera que, en aras de concretar algún proyecto legislativo y salir así en la foto del recuerdo, se alistan ya sendos documentos para ser dictaminados, cuya fuente u origen es distinto y que, en el recuento de esta experiencia, habrán contribuido de igual manera a la perpetuación de la incertidumbre.

Este riesgo se acentúa por la precipitación que encierra el tomar decisiones en el contexto actual, donde la prioridad se centra en el paquete presupuestal y fiscal del 2003; en el ocaso de una legislatura y en la antesala de un año eminentemente electoral. Me explico: La llamada iniciativa oficial, o de la CPT, presentada ante el Senado de la República, el 28 de agosto y turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, fue objeto de una nueva fase de consultas con la industria y de estudios alternativos, con lo cual aquel proyecto fue sometido a una nueva revisión, para derivar en uno notoriamente diferente y que pretende ser dictaminado esta semana para su votación en comisiones. Claro es que, al eliminar capítulos o partes enteras del proyecto original y que habían sido motivo de las insalvables diferencias entre la industria y entre las autoridades mismas, el nuevo documento anticipa menores diferencias pero, también, menores efectos en su aplicación práctica para la competencia en el sector. Corre el riesgo de ser, pues, una ley light.

Asimismo, de la iniciativa presentada por Ochoa Camposeco y Orozco, el 30 de abril, sólo queda agraciadamente el recuerdo y, sin embargo, su existencia sirvió de base para que el diputado Raúl Cervantes, doctor en derecho y un legislador que sin necesariamente estar bajo los reflectores del sector, haya venido haciendo un trabajo serio y que pretende conjugar lo mejor de la iniciativa de la CPT, con las ideas que quedaron en el tintero, por parte del diputado Sánchez Campuzano, y con novedosos elementos que pretenden darle un contenido suficientemente atractivo como para lograr el apoyo de las distintas bancadas representadas en San Lázaro. Esta tercera vía que ya se tiene prácticamente concluida, será igualmente dictaminada y votada en esta semana, pero ahora en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

No se necesita ser un genio o un adivino para anticipar lo que habrá de suceder: se tendrán dos iniciativas dictaminadas y probablemente votadas en sus respectivas comisiones, pero en cámaras diferentes. Al momento de llevarlas al pleno, comenzarán los problemas y las divisiones en el interior de las fracciones parlamentarias y, si ello no fuera suficiente, el verdadero choque de trenes se dará cuando se pretenda que cada iniciativa, ya votada por la cámara de origen, pase por la aprobación de la cámara revisora. En pocas palabras, la que pase por diputados se va a atorar en la de senadores, y viceversa. El resultado final: un triste cero-cero, después de dos años de espera, con un enorme desgaste para los legisladores y para el Ejecutivo, con inversiones detenidas y una competencia menguada, a la par de un consumidor expectante, boquiabierto y olvidado: no se vale.

¿No sería mejor que, en lugar de que cada comisión legislativa prepare y apruebe su propia iniciativa y dictamen, se junten las notorias cabezas líderes de las fracciones parlamentarias involucradas, y se pongan a identificar los puntos en común y, sobre todo, la agenda nacional necesaria para la revitalización del sector? ¿No sería mucho más maduro el presentar un solo proyecto, tal y como fue la intención de crear la CPT, hace 20 meses, en lugar de estar jugando cada quien a su mete gol para ? Seamos serios: todos en el sector sabemos lo que realmente se requiere en la parte regulatoria y, también, aquello de lo que se puede prescindir. No pierdan de vista que, en esta materia, es imposible llegar a consensos, porque la estructura misma de las industrias, las asimetrías existentes y los diferentes intereses en juego, nacionales y transnacionales hacen de los consensos una utopía. Lo que sí se puede y se debe intentar es un nivel mínimo, realista, de conformidad y aceptación de los involucrados para llegar a puntos comunes, que permitan a Telmex seguir creciendo e invirtiendo; a los competidores hacer su lucha por una mayor presencia en el mercado, por la introducción de nuevas tecnologías y, sobre todo, por su sobrevivencia en el corto y mediano plazos; al consumidor, por mejores niveles de atención, calidad y precio en los servicios; y, a la autoridad, para que cuente con los instrumentos y mandato suficientes para tomar decisiones y regular los equilibrios del mercado, promover inversiones y supervisar a los actores.

En una palabra, llegó el momento del realismo. Si se puede tener una nueva y, sobre todo, una mejor ley que la que tenemos, enhorabuena. Pero, por el amor de Dios, que sea una y no dos. Si no es así, reconózcanlo, asúmanlo y empréndase entonces la opción B , en la que sea la autoridad en la materia (SCT) quien convoque y decida lo que sigue. Queda tristemente claro, en el recuento de los daños provocados hasta ahora, que la gran ausente en este prolongadísimo proceso ha sido la política.

javierlozano@jlamx.com