Opinion

Además del ya comentado tema relativo al ingreso notoriamente menor al esperado para el presente año (sólo se ha generado un 35 por ciento de lo planeado), ahora encontramos una reedición de los errores que se cometieron hace ya casi doce meses en una inmemorial sesión parlamentaria.

Nótese pues que, para el 2003, el Ejecutivo Federal tan sólo se dispone a aclarar las contradicciones y lagunas existentes en el decreto que aprobó el impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones (IEPS), pero no entra al fondo del problema, ni mucho menos elimina las aberrantes discriminaciones entre servicios gravables y no gravables.

Vamos a ver: siendo la telefonía el principal servicio de telecomunicaciones hoy día, ha sido exento del gravamen del 10 por ciento del IEPS. Qué bueno, pero no basta. Y mucho menos hace sentido si a la telefonía celular, que ya es casi dos veces mayor que la telefonía fija, efectivamente se le grava si se trata de contratos de pospago o de tarjetas de prepago por monto superior a los 200 pesos. Es decir, en tratándose de celulares (por ponerles un nombre común a los teléfonos móviles), el impuesto especial existe si media un contrato entre usuario y proveedor del servicio o si la tarjeta de prepago es superior a 200 pesos. Nótese pues lo discriminatorio de la medida al distinguir, por mero capricho, arbitrariedad, o ignorancia, servicios iguales con impuestos diferenciados.

Y es que la telefonía local, según las reglas de la materia, incluye no sólo a la telefonía fija sino, también, a la móvil. Tenemos ahí la primera discriminación, más aún si seguimos tomando en cuenta el número de celulares contra líneas fijas. Pero el colmo de la aberración es que también se trata de hacer una diferenciación entre los tipos de contratación del servicio, según se trate de pago y pospago y, peor aún, entre los servicios de prepago por el precio de la tarjeta.

¿En qué cabeza cabe que se aplique un impuesto del 10 por ciento si tenemos un contrato firmado, identificado con nombre, apellido, dirección, RFC, etcétera, y no aplicarlo si compramos una simple tarjeta para tener un teléfono móvil sin identificarnos y hacer idénticas llamadas? ¿Cómo es posible, también, que se diferencie impositivamente entre tarjetas según su precio?

Mucho pedir sería que el regulador explicara al presidente Fox si se vale diferenciar, para efectos del IEPS, entre los servicios tradicionales de telefonía móvil y los de radiocomunicación especializada por grupos (mejor conocida como "trunking"). Deberían ya saber que Nextel y otros concesionarios de ese tipo de servicio ofrecen ya a sus clientes un acceso a la red telefónica tal que, prácticamente, se asemeja en todo a un celular. De hecho, la propia Comisión Federal de Competencia ha concebido al servicio digitalizado de este tipo de redes públicas como un sustituto cercano al teléfono móvil típico, aun y cuando las redes de "trunking" no cuenten con su propia numeración. Y, sin embargo, en esta iniciativa, el Presidente de la República reedita una discrimación por el tipo de tecnología y no por el servicio. En pocas palabras, regresamos a la época en que las redes públicas no existían y la diferencia era meramente artificial por tipo de servicio cerrado y por tecnologías definidas. ¿Pues no que muy modernos?

En el colmo del absurdo, matan prácticamente a un servicio como el de radiolocalización móvil de personas (paging), mismo que ha venido decreciendo en la medida en que aumenta el número de usuarios de telefonía móvil, especialmente desde la entrada de la modalidad "el que llama paga". Y es que, mientras exentan del impuesto especial a la telefonía celular en tarjetas de prepago de menos de 200 pesos, mantienen el IEPS para el servicio de "paging", en cualquier forma de contratación. Esto es, el sustituto más cercano de la falleciente industria de radiolocalización es la telefonía móvil y, sin embargo, es justamente a ésta a quien se beneficia con la exención del impuesto mientras que se mantiene para el "paging".

Por último, sería bueno que los creativos asesores del Presidente le dijeran cómo van los amparos interpuestos contra el IEPS en telecomunicaciones. No sea que les pase lo mismo que con los impuestos sobre artículos suntuarios. Claro que, en este último caso, quisieron verse como auténticos y sensibles políticos y propusieron la derogación del mismo unos cuantos días antes de que la Corte les diera un sonado revés, por considerarlo -como lo que era una iniciativa viciada de inconstitucionalidad.

En fin. Sólo nos queda la esperanza de que legisladores de la talla y la sensibilidad del senador Eric Rubio y de los diputados Jorge Chávez Presa y Emilio Goicoechea logren su propósito, integrado ya como iniciativa en ambas cámaras, para derogar este ridículo gravamen, contrario a los mejores intereses del país, ineficiente en su recaudación y brutalmente discriminatorio.

En resumen, no será con impuestos especiales como se promoverá a las industrias de las telecomunicaciones ni, tampoco será con la fabricación de culpables y con pretextos que sólo esconden ineficiencias e insuficiencias en su actuación, como la autoridad reguladora alcanzará el nivel óptimo de respeto y credibilidad en el sector.

javierlozano@jlamx.com