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Agenda Alternativa | Javier Lozano



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Lunes 04 de noviembre de 2002

La fontana di Trevi

Es tiempo ya de que fluyan las decisiones que, en su ámbito, debe tomar el gobierno federal, para revivir al sector de las telecomunicaciones. Esperar a que llegue la nueva ley es ingenuo y hasta irresponsable.

Para Carmen y Javier, con un abrazo solidario.

Ya hemos comentado en diversas ocasiones que, a pesar del atorón legislativo que caracteriza al intento por contar con una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, existen una serie de temas que pueden y deben ser atendidos en el ámbito administrativo, con base en la ley actual y sin la necesidad de que intervenga el Congreso de la Unión.

A ese grupo de temas que podrían ser atendidos en la esfera administrativa es a lo que llamamos Agenda Alternativa , como una suerte de paliativo a la incertidumbre regulatoria que ha generado el proceso legislativo que pretende concluir en la expedición de un nuevo ordenamiento en la materia. Ya comentábamos, la semana pasada, sobre la existencia de dos iniciativas de ley, una en cada cámara del Congreso, de fuentes distintas y con objetivos también distantes. Hablábamos de la forma en que el proceso se ha dejado a su suerte por parte del gobierno federal y lo difícil que sería contar con un interlocutor único y legítimo, mientras la industria se encuentra fracturada y dispersa. Bueno, pues ahora resulta que ya no serán dos, sino cuatro las iniciativas que esperarán su turno para ser dictaminadas. Sí, como lo lee usted, según ha trascendido, el sindicato de telefonistas ha anunciado ya la elaboración de su propia propuesta, misma que habrán de presentar a través de alguno de sus representantes en San Lázaro. Al mismo tiempo, el diputado Francisco Javier Sánchez Campuzano (PRI) también ha dejado ver su intención de hacer lo propio, esta misma semana, con un documento que pretende tomar lo mejor de la iniciativa derivada de la entonces Conferencia Parlamentaria (CPT) y los conceptos que, a su entender, quedaron fuera de aquélla. Así, en un contexto legislativo realmente complejo, en que la prioridad estará concentrada en el paquete presupuestal del próximo año, en la discusión de las iniciativas relativas al sector energético y hasta en la posible reforma laboral; en medio de nuevos episodios de ruptura y distancia entre los poderes, los partidos y, ahora, hasta con los gobernadores de los estados; y de cara a las elecciones intermedias federales y a otros 13 procesos electorales en igual número de entidades federativas, sólo un ingenuo podría albergar la esperanza de que, en este periodo de sesiones y en esta legislatura, pueda cristalizar una nueva Ley de Telecomunicaciones. Aquí lo increíble es que pareciera que estamos ya ante la auténtica Fontana di Trevi , en la que todos quienes por ahí pasan se detienen a arrojar una moneda por detrás del hombro, pidiendo un deseo que, aunque parezca descabellado, no deja de ser una ilusión para el soñador visitante de Roma. Así, los legisladores han reabierto la discusión para todos quienes deseen pronunciarse respecto de cualquier punto relacionado con las iniciativas presentadas. Las nuevas propuestas, los pronunciamientos públicos y las discusiones en el interior de las respectivas comisiones legislativas han llenado esa pila de agua con monedas de todos tipos, denominaciones, nacionalidades y valores para terminar en un collage que a nadie dejará satisfecho. Y es que en materia de telecomunicaciones la regulación dista mucho de ser meramente plana, con reglas absolutas e incontrovertibles. De ahí que la terquedad de seguir sumando iniciativas y propuestas, como monedas en la Fuente de Trevi a nada bueno nos ha de llevar. Debe, como dijimos la semana pasada, haber un número limitado de rounds , para que esta pelea no sea eterna y la incertidumbre regulatoria llegue a su fin. Debe también entenderse que, en éste como en otros campos, no es posible llegar siempre a consensos y que la autoridad, ya sea legislativa o administrativa, según se trate, debe pronunciarse de una vez y para todas en el sentido que -a su entender- sea el más cercano a los objetivos nacionales que se persiguen. En otras y concretas palabras: para eso fueron electos, para gobernar y para legislar y no para realizar consultas tras consultas, y terminar sin llegar a ningún lado.

Si quisiéramos un gobierno o un congreso que nos pregunte cómo actuar en cada caso, tendríamos mejor un call-centerres con números 800, y diligentes telefonistas que recibieran nuestra opinión. Saldría más barato y perderíamos menos tiempo. Bueno, pues justamente es en ese orden de ideas que corresponde ahora al gobierno federal no sólo participar en las discusiones con el Congreso tendientes a definir, de una vez por todas, si habrá una nueva ley, con qué contenido y para cuándo. Pero, a la vez, ha de emprender desde ya la elaboración y expedición de todas aquellas acciones que, en su ámbito de competencia, permitan generar certidumbre, confianza y promoción para inversionistas, financieros y consumidores. Nuevas licitaciones de espectro, bajo modalidades novedosas que no necesariamente privilegien la recaudación de ingresos, sino que promuevan nuevas tecnologías y mayor cobertura y conectividad; poner en marcha el Fondo de Cobertura Social para zonas marginadas; la portabilidad de números y preparar el terreno para la entrada formal de la telefonía por Internet, entre otros, son temas de esa Agenda Alternativa a la que nos referimos. Ya iremos comentando uno por uno estos temas y, sobre todo, presentaremos las propuestas que les den viabilidad. Por lo pronto, qué deseable es ver decisiones firmes y objetivos claros. No hacerlo será tanto como condenarnos en el sector a seguir viviendo de ilusiones y buenos propósitos, cual si estuviéramos soñando ante la Fontana di Trevi .

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