Opinion

Así, la dirigencia nacional del tricolor, sus diputados y senadores que en ambas Cámaras son mayoría y el movimiento obrero organizado, se pusieron en pie de guerra contra la que consideran una ilegal acción del gobierno federal, 24 horas después de que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, anunció anteanoche que la firma de los convenios entre el ex director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana "reunieron los requisitos de legalidad respectivos y, por lo tanto, su formalización produjo efectos válidos para las partes que los suscribieron".

A la solicitud de desafuero de Romero Deschamps y Aldana, sorpresivamente, se sumó la del diputado local de Tamaulipas, Jesús Olvera Méndez, líder de la Sección 1, de Ciudad Madero, al que hasta ahora jamás se le había involucrado en el Pemexgate , el caso en el que, según el secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, caerían varios "peces gordos" que, francamente, dado el escándalo y la expectación que se crearon, aquéllos distan mucho de serlo.

Anoche mismo, a su regreso de una breve gira a Veracruz, el líder nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado, convocó a los miembros del comité ejecutivo nacional de su partido para analizar la situación y definir la estrategia de defensa de los dirigentes sindicales petroleros, bajo la premisa de la unidad partidista y de actuar legalmente ante la embestida gubernamental contra ellos que en este espacio anticipamos anteayer lunes.

A lo largo del día, algunos dirigentes priístas se reunieron durante varias horas con Romero Deschamps y Aldana para definir la estrategia a seguir, una vez que se haya solicitado oficialmente su desafuero.

Ambos líderes petroleros se mostraron tranquilos, aseguraron que no hubo nada irregular en los movimientos de dinero de Pemex al Sindicato, como lo manifestó anteanoche el Auditor Superior de la Federación y coincidieron en que afrontarán la solicitud de desafuero de la PGR y, jurídicamente, "lo que venga", al tiempo que reiteraron que no solicitarán licencia a sus cargos de representación popular y que ellos solamente le rendirán cuentas a los trabajadores.

Interrogado sobre si devolverían "algo" del presunto desvío de recursos que se les imputa, el senador Aldana, que es secretario de Finanzas del STPRM, declaró de manera tajante: "No tenemos nada qué devolver; lo que negociamos fue lícito" y rechazó que la prórroga al emplazamiento a huelga a Pemex esté dentro del conflicto que enfrenta, porque es un asunto estrictamente laboral que está en espera de que se resuelva.

Anoche, el titular de la PGR, Rafael Macedo, leyó un comunicado frente a las cámaras de televisión para informar de la solicitud de desafuero y a las 20:30 horas, después de que todo el día se mantuvo la expectación sobre el momento en que aquélla ocurriría, acompañado de dos de sus colegas, el agente del Ministerio Público Federal, Luis Alberto Téllez Bárcenas, se presentó ante la secretaria general de la Cámara de Diputados, Patricia Flores Elizondo, para entregar la documentación correspondiente, un expediente de 41 tomos y casi cuatro mil hojas, a la que acompañó la averiguación previa PGRUEDO/102/2002, en la que se señala que "existen suficientes indicios de la comisión de los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades".

La solicitud de la PGR fue presentada en San Lázaro después de que González de Aragón, auditor superior de la Federación, dio a conocer el Informe de Resultados sobre la Cuenta Pública del gobierno federal en el año 2000, en el que reveló que el ex director general de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, contó "en su oportunidad" con las facultades legales y administrativas correspondientes para suscribir convenios con el Sindicato, no así los directores corporativos de Finanzas y Administración, Juan José Domene y Carlos Juaristi Septién, que no estaban legitimados para hacerlo un día antes de que el Consejo de Administración ratificara y aprobara sus nombramientos, como tampoco el Subdirector Corporativo de Relaciones Laborales, Julio Pindter González, ni la jefa de la Unidad Ejecutiva de Normatividad, que carecían de facultades.

En conferencia de prensa, Jackson Ramírez, líder de los senadores del PRI, dijo que su partido no quiere ninguna concesión ni está pidiendo ningún privilegio ni ningún trato preferente, porque éste "no es un asunto que se pueda negociar; la ley no se negocia".

Recordó el político sinaloense que hay muchos expedientes abiertos también, a los cuales estarán atentos, y fue cuando dijo que "no se puede perder de vista que está en proceso de discusión y de resolución una denuncia de mi partido sobre los recursos de los `Amigos de Fox`".

Advirtió que si el solicitar el desafuero de los líderes petroleros "es el nivel que ellos le quieren dar a la discusión, nosotros vamos a ir a la defensa de los nuestros, con apego a la ley, y vamos, sin duda, a estar pendientes de cuál es el procedimiento y el desarrollo sobre la denuncia que el PRI presentó contra aquéllos en el IFE.

Jackson Ramírez aseguró que hay plena unidad de los senadores con los diputados y la dirigencia nacional de su partido para actuar en defensa de los dirigentes sindicales petroleros, a los que se pretende desaforar para consignarlos y procesarlos penalmente, y consideró que la petición de la PGR tiene lectura político-electoral del parte del gobierno y de su partido, el PAN, porque ambos están muy conscientes de que han ido disminuyendo sus espacios y no tienen una buena imagen, ya que han estado perdiendo elecciones y saben que hay un juicio negativo sobre su desempeño.

Destacó que "el auditor superior de la Federación, por lo pronto, determinó que los convenios son legales" y que si bien no es la autoridad responsable de exonerar a Montemayor Seguy, lo que dijo anteanoche "es una referencia muy importante de que los convenios son legales".