Opinion

Este hombre laboraba como subdirector de Operaciones de la FEADS, una de las agencias antinarcóticos de la Procuraduría General de la República. El actual titular de la dependencia, el general Rafael Macedo de la Concha, ha encontrado que estructuras similares a la FEADS fueron creadas por sus antecesores, con el propósito único de que unas estorbaran a las otras. Por ello intenta una reestructuración, que se ha ido retrasando a causa de bloqueos y presiones que vienen del interior mismo de la institución, o de otras áreas del gobierno.

El primero de mayo de este mismo año, otro comandante, Guillermo Robles Liceaga, director ejecutivo de Operaciones en la policía de la ciudad de México, fue acribillado cuando viajaba a bordo de su automóvil por una vía de alta velocidad en la metrópoli. Las indagaciones conocidas hasta ahora dan cuenta de que compañeros del propio Robles Liceaga se prestaron para tramar la emboscada, cumpliendo las órdenes de una mafia de traficantes de drogas que tiene su epicentro en el otrora pintoresco barrio de Tepito, con ramificaciones en Ciudad Nezahualcóyotl y en la delegación capitalina de Iztapalapa, una de las más pobladas y la más compleja de las que existen en la ciudad. Varios integrantes de esa banda han sido arrestados. La PGR difundió que una juez que prestaba sus servicios en Nezahualcóyotl y un magistrado están siendo investigados por complicidad con el grupo.

El lunes pasado el diario hermano "El Gráfico" publicó, en exclusiva, informes de que esa juez y ese magistrado no habían emitido directamente resoluciones judiciales para beneficiar a dicha banda, sino que ejercían presión sobre cuerpos policiacos y en el caso del magistrado, sobre otros jueces, con el fin de dar protección al grupo criminal. En otras palabras, El Padrino de Puzo, en versión mexicana.

Los casos de los comandantes Roldán y Liceaga cobran relevancia pues ambos investigaban el tráfico de drogas en la ciudad de México. Drogas que ya dejaron de circular en sombríos callejones o en atestadas discotecas, para aparecer, todos los días, en las mochilas de niños de primaria y secundaria, en muchas de las urbes del país. Desde enero de este año, siete jefes policiacos fueron ejecutados en las calles de la ciudad de México.

Estas noticias han hecho que la Judicatura prenda las señales de alerta desde hace tiempo. Hace unas semanas, el 11 de julio, un órgano interno del Consejo de la Judicatura denunció ante la PGR al magistrado Fernando Alonso López por evidencias de estar trabajando para los narcotraficantes en Guadalajara. Está bajo investigación por delitos contra la administración de la justicia, a lo que se le sumará delincuencia organizada.

En Mazatlán, Sinaloa, dos magistrados fueron asesinados. Existe la presunción de que un narcotraficante condenado a prisión apeló su sentencia mediante un abogado que le pidió una fortuna para sobornar a aquéllos y lograr sacarlo en libertad. Pero la sentencia fue ratificada, y el traficante se vengó con la vida del abogado y de los juristas, quienes al parecer eran ajenos a toda la historia.

Este prisma tiene muchas aristas: un ministro, Manuel Díaz Infante, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la capital, purga una sentencia por haber sido encontrado culpable de proteger, mediante jugoso soborno, a los acusados de haber vejado y asesinado a una menor en Acapulco. Pero Díaz Infante sigue recibiendo su sueldo como miembro del más alto tribunal en el país emolumentos tan altos como los del Presidente de la República, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal así lo dicta en beneficio de aquellos que se retiran del cargo como lo hizo habilidosamente este hombre o son jubilados. Por supuesto, a nadie se le ha ocurrido reformar tal ley.

Se precisarían varias entregas de Contrapunto para referir con más detalle este tipo de historias. Sirvan las enunciadas para documentar que en materia de procuración y administración de justicia, hay algo podrido que no ha sido abordado en esta época del cambio.

Ciertamente, es reconocida la mayor autonomía de la Suprema Corte, pero ello difícilmente puede ser atribuido al gobierno del presidente Fox. No faltan quienes identifican en el PRI el impulso inicial con la creación del Consejo de la Judicatura para este proceso de maduración del máximo tribunal.

En contraste, diversas iniciativas orientadas a fortalecer este proceso, como las reformas a la Ley de Amparo y la creación de tribunales especializados para el manejo de asuntos ligados al crimen organizado, muestran un rezago en este momento.

En este mismo campo actúan varios factores que entorpecen la coordinación entre instancias que al ubicarse en polos opuestos, lo único que logran es beneficiar a las mafias.

Es el caso del distanciamiento que según secreto a voces, existe entre la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública federal a cargo de Alejandro Gertz Manero y su similar de la capital del país, que encabeza Marcelo Ebrard.

En el gobierno de la ciudad ubican al doctor Gertz Manero atrás de la postura que envenenó la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox a raíz del nombramiento de nuevo jefe de la policía. "Gertz quería seguir siendo jefe de la policía aquí", se dijo entonces.

El diferendo con la PGR es aún más grave. Se asegura que a principios del gobierno, de esta dependencia surgió una investigación que incriminaba a Gertz. "Fue un tiro que le pasó rozando la oreja", dijo a Contrapunto una fuente muy cercana al asunto. Fue necesario que el propio presidente Fox interviniera para resolver el conflicto, en momentos en que Gertz amenazaba ya con renunciar, lo que hubiera creado un grave conflicto al naciente régimen.

Este es el panorama ante el que hoy, en su Informe de Gobierno, Vicente Fox debería asumir tropiezos y fracasos. Sería una forma de empezar a encontrarles una salida.

Una vez disipada la cortina de humo que representa siempre el informe presidencial, tendremos mayor claridad sobre las causas y perspectivas de la crisis que afecta al que fue granero de votos para el PRI durante los más de 70 años que estuvo en el poder.

El nacimiento de la CNC es mucho más reciente, pero surge de la misma corriente política que concibió a los grupos campesinos como palanca de apoyo incondicional al aparato gubernamental. Es añeja ya la frase que describía a esa central no como una entidad orientada a organizar a los campesinos para producir, sino para votar.

Luego del estado de insurrección al que los convocó Lázaro Cárdenas en los 30, durante un proceso masivo de expropiaciones que al michoacano le fue indispensable para crearse su propia base social frente al callismo, el sector rural entró en un estado de sometimiento que agravó su miseria y lo desmovilizó como actor de cambio político.

Desde hace años el llamado "voto verde" que otorgaba tanta influencia a los líderes campesinos dentro del PRI se ha venido desdibujando a pasos acelerados, pero aun ahora el Institucional es el partido que más sufragios cosecha en el campo. Eso no es del todo historia vieja, pues ya durante la administración Fox, Víctor Cervera Pacheco, un antiguo dirigente campesino devenido cacique y gobernador de Yucatán, se enfrentó a la Presidencia de la República y a la autoridad electoral, valido especialmente de su capacidad de movilización de masas de labriegos.

Lo que vive ahora la CNC de Heladio Ramírez es una tragicomedia que deberá ir seguida de una verdadera transición política en las agrupaciones campesinas del país. No será fácil ni terso. El sometimiento político del campo es un manantial en el que han abrevado durante décadas múltiples intereses, del más diverso signo. Ello ha favorecido no sólo al PRI sino a otros partidos. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, las trapacerías y componendas que en nombre de los campesinos protagonizó durante años el Partido Socialista de los Trabajadores, bajo la conducción de Rafael Aguilar Talamantes?

De la miseria del campo viven muchos ricos en la ciudad. Si la transición política en el agro no es acompañada con apoyos de diverso orden, el proceso puede ser largo y doloroso, sangriento incluso.

2 Faltarían dedos a una mano para enumerar a los que se aliaron para tender una celada a Martí Batres coordinador de los diputados perredistas e intentar un golpe en contra suya y de la dirigencia del PRD, que encabeza Rosario Robles, ambos del mismo grupo político. El escándalo contra Lenia Batres, hermana de Martí, huele sin embargo a leña del mismo hogar.

3 En Nuevo León llaman la atención dos factores: el hartazgo que causa el gobierno panista, y la falta de memoria sobre las cuentas pendientes de los aspirantes priístas. Un caso entre varios: Natividad González Parás perdió hace seis años la gubernatura y se desapareció para no pagar adeudos a medios de comunicación y otros proveedores. Poco después estrenó mansión, sin que explicara de dónde salió el dinero. Hoy pide apoyo a la palabra: "Cuando llegue te pago", dice.

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