nubes
Lunes 06 de diciembre de 1999
Ajuste de cuentas en la Secretaría de Hacienda
Corrupción en Administración de Aduanas
La derrota de la PGR en Ciudad Juárez
En el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se ha desatado una cacería de brujas en contra de ex directivos que fueron responsables de la recaudación tributaria hasta mediados de 1999 y que ahora, con propósitos aparentemente políticos, se han ordenado auditorías en su contra para embargarles cuentas bancarias y bienes, en lo que se ha calificado como un claro ajuste de cuentas que es orquestado desde la Subsecretaría de Egresos en colusión con la presidencia del SAT.
Un caso que ejemplifica lo anterior es lo ocurrido a Gonzalo Fabián Medina Hernández, secretario particular de Eduardo González González, quien hasta hace cuatro meses se desempeñó como presidente del SAT y fue sustituido por Alma Rosa Moreno, funcionaria que con el apoyo de Javier Madrazo, secretario particular de Tomas Ruiz, subsecretario de Egresos, ha iniciado una persecución en contra de sus antecesores.
Resulta que con fecha 11 de noviembre, Fabián Medina Hernández recibió un citatorio del SAT en donde se le informaba que un grupo de auditores visitarían su domicilio para el inicio de una diligencia, sin especificar el fondo del problema. Un día después, el 12 de noviembre, le notificaron al secretario particular del ex presidente del SAT el ?inicio de las facultades de comprobación? ordenado por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, es decir, se trataba del acta de inicio de una auditoría personal como asalariado por los ejercicios fiscales de 1997, 1998 y 1999.
Pero cuando Fabián Medina Hernández pretendió realizar movimientos en su contrato de intermediación con Grupo Bursátil Mexicano GBM Casa de Bolsa, en donde es cotitular su hermana Hilda Medina Hernández, pues se trata de una cuenta familiar, se encontró con que por instrucciones del vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Pedro Zamora, mediante oficio enviado con fecha 11 de noviembre, ordenaba a GBM Casa de Bolsa que se congelaran todos los fondos de las cuentas que existieran a nombre de Fabián Medina, para dar cumplimiento así a una solicitud de la Administración Central de Operación de la Fiscalización.
De igual forma le fue congelada la cuenta de cheques que tiene aperturada con Bital, misma que sirvió hasta hace cuatro meses para recibir los depósitos de nómina que ganaba como secretario particular del presidente del SAT. Además, con fecha del 22 de noviembre, le fue notificado a Fabián Medina el embargo de su departamento que habita en la calle de Patricio Sáenz 419-301, en la colonia Del Valle.
Pero en todas estas acciones, la Secretaría de Hacienda habría cometido abusos legales y ha violado los derechos humanos, pues el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, por unanimidad de votos, que es anticonstitucional el artículo 145 fracción II del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que la autoridad fiscal podrá embargar cuentas y bienes una vez iniciadas las facultades de comprobación y cuando tenga el ?temor fundado? de que se dilapiden los bienes tendientes a no cumplir con las obligaciones fiscales.
Los artículos 14 y 16 constitucionales señalan que nadie puede ser privado de la vida, bienes, posesiones y papeles si no es mediante mandamiento escrito de autoridad competente en el que funde y motive su proceder. En el caso que nos ocupa, las cuentas de Fabián Medina fueron embargadas un día antes, el 11 de noviembre, de que se iniciara la auditoría en su contra. ¿Estará enterado José Angel Gurría de estas persecuciones fiscales que realiza la secretaría bajo su mando?
Originario de Bilbao Vizcaya, España, José Luis Goicoechea y Chávarri llegó a México para ocupar, con la recomendación de un subsecretario de Hacienda, la administración de la aduana de Piedras Negras, Coahuila. Pero como el reglamento del SAT señala que para dicho cargo se requiere ser mexicano, logró con apoyos políticos un permiso de la Secretaría de Gobernación para laborar como coordinador de Servicios Especiales en la Administración General de Recaudación del SAT, con fecha de febrero de 1999.
Con la anuencia de la Secretaría de Gobernación, el español Goicoechea y Chávarri se encuentra en México como inmigrante (residente legal) y antes de quedar como encargado de la aduana en Piedras Negras, ocupó el mismo cargo en forma irregular en Ojinaga, Chihuahua, y en Veracruz. Otro problema de este funcionario aduanal es que nunca reportó a Migración el cambio de trabajo y de domicilio como lo estipula la propia Secretaría de Gobernación para los inmigrantes, incluso ya se hizo acreedor a una multa por incumplir esta disposición en 1994. Sin embargo, sigue trabajando para la Secretaría de Hacienda.
Con un sueldo mensual de 26 mil pesos, Goicoechea y Chávarri habita una residencia con cochera para seis vehículos y por la cual paga mil 400 dólares por mes, y le va tan bien en su trabajo en la aduana de Piedras Negras, que entre junio y octubre de 1999 adquirió seis vehículos nuevos: una Ram Charger color gris, un Neón modelo 2000, un Altima Nissan, un Chrysler 300M color cobre, una camioneta Silverado Tahoe azul marino y una Chevrolet Silverado roja con asientos de piel.
Algunas denuncias en su contra se han hecho públicas en Coahuila, como la de la Asociación de Maquilas de Piedras Negras, la cual acusó que les exigen sobornos por cada camión que le toca el semáforo rojo al cruzar la frontera. El ex cónsul de México en Eagle Pass, José Luis Suárez, informó en una reunión con agentes aduanales que dos veces a la semana se cargaban tráileres con Wisky y Cognac para cruzarlos de Eagle Pass a Piedras Negras por el carril de camiones vacíos, previo acuerdo con los agentes aduanales.
Otras acusaciones revelan sobornos para que se autoricen servicios extraordinarios en ferrocarril y puedan cruzar las 24 horas del día; pagos ilegales para servicios extraordinarios de exportación los días domingo, y cruce de tráileres con mercancía subvaluada.
El sábado 9 de octubre cruzaron por la aduana de Piedras Negras 15 tráileres cargados con ropa y calzado chino, de los cuales Auditoría Fiscal detuvo uno cuando circulaba en la ciudad y descubrió que carecía de documentación legal, por lo que se procedió a su embargo. La mercancía, con un valor de 230 mil dólares, está en custodia en los patios de la aduana de Piedras Negras y ya se busca llegar a un acuerdo para liberarlo.
Otro caso ocurrió el 29 de julio, cuando el retén del Ejército detuvo tres tráileres en el kilómetro 55.5 de la carretera Colombia a Monterrey, Nuevo León, cuando transportaban ilegalmente aparatos electrónicos, por lo que fueron confiscadas las unidades. El administrador de la aduana de Colombia cuando cruzó la mercancía ilegal era Carlos Alberto Tirado Enríquez, quien renunció con fecha 15 de agosto. A pesar de la salida del administrador, un grupo de ?coyotes? busca afanosamente a funcionarios de Auditoría Fiscal para que les devuelvan los tráileres detenidos.
El procurador general de la República busca ganar una discusión superficial para ocultar el fondo de un problema. Jorge Madrazo Cuéllar dice defender la soberanía nacional con la participación del FBI y la DEA en las investigaciones de los narcocementerios clandestinos en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero lo que debe defender es la vida para no tener que rastrear la muerte.
El exterminio de los seres humanos que se convierten en trozos de hueso y carne desvencijada recuerda las escenas intensas de los campos de concentración. El hallazgo en Ciudad Juárez ha producido ya sus primeras consecuencias. Pocos días después de la partida de Mary Robinson, resulta que los derechos humanos no son violados sino destruidos brutalmente con la ferocidad de quien es dueño de un campo de exterminio.
A la presencia de la violencia en Chihuahua, como si se tratara de algo que se ha petrificado entre ciertas capas sociales, han seguido las interpretaciones superficiales. La vanalidad con la que actúan las autoridades y sus críticos alejan la verdadera materialidad que debe observarse. Hasta ahora es discutible que el FBI, la DEA, la PGR y la SDN recojan juntos afanosamente ese reguero de cadáveres. A las escenas de fetidez, de crueldad y de oficio policiaco siguen las voces que critican de un lado y otro de la frontera, pero la pregunta más importante que puede formularse en este momento es: ¿en dónde estaban las instituciones políticas y jurídicas de Estados Unidos y de México cuando masacraban a cientos de personas en la frontera?
Ahora no deben llorar a los muertos que no supieron proteger en vida. Expresado en otros términos, las instituciones del país no son una ambulancia funeraria y el que la PGR recoja los cadáveres y levante actas ministeriales no indica que ha cumplido con sus responsabilidades; por el contrario, se confirma que han sido impotentes para proteger la encomienda fundamental de proteger la vida de los mexicanos. Nada tiene sentido, ni lo bueno ni lo malo, la virtud o el pecado, si el hombre es destruido sistemáticamente para ser arrojado como un montón de basura y después de esas muertes se confirma la derrota de quienes son los encargados constitucional y legalmente de proteger a los ciudadanos, sin importar su condición ni sus conductas.
Tan responsable es William Clinton y Jannet Reno, como Jorge Madrazo o el gobernador de Chihuahua y el alcalde de Ciudad Juárez. Hay que defender la vida para no rastrear la muerte.
1. Quien anda muy contento en la Administración General de Aduanas es precisamente su director general Omar Fayad, por el lujoso vehículo que recibió para usarlo en su servicio personal. Se trata de un Concorde LXI dorado modelo 1998 y, según dicen los que saben de vehículos importados, es el único automóvil de su tipo en el país. El único problema para que el ex jefe de la Policía Federal Preventiva siga paseándose en su automóvil nuevo es que se trata de una unidad que está reportada como robada en Estados Unidos. ¿Sabrán esto la Procuraduría y la embajada de Estados Unidos? 2. Por fin el nuevo Reglamento Interno del SAT fue aprobado por el Ejecutivo y así desde el 1 de diciembre todas las modificaciones hechas por su presidenta Alma Rosa Moreno entraron a la legalidad. De los dos meses que operó el reglamento sin personalidad jurídica ya ni para qué recordarlos.
3. Ahora que Roberto Madrazo Pintado volvió a Tabasco después de un sueño guajiro por alcanzar la Presidencia de la República, podría enfrentar una nueva investigación. Resulta que desde 1995 a la fecha, el gobierno de Tabasco se ha negado a entregar al gobierno federal la retención del impuesto sobre producto del trabajo que la administración del estado cobró en esa entidad y que asciende a un monto total de 20 mil millones de pesos. Un dato para la oposición en el Congreso basta con que revisen los ejercicios fiscales de 1995, 1996, 1997 y 1998 y encontrarán más sorpresas.
4. Un nuevo agujero fiscal más grande que el Fobaproa, motivado por una política equivocada en la recaudación, es la deuda por 26 mil millones de pesos acumulada por todas las dependencias del gobierno federal con la Comisión Nacional del Agua, responsable de dicha recaudación.
5. Los movimientos, cambios y ceses continúan en la Procuraduría General de la República para prevenir y combatir la corrupción, sobre todo la infiltración del narcotráfico en la dependencia responsable de combatirlo. Ahora les tocó a los delegados de la PGR en el Distrito Federal, Veracruz, Nuevo León, Baca California y Baja California Sur.
6. La investigación en contra de Raúl Salinas de Gortari por delitos contra la salud y ?lavado? de dinero continúa en México. La PGR reúne nuevos testimonios y más evidencias en la averiguación previa abierta sobre la presunta participación del hermano del ex presidente Carlos Salinas en la protección a bandas del narcotráfico y ?blanqueo? de capitales. Pero de esto hablaremos otro día.
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