Opinion

Los Arellano Félix nacieron como organización delictiva como lo hicieron todos los jefes del narcotráfico en México desde los 70, al amparo del último barón real de la droga, Miguel Ángel Félix Gallardo, actualmente preso en Almoloya. De acuerdo con reportes de inteligencia del gobierno mexicano, los Arellano Félix, quienes eran sus sobrinos, se encontraban entre sus principales colaboradores, como Ismael El Mayo Zambada, Héctor El Güero Palma, Joaquín El Chapo Guzmán, Baltazar Díaz Vega, quien ya murió, y Juan Ramón Mata Ballesteros, que tenía viejas ligas con el legendario Alberto Sicilia Falcón, y Miguel Londoño, del cártel de Cali. Iniciada en Sinaloa esta gran organización, la operación Cóndor los hizo mudarse a Guadalajara, donde se añadieron a las huestes de Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y el asesinado Manuel Salcido Zazueta, El Cochiloco . La detención de Félix Gallardo en 1989 desarticuló la organización y comenzaron a pelear entre ellos por el control de los territorios y por ajustes de cuentas que en nombre de Félix Gallardo, sus sobrinos ejecutaron con saña sobre familiares y cercanos de Guzmán y Palma. La recomposición en Tijuana con las organizaciones menores de Díaz Vega, Zambada y Jesús El Chuy Labra, quien era el financiero, los Arellano Félix se fortalecieron y comenzaron, en 1992, sus acciones militares contra sus rivales y enemigos.

La familia, cabeza del cártel de Tijuana, comenzó a capturar la atención de las agencias de lucha contra las drogas cuando Benjamín y Ramón muerto recientemente en Mazatlán escaparon de un atentado que 40 personas enviadas por Guzmán y Palma realizaron en noviembre de 1992 en la discoteca Christine de Puerto Vallarta. La respuesta fue inmediata: días después, quien se salvó de morir en un atentado en Guadalajara fue Guzmán, y el 24 de mayo de 1993, pensando que era él, sicarios del cártel de Tijuana asesinaron al cardenal Juan José Posadas Ocampo, quien fue al aeropuerto de Guadalajara a recibir el entonces nuncio Girolamo Prigione, quien había llegado a esa capital para la inauguración de una mueblería que, de acuerdo con fuentes de inteligencia mexicanas, era propiedad de Eduardo González Quirarte, el lugarteniente de Amado Carrillo, llamado El Señor de los Cielos . Para entonces, los Arellano Félix eran dueños de la plaza y de importantes rutas a lo largo de la costa del Pacífico, se movían, como sostienen testigos protegidos, libremente por todo el país, viajando a la ciudad de México y tomándose fotografías en Bellas Artes, paseando sin ser molestados. Inclusive, Benjamín y Ramón fueron a platicar con Prigione sobre el asesinato de Posadas, a pedirle su perdón y el gobierno mexicano, que sabía de la reunión, no hizo nada. La explicación posterior del entonces procurador, Jorge Carpizo, era que no querían provocar un enfrentamiento. Mucha más sangre, por ese pésimo cálculo político, se derramaría con la omisión.

El gobierno de Estados Unidos comenzó a actuar por su cuenta. Desde 1997 hubo operaciones dirigidas en contra de los aretes , como llaman a los Arellano Félix. El FBI, la DEA, Aduanas y el Servicio de Inmigración y Naturalización de ese país, en coordinación con el Centro de Inteligencia en El Paso, prepararon las acciones contra los Arellano Félix, que incluía el entrenamiento de agentes encubiertos en sus instalaciones de San Diego. De acuerdo con testigos protegidos, los adiestraron en operaciones de lavado de dinero, y por ello establecieron vinculaciones, ya dentro del cártel de Tijuana, con sus redes en Los Ángeles, Chicago, Las Vegas, Panamá y Colombia, en el exterior, y en Culiacán, Guadalajara y la ciudad de México. El gobierno mexicano no hizo nada. La Procuraduría de Justicia de Baja California entregó una amplia investigación sobre los aretes que le costó la vida al procurador cinco días después de anunciarla, pero la Procuraduría General de la República no actuó. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció en enero acciones contra empresas vinculadas al cártel de Tijuana las mismas por las que mataron al procurador, y el subprocurador Eduardo Ibarra Nicolín volvió a desestimarlas con el argumento de que nunca han tenido suficiente evidencia.

A Ibarra Nicolín le parecen insuficientes dos investigaciones y asesinatos. A su jefe, Rafael Macedo de la Concha no, por lo que el subprocurador se encuentra sujeto a una investigación federal. Tendrá que deslindar su responsabilidad el subprocurador. Igualmente, el Ejército está investigando a un empresario del Pacífico, acusado de narcotráfico y contrabando de autos en Estados Unidos, que aspira ser el próximo gobernador de Colima. En duda permanecen las autoridades federales y locales en Sinaloa, que proporcionaron credenciales de policía a Ramón Arellano Félix. Pero no son los únicos. Ciudad Juárez se ha convertido, a decir de las autoridades federales, en la plaza más "caliente" del narcotráfico. Existen evidencias de que el gobierno de Patricio Martínez en Chihuahua ha sido penetrado fuertemente por el cártel de Juárez, que maneja Vicente Carrillo, hermano de Amado, particularmente en las áreas de seguridad, procuración de justicia y medios de comunicación. No es nuevo. Un informe confidencial de los servicios de inteligencia del Pentágono de septiembre de 1991 ya reflejaba la preocupación de Estados Unidos por la actividad en el norte de Chihuahua, por la manera como el narcotráfico estaba lavando su dinero en maquiladoras, aprovechando las ventajas del Tratado de Libre Comercio. Después de los Arellano Félix, pero mucho antes que Tijuana, Ciudad Juárez es la parte clave en la lucha contra el narcotráfico hoy en día. No es sólo la forma como se está apoderando del estado, sino porque un par de primos y empresarios vinculados al cártel han establecido sólidas relaciones con personas muy cercanas al presidente Fox y con al menos un secretario de Estado, a quien han estado adulando en los últimos días, de acuerdo con fuentes de Interpol. El secretario en cuestión declinó opinar sobre el tema cuando se le preguntó por esas relaciones. Estos empresarios estaban emparentados políticamente con Rafael Aguilar, quien fundó el cártel de Juárez en la estabilidad de la era de Félix Gallardo, y con Rafael Muñoz Talavera, actualmente preso. Además de la información que tiene la DEA sobre ellos, el Servicio de Aduanas les tiene otras tres, una en San Ysidro, California, y las otras en El Paso, Texas. Es vital que el gobierno enfrente rápidamente lo que está sucediendo en Chihuahua y la estela de personajes vinculados al narcotráfico que los están penetrando. El golpe sonoro que dio el Ejército con la detención de Arellano Félix puede ser un esfuerzo temporal y marginal, un bumerán que se le revierta al presidente Fox como a varios de sus antecesores, de quienes se mantiene la sospecha de que golpeaban a unos para beneficiar a otros. Esta díada no le conviene al gobierno actual, que está recibiendo buenas calificaciones en la lucha contra el narcotráfico. Para mantenerlas, tendrá que profundizar su guerra.

r_rivapalacio@yahoo.com