Opinion

Sin duda alguna, los sabuesos de la Secretaría de la Contraloría lograron al fin descubrir su primer gran caso de corrupción que en los próximos días colocará en las primeras planas de los diarios al secretario Francisco Barrio Terrazas, quien sólo había tenido tropiezos con sus investigaciones, pero ahora las nuevas pesquisas le han permitido jalar uno de los hilos finos de una enorme madeja de corrupción, soborno y chantaje en perjuicio del patrimonio de los mexicanos.

La nueva investigación involucra a personalidades como el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el ex candidato priísta Francisco Labastida Ochoa y el ex director general de Petróleos Mexicanos Rogelio Montemayor Seguy. También estarían implicadas entidades como Pemex, el STPRM y hasta el mismo PRI.

El asunto que aún rastrean los auditores de la Secodam se refiere al supuesto desvío de más de mil millones de pesos de las arcas de Pemex con fines políticos y que todavía podrían estar a buen resguardo en bancos extranjeros, al más puro estilo salinista. Según las indagaciones, a mediados del año pasado, apenas unos días antes del proceso electoral para la Presidencia de la República, el entonces primer mandatario habría autorizado verbalmente al director general de Pemex la entrega del dinero para apoyar la campaña del priísta Francisco Labastida Ochoa, y para ello utilizaron al gremio petrolero.

Según las pesquisas, Montemayor Seguy entregó dos cheques, uno por la cantidad de 600 millones de pesos y otro por más de 400 millones a nombre del Sindicato Petrolero, el cual utilizaría parte de los fondos para la compra de votos de los trabajadores y otra parte sería canalizado directamente a la campaña del PRI. Lo que aún no se sabe es si el dinero llegó a su destino final, pues evidentemente los trabajadores petroleros no votaron por Labastida y en el Revolucionario Institucional deben saber si el dinero desviado de Pemex sirvió para cubrir gastos de campaña.

A pesar de que la información del presunto peculado ya está en manos de la prensa, los nerviosos y preocupados involucrados se han negado a dar la cara, mientras que la Contraloría espera la decisión del presidente Vicente Fox para presentar la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, en contra de quien resulte responsable y en donde todos los que participaron en el desvío de fondos tendrán que explicar los hechos descritos. Pero en medio del hermetismo de los presuntos implicados en el peculado, la semana pasada el ex director general de Pemex Rogelio Montemayor Seguy rompió el silencio y declaró al diario El Financiero , en clara alusión a la investigación en su contra, que "la administración foxista está obligada a comprobar todo acto de corrupción que denuncie o pretenda fincar a la pasada administración". Y para convencerse más a sí mismo que al reportero, le dijo: "Tengo la conciencia tranquila". Refugiado en las entrañas priístas, en donde se desempeña como coordinador de la mesa Proyecto de Nación y Programa de Acción de la Comisión Nacional de Organización de la 18 Asamblea Nacional del PRI, Montemayor Seguy afirmó que si bien no hay defensa en contra de "acusaciones sin fundamento y sólo con propósitos electoreros", también pronosticó que "eso no quiere decir que el tricolor buscará proteger a quien haya incurrido en algún caso de corrupción".

Los auditores del contralor Francisco Barrio indagan ya cómo fue que el ex director Willars firmó contratos y convenios por más de 2 mil millones de dólares con el consorcio Conproca, constituido por las empresas privadas la coreana Sung Young Engineering, la alemana Siemens y la mexicana Tribasa, y se olvidó de vigilar que los trabajos realizados se cumplieran con las especificaciones establecidas, por lo que en los próximos días también se le fincarán responsabilidades penales a dicho ex funcionario por los delitos de daño patrimonial, corrupción, fraude, negligencia y mala administración.

Las irregularidades descubiertas involucran el contrato PR-SP-035/97 para el proyecto Cadereyta de la refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa", en Nuevo León, adjudicado a Conproca mediante licitación internacional del 17 de noviembre de 1997, por conducto de la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación, la cual estableció un plazo de ejecución de 990 días a partir de noviembre de 1997 e inversiones por mil 618 millones 352 mil dólares para la ejecución del proyecto y otros 842 millones 988 mil dólares por concepto de financiamiento. Pero todo salió mal, las empresas privadas cobraron mucho dinero y la obra no resultó lo que se esperaba.

Por ejemplo, hace algunos meses se llevó a cabo un impresionante operativo en el barrio bravo de Tepito, hasta donde llegaron funcionarios de la Administración General de Aduanas con apoyo de las fuerzas de la Policía Federal Preventiva y agentes de la Policía Judicial Federal, con el fin de asegurar mercancía de procedencia ilícita. La acción policial permitió decomisar varias toneladas de aparatos eléctricos, pero para sorpresa de la autoridad, la mercancía estaba respaldada por documentación oficial como facturas y pedimentos de importación, por lo que no tuvieron más remedio que regresar la mayoría de la mercancía a sus legítimos dueños: los comerciantes de Tepito.

De ese despliegue de fuerza mostrado, lo que llamó la atención y que pasó desapercibido para los distintos medios de comunicación que cubrieron el publicitado operativo fue que varias bodegas que también estaban llenas de mercancía de contrabando no fueron cateadas por los efectivos policiales y esto no fue producto de casualidad alguna, sino que, según cuentan en el barrio de Tepito, ya están arreglados los comerciantes de la zona con las autoridades aduaneras encabezadas por José Guzmán Montalvo, actual administrador general de Aduanas. Se comenta que las entregas de dinero para dejar operar a los comerciantes se realizan en efectivo y la investigación de la Contraloría podría empezar por indagar el trabajo que realiza la funcionaria aduanal Luz del Carmen Garza, de quien dicen tiene una estrecha relación con Jacinto Valerio Inclán de Tepito.

Otro jugoso negocio que se ha denunciado sobre el medio aduanero y que ya es interés de la Secretaría de la Contraloría, apunta a Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde su administrador Jorge Pasaret Robles opera con una empresa denominada New Quality Textil Jeans Inc, con domicilio en el número 1535 de la calle Bassett, en El Paso, Texas. Lo que se investiga es que la citada empresa exporta grandes cantidades de tela de origen chino, al amparo del programa de maquila que está a nombre de la importadora Quality Jeans Laguna S.A., con domicilio en Prolongación Valle de Guadiana 675 Parque Industrial Lagunero, en Gómez Palacio, Durango, y resulta que ambas empresas tienen al mismo administrador, César de la Vega, quien trabaja directamente con el agente aduanal Francisco Rodríguez López, con número de patente 3723, y cuya representante legal es Gloria F. Escobedo Cruz.

También se indagan las versiones de que hay entregas de hasta por un millón de dólares para que la administración aduanal de Juárez permita las operaciones ilegales, pero se asegura que parte de ese dinero llega a funcionarios de alto nivel de la Administración General de Aduanas a cargo de Guzmán Montalvo. La investigación no termina aquí, pero por falta de espacio esta historia continuará...

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