Opinion

Por un lado, el hecho de que el rescate bancario, después de haber abierto un inmenso boquete en el débito público ?al grado de duplicar la deuda?, lejos de proteger a los ahorradores, a quien en realidad ha salvaguardado es a los dueños de los bancos y, si hay alguna duda, ahí está el caso de Banamex. De otra parte, especialistas, políticos y funcionarios han debatido hasta el cansancio sobre la legalidad que tuvo haber contratado, el gobierno Federal, deuda por encima de lo que le autorizó el Congreso.

La duda sobre si los pagarés que firmó el ex subsecretario Martín Werner, ahora en un exilio dorado y prudente ?por no decir preventivo? en Estados Unidos, corresponden a un trámite apegado a derecho; sin embargo, no es el único renglón, desde el punto de vista legal, que se le puede cuestionar al Fobaproa.

Según un documento en poder de este Índice Político , a la auditoría contable que ordenó la Cámara de Diputados que se aplicara al Fobaproa, debería corresponder también una auditoria jurídica.

Y es que, de acuerdo con dicho documento, el Fobaproa es un fideicomiso derivado de un mandato de ley y constituido por medio de un contrato. Pero en la Ley de Instituciones de Crédito que le da vida, está establecido que el Fobaproa no tiene el carácter de entidad de la Administración Pública Federal, dado lo cual no está sujeto a las disposiciones legales aplicables a dichas entidades, lo que constituye una ambigüedad, por no decir dualidad jurídica, a la que se le suma que también, por disposición de ley, el patrimonio del Fobaproa no contemplaba constituirse con aportaciones gubernamentales. Este estado jurídico "peculiar" hizo del Fobaproa un organismo que no estuvo sujeto a leyes como la Orgánica de la Administración Pública Federal, la Federal de Entidades Paraestatales, de Adquisiciones y Obras Públicas o de Ingresos. Las leyes que, sin embargo, podrían regular al Fobaproa, como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, los decretos de Presupuesto de Egresos o la Ley General de Deuda Pública, sólo lo someten a controles mínimos y en determinados casos, muy específicos.

Y aun cuando las bases generales del funcionamiento del Fobaproa están establecidas, la operación del mismo conlleva un alto grado de discrecionalidad, sobre todo del llamado Comité Técnico del Fondo, ya que conforme a la propia ley, a éste le correspondió fijar el importe de las obligaciones, así como determinar los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con cargo al mismo, toda vez que el dichoso comité jamás expidió las reglas de operación y funcionamiento para limitar dichas decisiones.

El último párrafo de la fracción IV del artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, obliga a la parte fiduciaria del Fobaproa, es decir, al Banco de México, a publicar en el mes de diciembre el importe máximo de las obligaciones que serán objeto de protección expresa del Fobaproa. Pero en diciembre de 1995 ?un año después de cometidos los "errores de diciembre"? el Banco de México no cuantificó nada y sólo se limitó a mencionar que el comité técnico del Fondo había acordado procurar el total cumplimiento de las obligaciones del "salvamento" bancario.

En esas fechas, el actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ya prestaba sus indispensables servicios a la nación, precisamente en el Banco de México, cual vicegobernador. Será acaso por eso que ahora pide a los legisladores olvidar el Fobaproa.

Todo lo anterior permite concluir que el Fobaproa siempre estuvo, aun desde antes del quebranto bancario, navegando en una enorme laguna jurídica, producto quizá de una deliberada voluntad de que así fuera. Las disposiciones son muy genéricas por cuanto hace a la operación del Fondo. Esto, aunado a la carencia de políticas y lineamentos y reglas de operación, dio lugar a un manejo de amplia discrecionalidad por parte de los directivos del Fobaproa, quienes gozaron en todo momento de la falta de un marco legal y de referencia, que impidió que se les evaluara, supervisara y controlara. Por eso fue el mayor atraco que sufrió la humanidad durante todo el siglo XX. Las víctimas aún somos los mexicanos.

El asunto está politizado. No en balde intervienen en él personajes como el senador Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont ?abogado de "la cuadra" del primero? y, claro, se pretende involucrar a familiares del ex presidente Miguel de la Madrid que, comprobado, nada tienen qué ver con el asunto.

Y en el fondo hay un pagaré, cuyo corredor fue Sánchez Pizzini y el adquiriente Peñaloza Webb, en representación del IMSS. Tenía un valor de 241 millones de pesos. Tras el colapso económico de 1995 su valor en el mercado se redujo a sólo 21 millones. Y, luego del escándalo, cuando los declarados culpables ya purgan sentencia, este papel es ilegalmente vendido ?requería de autorización del IMSS, encabezado por Genaro Borrego y de la CNBV? por el interventor designado por la Comisión Nacional Bancaria, Ignacio Núñez, mismo que liquida los pasivos de Jorge Hurtado, presidente de Anáhuac, a Banpaís. El adquiriente es Manuel Espinosa de los Monteros ?quien, curiosamente, luego es interventor de Anáhuac?, quien por Banpaís participa en el cruce del papel que no podía estar, no estaba, en el mercado.

Fue así que los interventores pactaron con el abogado de Jorge Hurtado, el ahora senador Diego Fernández de Cevallos, que éste cubriera con ese pagaré, al que dan valor de 122 millones de pesos, los pasivos que aquél tenía por 165 millones. Curiosamente, quizá por la intervención del "Jefe Diego" es que Banco Anáhuac, a la fecha, no ha sido entregado al IPAB para que, entre otras cosas, lo audite y determine qué fue lo que provocó su quiebra.

Otro dato curioso de este feo asunto es que el abogado de Tomás Peñaloza es el ya citado Fernando Gómez Mont que, como le dije, pertenece a los "establos" de Fernández de Cevallos. Y quizá por la intervención de ambos ?y de Farell? este asunto ya ha tenido cuatro sentencias. Ninguna de ellas coincide entre sí.

Político el asunto, pues.

De acuerdo con trabajadores y empleados del organismo, el Presidente de la República y el secretario de Hacienda, al fin decidieron hacer caso a las voces que han exhibido las ineficiencias, corrupciones y traiciones de ese equipo de priístas que designó Ángel Gurría para que "defendiera" los derechos de los usuarios de servicios financieros, pero ante el poco éxito que tuvieron en esa función, mejor se dedicaron a utilizar sus puestos para "grillas" ?e impulso a asociaciones fantasmas de economistas? o beneficios económicos personales.

Muchos empleados que pretendieron cumplir con su trabajo y que fueron relegados y subestimados, le deben a la administración que encabezó Aceves Saucedo y su ineficiente equipo, los momentos de bochorno y vergüenza que tuvieron que aguantar, ante las constantes quejas por la mala atención e insatisfactoria resolución a los problemas de los clientes de los negocios financieros. Es triste que en casi tres años de usufructuar posiciones, vehículos, salarios y negocios cuantiosos, Ángel Aceves y sus amigos no pudieron consolidar orgánicamente, ni lograron demostrar la utilidad de la Condusef para la ciudadanía.

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