Opinion

Severo revés podrían recibir por estos días los propietarios de las farmacias que ilegítimamente llevan ahora el nombre de Farmacias del Ahorro . Si las cosas les pintan mal, la suerte jugará en contra de sus intereses y se abrirá la puerta a que les presente cordial demanda por más de 20 mil millones de pesos. Y si anotamos "cordial" demanda es porque el monto del reclamo económico podría, incluso, duplicarse. Le explico esta historia.

Belisario Domínguez Solórzano es un empresario que en 1988 inició un negocio de farmacia al que nombró Farmacias del Ahorro . A lo largo de dos años don Belisario pudo, con la participación de su familia y de algunos amigos, sumar cuatro sucursales, todas ellas en los límites de Comitán de Domínguez, Chiapas. Presto se organizaba el negocio para crecer a otros puntos de la entidad cuando de la nada y como verdaderos conejos nacieron a lo largo y ancho del país otras Farmacias del Ahorro . Los responsables de este meganegocio, que proliferó como hongo en tiempo de lluvias a tales extremos que hoy cuentan con poco menos de 400 puntos de venta, 385 para ser exactos según el más reciente conteo, fueron los propietarios de la Comercializadora Farmacéutica de Chiapas S.A. de C.V . Nacieron en Tuxtla Gutiérrez con tan buena suerte y buen apoyo de capital que en muy pocos meses superaron ampliamente el número de sucursales que a lo largo de dos años pudo levantar la familia Domínguez.

Los dueños de la comercializadora, cuyo apoderado legal es Fernando Castañón Morell , iniciaron en 1992 sus negocios y cuando alcanzaron el número de 300 se dieron a la tarea de "solicitar amablemente" a la familia Domínguez que dejara de usar el nombre de Farmacias del Ahorro pues el no hacerlo así implicaría enfrentar una demanda por el uso indebido de la marca. Luego de la "invitación cordial", la Comercializadora Farmacéutica procedió a solicitar ante las autoridades del IMPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se infraccionara a los negocios del señor Domínguez por estar violando la Ley de la Propiedad Industrial. ¿Quién iba a pensar que los quejosos eran quienes habían violado la ley consciente o inconscientemente?

Por ello, y mientras se investigaba, el IMPI de Comitán decidió poner sellos a los anuncios de los negocios Farmacias del Ahorro en manos de Belisario Domínguez . Aunque la medida era cautelar, el entonces cuerpo de abogados de los Domínguez no contestó a tiempo y todo mundo pensó que el silencio de los afectados concedía razón a la Comercializadora. Quizá en este punto la estrategia legal de los intereses que defiende Fernando Castañón incurrió en exceso de confianza porque hoy los despachos que atienden a Castañón, a saber Baker & Mc Kenzie , sí, la multinacional y Del Valle Consultores están a un tris de perder este caso en una instancia que abriría luego la puerta a la demanda por daños y perjuicios que traería una cantidad impresionante de billetes como consecuencia de una derrota legal.

Los ahora ofensivos, el despacho que encabezan Ricardo Manuel Terán González y José Juan Pérez Sánchez le dieron la vuelta al caso y presentaron ante el IMPI nada menos que 979 pruebas que demuestran que quien utilizó primero la marca Farmacias del Ahorro es el señor Domínguez y no la empresa que representa Castañón y ante el cúmulo de datos y documentos contundentes se demostró que el padre de la marca era la familia Domínguez, pues la ejerció desde 1988 mientras que los segundos reconocen haberla usado desde noviembre de 1992.

Y a partir de ahí cambiaron las cosas porque el IMPI nulificó la marca de la Comercializadora y le quitó razón alguna a los inicialmente quejosos. Los de la megacadena de farmacias procuraron amparos a la determinación del Instituto que fueron negados. Reviraron con solicitud de revisión ante tribunales colegiados y es muy probable que en estas semanas, cuando no incluso días, se conozca que la revisión no les favorece. Si fuera el caso toda esa enorme puerta de una demanda por daños y perjuicios con fundamento en el artículo 221 bis de la Ley de Propiedad Industrial estaría abierta para ser utilizada y de manera "cordial" los futuros demandantes creen que en nueve años de usar ilegítimamente la marca los de Comercializadora deberían pagarles algo así como 20 mil millones de pesos. Recuerde que la sanción por haber violado la ley no puede ser menor a 40% de las ventas obtenidas durante el periodo de uso ilegal de la marca.

Nada más y nada menos.