Opinion

Un grupo especial de ministerios públicos y agentes judiciales de la PGR investigan en Tabasco al empresario Alvaro Domínguez y su Grupo Empresarial Diamante, el cual se encuentra asegurado por autoridades judiciales, además de que las cuentas bancarias le han sido congeladas. A este empresario se le vincula con Cabal Peniche, con quien se inició en los negocios y después de una supuesta ruptura que lo llevó hasta a la prisión a Alvaro Domínguez de la Huerta, ambos empresarios volvieron a las andadas y hace poco tiempo Cabal le vendió, a distancia, algunas propiedades para que amplíe su industria bananera. Otro de los empresarios investigados es Rodolfo Reyes Méndez. De acuerdo con la acusación que investiga la PGR, Carlos Cabal Peniche también perjudicó a miles de productores de copra de Tabasco, a quienes despojó de la fábrica de aceites y derivados de coco Oleaginosas del Sureste S. A. (OSSA), empresa que adquirió posteriormente Reyes Méndez y que ahora está sujeta a investigación por los fiscales de la Procuraduría. Cabal también se apoderó de Transportes de Aceites y Derivados del Sureste, empresa que después fue transferida al Grupo Livorno, al Grupo Aceitero Mexicano, a Intermex Exportadora y a Grupo Almacenador Mexicano, en donde tenía acciones Reyes Méndez, según el expediente abierto en la PGR.

Pero en estas intensas investigaciones que la Procuraduría lleva a cabo antes de que el ex banquero sea traído a México procedente de Australia, se ha encontrado con varios obstáculos para integrar la nueva averiguación previa y consignarla ante un juez federal. Resulta que en la búsqueda de información financiera sobre los enormes flujos de efectivo que esos dos ex socios de Cabal han introducido en los circuitos financieros de México, el Ministerio Público solicitó oficialmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre las cuentas bancarias de Alvaro Domínguez de la Huerta y Rodolfo Reyes Méndez, pero hasta ahora la CNBV se ha negado a entregar la documentación respectiva bajo el argumento del "secreto bancario", a pesar de que se trata de un asunto judicial que busca desenmascarar supuesto "dinero sucio".

La presión de la PGR a la CNBV para que ésta deje a un lado sus intereses particulares y atienda una petición judicial, llegó a tal grado que el presidente de la Comisión, Eduardo Fernández, recibió un apercibimiento judicial para que entregue la información solicitada sobre ciertas cuentas bancarias o, de lo contrario, será arrestado por negarse a cumplir una orden judicial.

Pero hasta ahora ni la presión ejercida por la PGR ha doblegado la posición del poderoso presidente de la CNBV, quien desafiante ya ni asiste a las reuniones de gabinete a donde se presenta el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar. Pero más que un acto de desprecio y de soberbia, como creen algunos funcionarios de la PGR, Eduardo Fernández ya no sale de sus oficinas de Insurgentes Sur por temor a ser detenido por no cumplir con una orden judicial.

En la última reunión a puerta cerrada que mantuvo Vicente Corta, el secretario técnico del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), con diputados de PRI, PAN, PRD, PT y PVEM, los legisladores cándidamente preguntaban una vez más a quién se debe hacer responsable de los ilícitos, fraudes y quebrantos que han dejado al país con una carga fiscal que ya equivale al 20% del Producto Interno Bruto (PIB). Casi musitando, Corta respondió a los legisladores que "las instituciones", a través de las cuales se intermediaron millonarios recursos para todo tipo de causas "justas", desde apoyos políticos hasta esquemas de autofinanciamiento para los pobres banqueros, quienes simple y llanamente "desaparecieron", según Corta.

Sin embargo, en un acto de buena fe, Corta aseguró a los representantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda que siempre sí se van a investigar los supuestos fraudes cometidos en la cartera por 6 mil millones de pesos que el canadiense Michael Mackey ubicó como créditos irregulares. Así, en unos días, el joven funcionario prometió a los legisladores que, finalmente y sin tanto lío, se dará a conocer todo tipo de detalles sobre las condiciones bajo las cuales se otorgaron estos financiamientos, así como los beneficiarios directos. Bueno, tan complaciente se mostró el funcionario del IPAB que hasta prometió indagar sobre un crédito por 5 millones de dólares que el ex presidente de Banco Unión, Carlos Cabal Peniche, otorgó al Partido de la Revolución Institucional (PRI) y que, casualmente, aparece en la lista de créditos fraudulentos descubiertos por el auditor canadiense Mackey.

Cuando en la reunión a puerta cerrada la diputada del PRD, Dolores Padierna, interrogó a Corta sobre ese préstamo de 5 millones de dólares al PRI para financiar sus campañas políticas, el funcionario del IPAB pasó del susto a una cara de preocupación que, titubeante, quiso ocultar bajo la explicación de que no había revisado el disquete que le entregó el auditor Mackey, en donde se revela ese "donativo" al partido oficial.

El difícil encuentro con legisladores terminó y Vicente Corta se quedó con una gran preocupación: ¿cómo explicará el destino de esos millones de dólares canalizados al PRI, sin abrir el expediente de los fideicomisos que las autoridades financieras del gobierno federal se niegan a entregar al Congreso de la Unión?

Así, Rocha Díaz no sólo le ha prometido a la Secretaría de Hacienda que esta iniciativa obtendrá la aprobación de todos los partidos, sino que se dedica a promover, como el mejor de los expertos en cabildeo, las bondades de esta nueva legislación, tanto para abogados como para los banqueros. ¿Quién se preocupa por las empresas? Carlos Noriega, funcionario de Hacienda, reconoció ante los abogados de la Barra que en los juzgados concursales del país "sólo" se registran 300 casos de suspensión de pagos o quiebras, lo que revela que esta legislación no representa los intereses de la mayoría y por lo tanto no es tan relevante como dicen. Entonces, ¿por qué tanto interés en su abolición?

1. Fuerte enojo que terminó en berrinche hizo don Arsenio Farell Cubillas, quien desde su fuerte posición como secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) solicitó a la Procuraduría General de la República que abriera las bodegas que guardan los bienes asegurados a narcotraficantes y le entregaran de allí un automóvil Mercedes Benz blindado, pues en este último año de gobierno podría incrementarse la violencia política motivada por la sucesión presidencial, sin descontar la violencia permanente a la que se enfrenta el capitalino común y corriente. Solícita y eficiente como es, sobre todo en cuestiones administrativas, la PGR eligió de inmediato un flamante automóvil Mercedes Benz, blindado contra todo tipo de arma de fuego. El problema fue que el lujoso vehículo seleccionado especialmente para el secretario de Estado, era un "viejo" modelo 1995 y como don Arsenio está acostumbrado a viajar sólo en automóviles último modelo, pues éste protestó enérgicamente, pero la PGR, a pesar de la eficiencia que la caracteriza, no pudo calmar el berrinche de Farell, porque simplemente en los últimos meses no han asegurado vehículos de modelos recientes. Como sugerencia al funcionario responsable de vigilar el comportamiento de los servidores públicos, se le recomienda tomar un buen té de indio, dicen que ayuda pa' los corajes.

2. La investigación que por irregularidades y fraudes cometidos en el INEGI es realizada por la PGR, ha acusado dimes y diretes entre ambas dependencias del gobierno federal. Resulta que a finales de 1997, el INEGI, a cargo entonces de Carlos Jarque, presentó una denuncia penal por fraude y otros delitos en contra de funcionarios de la Dirección General de Cartografía Catastral, y dos años después la PGR no ha concluido la integración de la averiguación previa ni la ha consignado ante un juez federal. El motivo, según dijeron en la Subprocuraduría "A", cuyo responsable es Everardo Moreno, es que el INEGI presentó la acusación pero se negó a entregar las pruebas, sin embargo el coordinador administrativo de dicho instituto, Jorge Ventura, aseguró que ellos entregaron a tiempo toda la información de que disponían y que allí se evidenciaba las irregularidades de los funcionarios corruptos. ¿Quién será entonces el poseedor de tanto poder que impide concluir una acusación de fraude en el INEGI?

3. En estos momentos de contingencia económica por los desastres naturales que arrasaron con pueblos y cientos de vidas en varios estados del país, quizás sería conveniente frenar la adquisición millonaria de 24 helicópteros (36 millones de dólares) que sólo servirán para que don Mariano Herrán Salvatti siga jugando a combatir al narcotráfico.

4. Nuestras condolencias a dos amigos que la semana pasada perdieron a sus padres. Roberto Medrano e Ignacio Morales Lechuga. Correo electrónico: mbc@supernet.com.mx