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Para contrarrestar las protestas por la construcción de la línea 12 del Metro en Tláhuac, el jefe delegacional, Gilberto Ensástiga, y unos 2 mil 500 vecinos y trabajadores de la delegación acudieron al gobierno capitalino en apoyo a la línea dorada.

Recientemente el funcionario ha enviado comunicados donde afirma que maestros de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y habitantes de distintos pueblos de la delegación apoyan la obra que comenzará en julio próximo.

El martes 26 de mayo informó que maestros le entregaron un documento con 200 firmas de apoyo total a la obra.

No obstante, el llamado Frente Rural del Sur en Defensa de la Tierra ha manifestado en repetidas ocasiones su oposición a este proyecto con el argumento de las afectaciones sociales, culturales y ambientales.

Sus integrantes han dicho que “no ha habido diálogo alguno” con la autoridad desde noviembre de 2007 hasta ahora. Su principal argumento es el supuesto despojo de sus tierras donde se prevé pasará la nueva línea.

Por ello, el pasado 21 de mayo sus integrantes levantaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por la “falta de información de los proyectos estratégicos del gobierno, además de la intimidación de que somos objetos por parte del gobierno delegacional”, según consta en el acta.

En el mismo acto de este jueves, Gilberto Ensástiga manifestó su preocupación por la postura asumida en la Asamblea Legislativa para iniciar el debate sobre el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU).

El funcionario perredista aseguró que algunos legisladores pretenden congelar la propuesta, “poniendo por encima intereses políticos” a las necesidades de los habitantes de los 93 asentamientos irregulares existentes en la demarcación.

“Vemos que muchos y muchas diputados, por no señalar a todos, ni siquiera tienen el ánimo de levantar el dedo, no están su asumiendo su responsabilidad”.

Al términar la protesta, el delegado y los vecinos fueron a la sede de la Suprema Corte para apoyar a los amigos y familiares de los presos por el caso de San Juan Ixtayopan. Exigieron que esta institución intervenga en el cierre del expediente del linchamiento a tres policías federales a casi cuatro años de los hechos.