El Vaticano negó hoy que los políticos que votaron en favor del aborto en la ciudad de México y el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, hayan sufrido la pena de excomunión como señalaron versiones de prensa.

Fuentes de la Curia Romana aclararon que el canon 1398 del Código del Derecho Canónico que se refiere a los legrados no es aplicable a los políticos, porque tiene límites y sólo puede normar sobre materias "explícitas y claras".

El vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, subrayó por separado que derivado del pronunciamiento del Vaticano en torno a la ex comunión, la Iglesia en la ciudad de México acata lo que determina la Santa Sede, sin embargo eso no deslinda a los diputados de que cometieron un acto en contra de la vida y avalan los asesinatos al aprobar la despenalización del aborto.

Desde la curia aclararon que el Código del Derecho Canónico es la ley que rige la labor de la Iglesia universal y en la misma sólo aparece un versículo referido al aborto.

El mismo código señala a la letra: "Quien procura un aborto, si éste se cumple, incurre en excomunión latae sententiae".

La excomunión latae sententiae -salida obligada de un fiel del catolicismo al que también se le niega la posibilidad de acceder a los sacramentos- se cumple en el momento, sin necesidad de una declaración pública. "En este caso no aplica la excomunión porque el canon no se refiere a políticos ni legisladores, (y) como no está especificado eso entonces no se aplica, aunque su falta es grave no se puede decir que están excomulgados", indicó la fuente.

Analizan referéndum

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Isidro Cisneros, dijo que el organismo analiza jurídicamente la procedencia de un referéndum sobre las reformas que despenalizan el aborto, a partir de las 36 mil firmas que recibió el viernes pasado de parte de diputados locales.

Cisneros explicó que a pesar de que las reformas a la ley ya son vigentes, la Ley de Participación Ciudadana permite que se pueda analizar y "eventualmente convocar a una consulta ciudadana sobre el particular".

El consejero presidente informó que no hay un plazo fijado por la ley para tomar algún resolutivo. Detalló que cada una de las 36 mil firmas se tienen que cotejar con los listados nominales del Distrito Federal y verificar que las personas efectivamente estén registradas ahí.

"Tendríamos que pedir apoyo al IFE para cotejar las firmas que es un dato electrónico que no contamos con él en el Instituto (sic), pero tenemos convenios de colaboración y en ese marco podríamos concluir en pocas semanas", señaló.