El subprocurador de Procesos Penales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Víctor Antonio Carrancá Bourget, será llamado por diputados de la Comisión de Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que aclare un supuesto abuso de poder y el "monopolio de la acción penal" en torno a por lo menos siete casos relacionados con una firma de abogados donde al parecer, el funcionario tiene intereses particulares.

Lo anterior, derivado de una "asociación litigosa" entre Carrancá Bourget y el despacho Araujo y Araujo mediante la escritura pública 57547 que fue expuesta en un documento por Genaro Torres Álvarez, quien por casi dos años estuvo preso en el Reclusorio Varonil Norte acusado de los delitos de fraude y falsificación de documentos y que hace dos meses fue exonerado por falta de elementos.

"El subprocurador de Procesos, Víctor Antonio Carrancá Bourget, con ayuda de socios y colaboradores, utilizando su cargo, ha litigado en favor de intereses particulares diversos asuntos, ejercitando acción penal en contra de inocentes, protegiendo a los verdaderos responsables de delitos, violando garantías constitucionales y derechos humanos de los ciudadanos...", dice el documento, donde se relaciona también al coordinador de agentes del Ministerio Público Auxiliares, Alejandro Robledo Carretero y al fiscal de Procesos en el Reclusorio Sur, Roberto Tomás Ibinarriaga Rivapalacio con los litigantes Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Carlos Riquelme y Benjamín Albores Manzo.

"Existe una asociación litigosa comprobable con la escritura pública 57547 entre los abogados... quienes desde dentro y fuera de la Procuraduría, unos como servidores públicos y otros como aparentes litigantes independientes, actúan defendiendo los mismos intereses, con el fin de congelar denuncias en contra de sus clientes para que no se ejercite la acción penal; por otra parte, las denuncias infundadas de sus clientes prosperan rápidamente, subsanando la falta de pruebas con una siembra de evidencias en las que participan agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y policías judiciales", dice el texto compuesto por cinco hojas tamaño oficio.

Los casos

Torres Álvarez asegura que detrás de cada litigio existe un asunto donde se pelean cantidades fuertes de dinero y que existen decenas de afectados que están dispuestos a declarar en el mismo sentido, por lo que no acepta las "impresiones" del titular de la PGJDF, Bernardo Bátiz que exoneran al funcionario "sin investigarlo".

Entre los quejosos están Federico Acosta Sierra, quien denunció al presidente del Banco Bilbao Vizcaya, José Madariaga Lomelín, por violación al secreto bancario; Alfonso W. Von Boheim, que representa cerca de 100 trabajadores de Pemex y el mismo Genaro Torres, todos litigando contra personas o empresas defendidas por el despacho antes citado.

El documento concluye: "Las quejas en contra de Víctor Antonio Carrancá Bourget abundan y no alcanzaría el tiempo para detallar cada una de ellas; han sido presentadas ante órganos jurisdiccionales y de derechos humanos. En la Asamblea Legislativa han coincidido personas que han sido afectadas... que no son escuchadas por el procurador Bernardo Bátiz".