El subsecretario de Gobierno de la ciudad, Francisco Garduño, declaró que el bando 13 no pretende impedir ni reglamentar las marchas que se realicen en la ciudad de México, sino tener un sustento legal para impedir los bloqueos.

En este sentido, explicó que cualquier manifestación pública de un grupo social significa una salida de presión, que si se cancela, puede tornarse en un foco de tensión.

Luchador social por muchos años, Francisco Garduño sostuvo que la libertad de manifestación permite a la sociedad expresar sus quejas y demandas.

Y aunque los grupos sociales organizados abusen de esta libertad constitucional, el costo económico global de sus taponamientos y marchas es infinitamente menos costoso que una revuelta popular.

El funcionario sostuvo que este tipo de manifestaciones funcionan como la salida de presión de una olla de vapor, por lo cual si se impide esta salida, existe un alto riesgo de explosión.

Contenido del Bando

El Bando número 13, fue dado a concer por Andrés Manuel López Obrador el pasado 19 de diciembre. Su contenido señalaba que de aprobarse sus siete lineamientos, no se permitirán bloqueos de avenidas o vialidades primarias, porque desquician el tránsito, elevan la contaminación y afecta el libre tránsito deterceros.

El gobierno se compromete a buscar un acuerdo con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, para utilizar parte del tiempo oficial en la difusión de las necesidades económicas, políticas y sociales, o por incumplimiento o abusos de autoridad que tengan los diversos grupos de manifestantes.

También tratará de establecer un acuerdo con la Cámara de Diputados y los dueños de diversos medios informativos, para que esas quejas o propuestas se difundan sin censura ni cortapisas, a través del canal de televisión del Congreso o de los medios electrónicos, así como la prensa escrita.

López Obrador explicó en esa ocasión que no se busca prohibir el derecho constitucional a la libertad de expresión, sino atender anticipadamente los problemas, peticiones, quejas y propuestas de los habitantes del Distrito Federal, para evitar que estallen y se conviertan en conflictos que muchas veces no competen a la ciudad.

Destacó también una estrecha coordinación con el gobierno federal, para atender las demandas del resto del país, en las entidades federativas a fin de evitar que los manifestantes se trasladen al Distrito Federal para resolver sus peticiones o necesidades.

Quienes se congreguen en plazas públicas, serán objeto de atención inmediata, con escrupuloso respeto a sus derechos humanos.

Tres personajes de reconocido prestigio y de inobjetable vocación democrática, indica el Bando, serán los responsables de organizar el proceso de consulta de enero, y de elegir a las empresas que practicarán el estudio de opinión pública: Rosario Ibarra de Piedra, Ángeles Mastreta y Luis Rubio, quienes aceptaron la propuesta gubernamental.

Precisa que los resultados se darán a conocer, a más tardar, el 5 de febrero del 2001.

A la luz de este documento, Garduño reiteró que en toda sociedad democrática, los organismos y grupos sociales requieren mecanismos de expresión y formas de representación que despresuricen las tensiones sociales.

Entonces, el objetivo de este bando es dar salida también a las expresiones de otros grupos que se sienten desatendidos y que también tienen el derecho de disentir con esas formas de expresión, como son los bloqueos y el cierre de vialidades, concluyó.